Opinión


La lucha por la inclusión

La lucha por la inclusión | La Crónica de Hoy

Vivir con discapacidad es un reto enorme que día a día tienen que sortear medio millón de personas en la Ciudad de México. La carencia de una cultura de inclusión y respeto exacerba esta situación e impide que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en un entorno social adecuado, dentro y fuera del hogar.

La discapacidad más común es la motriz, que afecta a prácticamente tres de cada cinco personas, de acuerdo con estadísticas del Inegi, institución que realizó su último censo hace casi un lustro, en 2014.

En ese año, el Inegi contabilizó 483 mil 45 personas con discapacidad en la Ciudad de México. Éste, al ser el dato oficial más reciente, nos sirve para ejemplificar una de las problemáticas que enfrenta este sector de la población, ya que si no tenemos claridad sobre cuántas personas con discapacidad viven en la capital del país, ¿cómo podemos apoyarlas a ejercer el pleno goce de sus derechos?

También es importante resaltar que en tres de cada cada cuatro casos, la discapacidad es resultado de un accidente, enfermedad o la edad. Es decir, adquirieron esa condición a lo largo de su vida.

De hecho, el común denominador de las personas con discapacidad parece ser la frecuente dificultad para ejercer con plenitud el goce de todos sus derechos, resultado de múltiples factores, como la discriminación social, cultural, laboral, económica e incluso institucional.

Ante esta situación, desde la coordinación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, presenté una iniciativa para que la ley sea un instrumento normativo progresista, funcional e incluyente que erradique la discriminación de éste –y cualquier otro– sector de la población.

La legislación actual es enunciativa y no garantiza el pleno acceso a los derechos a personas con discapacidad, por lo que el objetivo de mi iniciativa es garantizar que la construcción de leyes sea armónica y socialmente responsable, que sirva como cimiento para que el diseño del espacio público sea accesible para todas las y los ciudadanos que residen en la capital del país.

Debemos asegurarnos que el Estado cumpla con la responsabilidad de hacer posible el libre ejercicio de los derechos para todas y todos, porque como bien lo señala la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un problema de desarrollo económico, debido a que tiene un vínculo bidireccional con la pobreza. Las personas con discapacidad y sus familias tienen más probabilidades de experimentar desventajas económicas y sociales, y tienen mayores probabilidades de caer en la pobreza por la falta de oportunidad de empleo, rezago educativo y su limitación en el acceso a servicios públicos, además de presentar un  mayor gasto para su atención personal y médica.

Adecuar los términos de nuestras leyes, códigos y reglamentos locales abonará a la construcción de un sistema de gobierno, político y social, más certero y viable en su funcionamiento, entendimiento y adaptabilidad para futuras generaciones.

Por ello, aprobar una norma que garantice el pleno desarrollo de las personas con discapacidad desde una perspectiva garantista de los derechos humanos, y que elimine criterios discriminatorios, limitados y restrictivos en el ejercicio de los derechos, tal y como ocurre con nuestra legislación vigente, es el camino que debemos seguir.

Una vez aprobada, sólo faltará la participación ciudadana, la cual tiene la responsabilidad y el enorme poder de hacerla incluyente. Ser empáticos y solidarios con nuestro entorno, puede hacer que mediante pequeñas acciones signifiquemos un gran cambio en la vida de las personas con discapacidad.

#TrabajoPorTi

 

*Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Twitter: @CamachoCirce

Facebook: CamachoCirce

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