El día 12 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil; de acuerdo con la ONU, en todo el mundo, una de cada 10 niñas o niños se encuentran en situación de trabajo infantil. En México, el último dato disponible proviene del Módulo de Trabajo Infantil, que bienalmente levantaba el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero cuya última edición fue suspendida debido a recortes presupuestales a la institución, como parte de la llamada política de austeridad impulsada por la presente administración y respaldada en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, por la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión.

De esta forma, los datos del 2017 indicaban que en México había al menos 2.12 millones de niñas, niños y adolescentes, entre los 5 y los 17 años de edad que no se encontraban matriculados en ningún grado de la educación formal del sistema educativo nacional.

Del total de quienes no asistían a la escuela, la razón declarada al INEGI fue: en 255,812 casos, porque trabajan; 111,306 porque tenían que realizar trabajo doméstico no remunerado; 109,547 no asistían por inseguridad, discriminación y distancia de la escuela; 897,047 no cumplían con los requisitos de las escuelas o “no tenían interés” para ingresar a la escuela; 291,936 no asistía por accidente, discapacidad o enfermedad; 183,912 no asistía por embarazo, matrimonio o unión en pareja; y 152,241 esgrimieron otra razón.

Como se observa, ninguna de las razones que capta el INEGI a través de su encuesta pueden ser consideradas auténticamente válidas, quizá con la salvedad de alguna discapacidad severa que impida definitivamente la matriculación en el sistema educativo regular. El resto, son en realidad razones cuya resolución dependen del conjunto de la efectividad del conjunto de las políticas sociales que el Estado mexicano está obligado a diseñar e implementar para garantizar plena y universalmente los derechos de la niñez mexicana.

Por otro lado, el INEGI documentó en 2017 que había 2.31 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajaban; y de ellos, únicamente 242,981 lo hacían en ocupaciones permitidas por la Ley. El resto, 2.069 millones laboraban en ocupaciones no permitidas. De esa suma, 801,890 laboraban en actividades prohibidas para su edad; y 1.26 millones lo hacía en ocupaciones peligrosas para su edad.

Debe destacarse que en la estimación que hace el INEGI, hay una segunda medida a la cual le denominan, “medición amplia”, y en la cual el registro de niñas, niños y adolescentes que trabajan crece a 3.24 millones.

Estos datos deben permitir poner en contexto la situación previsible para la etapa “post-COVID19”, pues lo esperable es que, ante la pérdida de empleos y patrimonio de millones de familias, se busquen compensar los ingresos mediante la incorporación de niñas, niños y adolescentes a actividades productivas, remuneradas o no remuneradas.

Desde esta perspectiva, es urgente que la Secretaría del Trabajo disponga de las herramientas y capacidades técnico-operativas para supervisar, desincentivar y sancionar el uso indebido de la mano de obra de niñas, niños y adolescentes, y asumir a esta agenda como una auténtica prioridad en la dependencia.

Por otro lado, es urgente que la política de garantía y protección de los derechos de la niñez, que debe ser articulada por el SIPINNA, de la Secretaría de Gobernación, se encuentre ya en franco diálogo con los gobiernos de los estados y de los municipios, a fin de evitar que luego de la pandemia del COVID, se genere una nueva ola expansiva de incorporación de niñas y niños al ámbito laboral; esto implica trabajar arduamente con la SEP para evitar la deserción escolar.

El panorama es desesperanzador; y por ello, lo exigible al Gobierno de la República es que no pierda ni un minuto más en agendas estériles, y concentre los magros recursos de que dispone, para atender lo que es auténticamente urgente y relevante, porque se trata nada menos de su mandato constitucional.

Investigador del PUED-UNAM

www.mexicosocial.org