Al calor de las peores protestas raciales en Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King en 1968, el presidente Donald Trump ha amenazado con declarar organización terrorista al movimiento Antifa (antifascistas), al que culpa de estar detrás de los disturbios ocurridos desde hace diez días en todo el país por la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de un policía blanco.

El anuncio de Trump saca a la luz una peligrosa anomalía estadunidense. Existe el término terrorismo doméstico, pero no se puede perseguir ni destinar recursos para combatirlo con más eficacia porque, jurídicamente, sólo existe el terrorismo internacional.

La confusión surge de una interpretación fundamentalista de la Primera Enmienda, que dice así: “El Congreso no aprobará leyes que prohíban la libertad de expresión o de prensa, o el derecho de las personas a reunirse”. La ACLU (Unión por las Libertades Civiles de EU) ha llegado a defender los derechos del Ku Klux Klan (al que perteneció el padre de Trump) e incluso del Partido Nazi de EU. Esta terrible anomalía es la que permite la propaganda de odio, que llevó, por ejemplo, a que un supremacista blanco cometiera hace 25 años el peor atentado terrorista de la historia de EU, hasta que ocurrió el 11-S.

El atentado de Oklahoma. El 19 de abril de 1995, Timothy Mcveigh hizo explotar una camioneta con dos mil 200 kilos de explosivos frente a un edificio federal de la ciudad de Oklahoma. El atentado terrorista más sangriento de la historia de EU hasta entonces fue obra de un veterano de la guerra envenenado por la propaganda de grupos de extrema derecha que clamaban venganza contra el gobierno por la masacre de Waco, ocurrida dos años antes.

El atentado de Oklahoma llevó al Congreso de EU a aprobar una nueva ley antiterrorista que ratificó el presidente Bill Clinton. Sin embargo, la nueva ley se centró en aumentar el castigo al condenado por terrorismo —McVeigh fue ejecutado—, pero se olvidó de lo esencial: otorgar más herramientas para investigar a los grupos que fomentan el odio, dentro y fuera de EU, para intentar evitar nuevos ataques. La consecuencia llegó en una fecha que nadie olvidará jamás: el 11 de septiembre de 2001.

La caída de las Torres Gemelas. La imagen de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas de Nueva York, en contraste con la del presidente George W. Bush, con cara de poker tras ser informado mientras leía un cuento a niños, refleja el fiasco de los servicios de inteligencia de la primer potencia, que no vieron venir lo que preparaba Al Qaeda desde una miserable cueva de Afganistán.

El presidente Bush trató de corregir las lagunas de la ley antiterrorista con su polémica Ley Patriótica, que daba licencia a la CIA para torturar a sospechosos de terrorismo y otorgaba ingentes fondos federales para perseguirlos en todo el mundo. Pero, una vez más, la nueva ley se centró en el terrorismo internacional (principalmente yihadista) y se olvidó de elevar a la misma categoría al terrorismo doméstico.

Y, una vez más, el fruto de esta anomalía lo hemos visto todos estos años. El Acta Patriótica de Bush ha evitado nuevos ataques terroristas desde el exterior, pero no el crecimiento exponencial del terrorismo doméstico, ya que nadie investiga y persigue a los grupos que impunemente incitan al odio racial desde las redes.

Patrick Crusius, detenido el 3 de agosto de 2019, tras el tiroteo de El Paso, declaró: “He venido a matar mexicanos, porque nos están invadiendo”, como alertan las webs supremacistas y ha llegado a decir Trump en sus mítines.

México —nacionalidad de 9 de los 22 fallecidos en el tiroteo— logró que la OEA declarase al supremacismo blanco como un movimiento terrorista. A la iniciativa se sumó a regañadientes el gobierno de EU, pero, a la hora de la verdad, no modificó la ley antiterrorista para perseguir con más dureza a las milicias armadas de extrema derecha, así como al racismo en los cuerpos policiales contra los negros. De hecho, el único grupo supremacista que Trump ha incluido en la lista negra del terrorismo tiene su sede en Rusia. Ninguno de los cientos que actúan impunemente en EU está en la lista.

Tras la matanza de El Paso y su conexión con el supremacismo blanco, el entonces jefe del FBI, Brian O´Hare, urgió al Congreso a “considerar el terrorismo doméstico como un crimen federal (al mismo nivel que el terrorismo internacional), para que nuestros agentes y fiscales puedan perseguirlo como las mejores herramientas”. No le hicieron caso.

En febrero de este año, el nuevo director del FBI, Christopher Wray, informó que 2019 fue el año más mortífero debido al terrorismo doméstico desde el atentado de Oklahoma 1995. De los cinco atentados terroristas ocurridos en el año pasado en EU —con un saldo de 39 muertos—, los cinco fueron cometidos por la extrema derecha y destacó la matanza de El Paso contra latinos y el tiroteo en una sinagoga de California, con tres fallecidos.

“La serie de ataques que vimos en 2019 subraya la continua amenaza que representan los extremistas violentos domésticos”, dijo ante el Congreso. No le hicieron caso.

Y así, con esa carga de odio impune, vimos la rodilla del policía blanco asfixiando a un negro de Minneapolis, y el estallido de una rabia acumulada durante demasiado tiempo, y que se seguirá acumulando mientras Trump siga en el poder y cumpla su amenaza de declarar terroristas a los que combaten el verdadero terrorismo en EU: El de extrema derecha.

fransink@outlook.com