Opinión


La otra división de poderes

La otra división de poderes | La Crónica de Hoy

En su origen, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, la idea de contar con una constitución radicaba en proteger a las personas de la acción de los gobiernos. Esto se buscaba mediante dos mecanismos: le declaración de derechos; y la división de poderes.

Las declaraciones de derechos contenían una obligación negativa. Se le decía al gobierno “no confisques bienes”, “no quites la vida”, “no impongas una religión”. Estas abstenciones buscaban mantener alejados a quienes gobernaban, del espacio más íntimo, así como de las acciones que permitían desarrollar una actividad económica.

La división de poderes, tradicionalmente en Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, tenía por fin proteger los derechos ya declarados, debilitando al gobierno mediante su división en ramas que se contrapesaban; así, se evitaría el surgimiento de un poder absoluto.

Como puede observarse, en esta visión el gobierno es visto como peligroso para las personas. Si bien su existencia era inevitable, debía frenarse lo suficiente para que no hiciera daño, o lo hiciera muy poco.

Pero a lo largo del siglo XIX, sucesos tanto en Europa como en América, fueron demostrando que había otros poderes a los que había que tomar en cuenta en el diseño legal. En primer lugar, el religioso, que seguía jugando un papel importante en algunos países, por medio de la educación así como mediante la realización de actos como los matrimonios o el registro de nacimientos.

A la vez, el surgimiento de los monopolios, así como el respaldo de algunos países fuertes a las empresas de su nacionalidad en los conflictos con naciones débiles en ese momento (piense usted en lo sucedido no solo en México, sino también en China) mostraron la necesidad de regular al poder económico.

En el cambio entre los siglos XIX y XX, con el nacimiento de grandes emporios periodísticos, por ejemplo, en Estados Unidos, se fue creando una opinión pública nacional, pero también surgieron grupos que aunaban a la libertad de expresión, el instinto mercantil así como el deseo de influir en la toma de decisiones políticas.

Por eso, en la segunda parte del siglo pasado y en el inicio de este, ha sido claro que la visión que tenía por peligroso al gobierno ha sido, cuando menos, limitada. Aún en la versión liberal, que es la que reconstruyo en este texto (y que no comparto del todo), fue evidente que llevar a sus últimas consecuencias los postulados de su origen, conducía a permitir la explotación de las personas, gracias a la reducción de la relación de trabajo a una mera “mercancía”.

Esto provocó el surgimiento de ideas y partidos vinculados con la lucha de las y los trabajadores.

El poder espiritual no puede negarse, y esto originó distintas soluciones. Algunos países optaron por un laicismo estatal estricto, otros por establecer relaciones mas o menos públicas con las iglesias, con la idea de garantizar, si no la alianza con el poder público, al menos la neutralidad.

La cuestión de los medios se ha tornado más compleja. Esto ya que por un lado la libertad de expresión es absolutamente necesaria para vivir en una democracia de tipo liberal, como la que supone el modelo que aquí abordo; pero por otro lado, la alianza entre las empresas de medios tradicionales y los gobiernos se han presentado en diversos países, con el efecto de la mediatización de la política.

Esto se complica en la actualidad, debido a la existencia de nuevas formas de crear contenidos y difundirlos. Las redes sociales, controladas por empresas mercantiles, permiten a cualquier persona con acceso a internet, participar en la discusión de los temas públicos, sin requerir ni veracidad ni rigor.

Así, la división de poderes clásica, que se pensaba sólo por referencia al poder político del gobierno, se ha repensado frente a la realidad de otros poderes que pueden llegar a tener una fuerza descomunal, y frente a los cuales también debe protegerse a la persona.

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