Opinión


La libertad de expresión en tiempos de redes sociales

La libertad de expresión en tiempos de redes sociales | La Crónica de Hoy

La campaña por la reelección del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó con una fuerte polémica. Ante una petición del equipo de campaña del demócrata y ex Vicepresidente, Joe Biden, las plataformas Facebook, YouTube y Twitter se negaron a retirar un video en el que se acusa a Biden de ofrecer dinero al gobierno de Ucrania para detener una investigación contra una empresa que supuestamente tiene que ver con su hijo, Hunter Biden. La campaña de Trump inició con la difusión de una noticia falsa en contra de quien pudiera ser el contendiente demócrata más fuerte.

A su vez, en septiembre pasado, Facebook anunció que no sometería el discurso de los políticos al procedimiento de verificación que tiene la plataforma. El anuncio fue hecho por el vicepresidente de relaciones globales y comunicaciones, Nick Clegg, quien fuera un político británico, Viceprimer Ministro de 2010 a 2015. Clegg manifestó que Facebook, como una empresa privada de tecnología, no quería ser árbitro dentro del debate político. A través de la analogía de una cancha de tenis, dijo que a Facebook le correspondía garantizar que la cancha estuviera lista, pero que la manera de jugar, corresponde a los propios actores (aquí el discurso completo: shorturl.at/kxF68).

El 23 de octubre, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió esta política. Zuckerberg señaló que la decisión de la compañía se basa en la libertad de expresión y añadió que, en una democracia como la estadounidense, las personas deben conocer, tal cual, lo dicho por los políticos. Sin embargo, en sus comparecencias y en entrevistas, también se le ha cuestionado sobre el modelo de negocio de la compañía. Zuckerberg refiere que se trata de una compañía de tecnología mientras que, en una entrevista, la periodista Kara Swisher la refirió como una compañía que construye una audiencia y la vende, por lo que en realidad se trata de un medio de comunicación.

En contraste con Facebook, el 30 de octubre pasado, el Director de Twitter, Jack Dorsey, anunció que, a partir del 22 de noviembre, la plataforma no difundirá ninguna publicidad política. A través de la propia red social tuiteó que “el alcance de un mensaje político debe ganarse, no comprarse”. La prohibición será para los contenidos pagados, no así para los mensajes de los usuarios; será el 15 de noviembre cuando se detalle la nueva política.

Las decisiones de ambas compañías se dan, no solo en el marco de las campañas por la presidencia de Estados Unidos, sino en el eco que resuena del debate público respecto al papel que éstas han tenido en diversos procesos como las elecciones de 2016 en ese país y en el proceso del Brexit en el Reino Unido. De acuerdo con Pew Research Center (aquí se puede revisar: shorturl.at/ixLST), 7 de cada 10 adultos en Estados Unidos, utiliza Facebook y, poco más de 2 de cada 10, Twitter. Asimismo, 74% de los adultos usuarios de Facebook visita la plataforma al menos una vez al día y 43% lee las noticias en dicha red social.

Las decisiones de estas dos plataformas han sido recibidas de manera particular por los diversos actores en Estados Unidos. La de Facebook fue aplaudida por varios congresistas republicanos resaltando el apego de ésta a la protección de la libertad de expresión contenida en la Primera Enmienda de la Constitución de aquel país. En el mismo sentido, el jefe de campaña de Donald Trump, Brad Parscale, manifestó que la determinación de Twitter es otro intento de la izquierda para silenciar al Presidente y a los conservadores.

El debate respecto a la restricción del contenido del discurso político, la libertad de expresión y el impacto de las campañas sucias, ahora las fake news, en el electorado, no es algo nuevo. No es que las noticias falsas sean siempre campañas negativas, pero, al menos el video de la campaña de Trump contra Biden, sí lo es. Desde la academia se han definido dos tipos de efecto dentro de los que se pueden evaluar las campañas negativas: los efectos directos y las consecuencias sistémicas. Los primeros se refieren a los efectos sobre los candidatos, emisor y/o receptor. Los segundos, a la desmotivación de los individuos para acudir a las urnas o su impacto en relación con la insatisfacción con el sistema democrático.

Por lo tanto, si el ataque como estrategia de campaña tiene un impacto en el electorado, ahí el asidero para cuestionar si el contenido de los mensajes políticos debe ser regulado por el Estado o no. Los estudios referidos arriba, toman como base la propaganda política a través de los medios de comunicación convencionales, televisión, radio y prensa escrita. Sin embargo, las redes sociales abren un abanico de nuevas hipótesis.

Tanto Facebook como Twitter, contrario a lo dicho por Zuckerberg, son medios a través de los cuales, las personas se informan. Para ello, una persona puede elegir a quiénes o qué páginas seguir, con quién compartir y puede dar clic en las notas que quiera leer. Hasta ahí son tanto como cuando una persona ve un noticiero sabiendo que, dependiendo la televisora, habrá afinidad por alguna ideología en particular. O, tal vez, como cuando las personas leen el periódico a través de internet, conscientes o no de que la línea editorial del mismo es afín a sus creencias.

