El pasado 18 de noviembre el presidente en la mañanera expresó que eliminaría toda la subcontratación en el gobierno federal como respuesta a la reacción contra la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo que pretende prohibirla. La Jornada publicó que “una treintena de empresas y personas físicas han suministrado personal al gobierno por un monto de mil 926 millones de pesos, según los contratos que en dos años se registraron en Compranet abiertamente como subcontratación” (19-nov-2020).

En el mensaje de año nuevo, el presidente explicó la estacionalidad del mercado de trabajo, el crecimiento en noviembre y diciembre del empleo por la contratación temporal y la consecuente disminución en enero como un efecto del pernicioso “outsourcing” que practican los empresarios para no pagar el aguinaldo a los trabajadores. Ve la paja del ojo ajeno, pero soslaya la viga en el propio.

Desde hace años, la contratación de prestación de servicios personales subordinados o sometidos a la dirección de una superior -patrón equiparado-, en la administración pública, se lleva a cabo en, por lo menos, cinco formas presupuestales distintas: la salarial, los honorarios asimilados a salarios, los honorarios “independientes”, la contratación de servicios con empresas y la subrogación de servicios. Además, en el salarial hay plazas eventuales y definitivas, entre otras. Soslaya, la viga en el propio.

Estas maneras de organizar el capital humano obedecen a la actividad desarrollada, por ejemplo, los encuestadores o verificadores son empleados por proyecto, es decir, por obra y tiempo determinado con base en contratos semestrales o anuales y los servicios de limpieza, mantenimiento, jardinería, seguridad, consultorías, la capacitación, la reproducción de documentos, entre otros, son tercerizados.

Desde la década de los ochenta, las organizaciones públicas optaron por descentralizar la acción administrativa privilegiando la cooperación con los particulares en lugar de un crecimiento exponencial de las burocracias. La gestión horizontal tiene dos propósitos: aprovechar mejor los recursos presupuestales -reducir el gasto operativo- para destinar más recursos a programas sociales y evitar cuellos de botella que se generan en el verticalismo burocrático.

Hay que señalar que esta estrategia de desarrollo administrativo afectó la membresía de los sindicatos de los servidores públicos por la reducción de las plazas de base en las entidades y dependencias y creó distintas categorías de trabajadores que recibían distintos ingresos y prestaciones por el desempeño de las mismas tareas. Esto es evidente en los trabajadores de seguridad y limpieza, el sueldo y prestaciones de quienes tienen una plaza de base definitiva en la estructura de una organización pública son superiores a los que corresponden a los empleados de las empresas prestadoras de los servicios.

Sin embargo, en el presupuesto 2021, todavía se destinan más de 7 mil millones de pesos a la prestación de servicios (tercerización) y las cantidades en las otras formas de organizar el capital humano también son significativas. ¿De veras el gobierno federal abandonará el esquema de honorarios para la contratación de personal y otorgará una base o plaza definitiva a todas las personas contratadas por este esquema? ¿Ya se hizo el análisis financiero? ¿Qué programa social sería afectado? No hay repuestas claras. No creo que las tengan. Eliminar la subcontratación para crecer el verticalismo burocrático no es la solución al problema del capital humano en la gestión pública, como tampoco es una solución viable la prohibición de la subcontratación.

En razón al principio de anualidad de presupuesto, el gobierno, como patrón equiparado, celebra los contratos de prestación de servicios con vencimiento al 31 de diciembre y “despide” a sus trabajadores, quienes deben esperar a que se inicie el ejercicio del presupuesto para ser recontratados. Si la explicación del presidente sobre la disminución del empleo en diciembre fuera cierta, las entidades públicas contribuyen en una buena proporción al desempleo estacional por la conclusión del año fiscal.

Más grave aún. En ocasiones, muchos trabajadores se ven orillados a seguir prestando sus servicios en la incertidumbre y hasta marzo o abril se les recontrata sin el pago del retroactivo correspondiente. Esta circunstancia la padecen, incluso, mandos medios de la administración pública como son subdirectores y jefes de departamento.

En una declaración del líder de la FSTSE, derivada del anuncio presidencial de noviembre, el sindicalismo demandó la basificación de 500 mil trabajadores eventuales o por honorarios. Este tema no fue abordado en las mañaneras. La paja en el ojo ajeno, la viga en el propio.

Este panorama hace evidente que debe modificarse radicalmente el derecho laboral y de la seguridad social. La prohibición de la subcontratación o las declaraciones contra la terciarización no tendrán ningún efecto en el bienestar de los trabajadores. Hay que pensar diferente y no copiar el pasado autoritario o neoliberal para aumentar el empleo y mejorar de la remuneración y protección social.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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