Las autoridades de Honduras confirmaron este domingo el asesinato del ambientalista Milgen Soto, reportado como desaparecido desde el lunes cuando se disponía a participar en una marcha en defensa del bosque.

El cuerpo de Soto, de la etnia tolupán, fue hallado este sábado en una fosa clandestina en la comunidad de Locomapa, a más de 300 kilómetros al norte de Tegucigalpa. El líder indígena, de 29 años, había sido reportado como desaparecido desde el lunes cuando iba hacia el campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán.

Contra empresa maderera. Soto era miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una ONG defensora de derechos humanos y según organizaciones ambientalistas fue asesinado por liderar una lucha contra una empresa maderera que está depredando el bosque en la tribu de San Francisco Locomapa.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos (OACNUDH) condenó la muerte violenta de Soto y expresó su solidaridad a sus familiares, amigos y la comunidad de Locomapa.

Además, instó al gobierno que preside Juan Orlando Hernández a “ejercer la debida diligencia en investigación y sanción a los culpables” de ese asesinato.

El Alto Comisionado, preocupado por el nivel de impunidad ante la ola de crímenes de activistas en Hondura, pidió al gobierno adoptar “una política integral que haga efectiva la protección de defensores y defensoras” de esas garantías.

En febrero pasado, dos indígenas —padre e hijo— defensores de los bosques en Honduras y también miembros de MADJ fueron asesinados en Locomapa. El crimen se consumó pese a que los dos hombres contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerlos de las constantes amenazas que recibían.

Otros tres tolupanes defensores de los bosques en Honduras fueron asesinados en agosto de 2013 también en Locomapa.

Uno de los países más peligrosos. Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y de la tierra, según informes de Amnistía Internacional y la organización no gubernamental Global Witness.