La situación es que, lejos del alcance de los medios de comunicación tradicionales, a través de algoritmos, parte fundamental de su modelo de negocio, las redes sociales van “entendiendo” a la persona, la encuadran dentro de un perfil y se genera un microsistema de preferencias que la persona puede llegar a proyectar como el ecosistema. Hasta aquí podría no haber un problema e incluso podría tratarse de un servicio dado que la plataforma brinda una serie de atajos dentro del proceso de selección de un usuario. El problema está cuando los emisores de los mensajes políticos, con un impacto social, logran entender los algoritmos y pueden propagar noticias falsas o mensajes negativos y cuando, dichos mensajes políticos, sistematizados, son en realidad campañas publicitarias pagadas.

En México, la discusión sobre el contenido de los mensajes políticos no ha sido menor. Hoy, hay toda una polémica porque el gobierno federal acusa al hijo del ex Presidente Calderón, a Aurelio Nuño y al diputado del PAN, Romero Hicks, de financiar una estrategia publicitaria en Twitter para desprestigiar al Presidente.

Incluso, años atrás, la conclusión de las elecciones presidenciales de 2006 derivó en una batalla legislativa para modificar la Constitución. Como parte del argumento de un posible fraude, el entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la campaña negativa, abanderada por el PAN y el Consejo Coordinador Empresarial, había influido en la decisión del electorado al presentarlo constantemente en los medios como “un peligro para México”. A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) refrendó la decisión del IFE en cuanto a la victoria de Felipe Calderón, poco tiempo después de los comicios, la legislación electoral mexicana sufrió un cambio importante.

De acuerdo con la exposición de motivos, era necesario regular dos problemas que afectaron las elecciones presidenciales de 2006: por un lado, la restricción de la compra-venta de espacio y tiempo en medios de comunicación por parte de los partidos y particulares y, por el otro, la regulación del contenido de las campañas publicitarias de los partidos, coaliciones y candidatos. Sin embargo, inmediatamente después de la aprobación de la nueva ley electoral, un grupo de intelectuales interpuso un amparo. El argumento principal de éste fue que la reforma al artículo 41 constitucional violó la libertad de expresión. En contraste, quienes estuvieron en favor de la reforma, consideraron que las campañas de ataque “distorsionaron” la información, tomando en cuenta que la radio y la televisión eran la vía a través de la cual las personas entendían su entorno político.

Ya en el caso particular de las redes sociales, la Sala Superior del TEPJF ha tomado diversas determinaciones en relación con la libertad de expresión. En junio de 2016 aprobó la jurisprudencia 18/2016, a través de la cual estableció que “las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión” por lo que la expresión política de uno de sus usuarios, “es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo”, propio de las redes sociales. En el mismo sentido, a través de la jurisprudencia 19/2016, grosso modo determinó que, en caso de que se adopten medidas que impacten en las redes sociales, siempre “se deberá observar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión”.

No obstante la concepción garantista de las redes sociales, la Sala Superior también determinó que mensajes sistemáticos de personas famosas en un mismo sentido, podrían vulnerar alguna disposición legal. A través de la tesis LXVIII/2016 determinó que la autoridad debe valorar si un mismo mensaje posteado por actores famosos en redes sociales, no es en realidad un beneficio para algún candidato o partido político a través de estrategias de propaganda electoral. Es decir, el TEPJF facultó al INE para que, en su caso, pueda intervenir cuando un mensaje político en redes sociales, con un patrón específico, dé indicios de que se trata de un contenido pagado en favor de alguno de los contendientes políticos.

Por lo tanto, primero se debe definir la naturaleza de las redes sociales dentro del escenario político. Las redes sociales son un medio, no solo una plataforma, las personas se informan, tienen acceso prácticamente permanente y en cualquier lugar. A través del uso de las mismas, los grupos de usuarios se convierten en audiencias que se vuelven parte fundamental del modelo de negocio. De ahí que, más allá de pedir a Facebook y Twitter que armen un ejército de sabuesos cibernéticos a la caza de noticias falsas que deben ser eliminadas, las compañías deben implementar mecanismos que impidan que el contenido pagado por los propios jugadores, se valga de los algoritmos utilizados para establecer una estrategia propagandística que altere la equidad en una contienda.

No basta con que las redes sociales sean una cancha de tenis lista para un partido si uno de los contrincantes le paga al dueño de la cancha para que, en apariencia para los espectadores, incline la cancha a su favor. Por supuesto que las expresiones políticas deben prevalecer con total libertad en las redes sociales como parte del debate público, pero un negocio no debe estar por encima de que un discurso político particular, como estrategia publicitaria pagada, tenga un nivel de resonancia con efectos públicos y sociales.

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