La ONU ve “evidencias creíbles” para responsabilizar al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman (MBS), por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el 2 de octubre de 2018 en la embajada saudí en Estambul. El organismo lo indicó tras publicar un informe resultado de más de seis meses de investigaciones.

El informe, que tiene cien páginas y sigue los trabajos de la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, concluye que el asesinato “fue resultado de un plan elaborado” y “premeditado” bajo la supervisión de altos cargos de la monarquía saudí.

La muerte del periodista “constituye un crimen en el que otros Estados pueden aplicar la jurisdicción internacional, por lo que pido a éstos que tomen las medidas necesarias”, subrayó en el texto la relatora.

También solicita al Consejo de Derechos Humanos o en su defecto al Consejo de Seguridad o al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que abran una investigación más profunda del asesinato.

SANCIONES. En el documento, que la próxima semana será presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos, Callamard pide a la comunidad internacional que aumente las sanciones contra el príncipe saudí y sus propiedades, “hasta que pueda probar que no tiene ninguna responsabilidad".

Además, el informe critica que sanciones como las de Estados Unidos contra 17 altos cargos saudíes, pero no a MBS, son “insuficientes”.

Khashoggi, columnista del diario The ­Washington Post y abiertamente crítico con la monarquía de su país, fue asesinado y descuartizado por agentes saudíes en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, a donde se había dirigido para tramitar su matrimonio. La relatora agregó que ninguna de las “numerosas teorías y alegaciones” generadas por las circunstancias del asesinato “quita responsabilidad a Arabia Saudí”.

LEYES VIOLADAS. Callamard determinó que hubo al menos seis violaciones de la ley internacional, entre ellas detención arbitraria, uso extraterritorial de la fuerza, tortura y desaparición forzada.

Las autoridades saudíes cometieron otras cuatro violaciones cuando asumieron la investigación de los hechos, por la falta de transparencia y de cooperación internacional en un delito transfronterizo o la ausencia de garantías de juicio justo.