Han pasado algo más de dos años de una de las imágenes más transcendentes de la historia reciente de América Latina. El entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos se abrazaba con Timochenko, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Con una pluma hecha de balas fundidas, ambos firmaron el acuerdo de paz que ponía fin a una lucha armada que había durado más de medio siglo y había dejado cerca de 200 mil muertos.

Pese a la oposición de los más radicales en Colombia, que denunciaban una cesión del gobierno ante los terroristas, el clima general era de alegría y de esperanza. Esperanza de un futuro de paz en el que la violencia que durante décadas habían encarnado tanto las guerrillas como el narcotráfico quedara completamente erradicado.

Esta ola de optimismo llevó a la otra guerrilla en activo, el Ejército de Liberación Nacional, a solicitar su propio proceso de diálogos de paz. Sin embargo, los escollos eran múltiples. No sólo el camino a la desmilitarización de las FARC —y su posterior reconversión en partido político— era tortuoso, sino que tales pláticas con el ELN quedaron pronto estancadas.

Para colmo, durante 2018 se evidenció que el gobierno de Santos cometió el error de no calcular las consecuencias de que las FARC abandonaran las extensas tierras de cultivos de hoja de coca, que, gracias a sus negocios con los cárteles mexicanos, suponían su principal fuente de ingresos.

La retirada de las FARC atrajo a múltiples grupos armados, que se repartieron —y se pelearon— especialmente por la zona de cultivos de Nariño, la más extensa de Colombia, junto a la frontera con Ecuador. De hecho, uno de los grupos que se demostraron más poderosos a lo largo del año pasado fue el llamado Frente Óliver Sinisterra, que lideraba un joven disidente de las FARC, alias Guacho, que llevó a cabo actos de terror de la magnitud del asesinato de tres periodistas ecuatorianos en abril pasado.

Pese a que Guacho fue finalmente asesinado por el ejército hace poco más de un mes, la presencia de narcotraficantes y organizaciones criminales en la región mantiene aterrorizada a la población.

Las cifras hablan por sí solas y empañan el proceso de paz en el país. Durante 2018, cuando el derechista Iván Duque se estrenó como presidente del país, en Colombia fueron asesinados 172 líderes sociales y activistas, 46 más que en 2017, lo que representa un aumento del 36.5 por ciento en apenas 12 meses.

El defensor del Pueblo colombiano, Carlos Alfonso Negret, declaró que los crímenes “se han materializado ante los ojos de todas las autoridades”, y denunció que el aumento de estos crímenes ha sucedido en paralelo al aumento de la presencia y actividad delictiva del ELN y de los grupos disidentes de las FARC. De hecho, un documento emitido por la entidad asegura que “la mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en zonas abandonadas por las antiguas FARC y donde la presencia del Estado es limitada”.

LA MANO DE DUQUE. La postura del nuevo presidente colombiano ante el ELN, mucho más dura que la de Santos, no sólo dinamitó las negociaciones, sino que ha empujado a la ­guerrilla a incrementar su violencia, como evidencian las cifras. La muestra más clara de ello fue el brutal atentado del pasado 17 de enero contra una escuela de policía en la capital del país, que dejó 21 personas muertas y 68 heridas. Todos los indicios apuntan a que fue obra del ELN. En respuesta, el presidente Duque pidió a la Interpol que arreste a la cúpula negociadora de la guerrilla en Cuba.

Pero el problema no es sólo la guerrilla activa; cinco días antes del atentado, el 12 de enero, Iván Márquez, quien fue número dos de las FARC en su última etapa y jefe negociador con el gobierno en los diálogos de paz de La Habana, Cuba, aseguró en un video que está profundamente decepcionado con los progresos en el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016.

Márquez desapareció del mapa en julio de este año pasado, cuando no asumió el escaño en el Senado que había logrado con el nuevo partido FARC, y según los reportes, se sumó a los grupos disidentes en el Espacio ­Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, en el departamento de Caquetá, en el sur del país.

En el video, Márquez no sólo se mostró “decepcionado” con el gobierno de Duque, sino que llegó a afirmar: “Incurrimos en varios errores, como el de pactar la dejación de armas antes de asegurar el acuerdo de reincorporación política, económica y social de los guerrilleros”.

Quien negoció directamente con el Estado denunció también que en el Congreso colombiano “cambiaron el texto original” del acuerdo de La Habana, en referencia a las modificaciones introducidas después de que fracasara el referéndum para ratificar el primer texto, y subrayó que “el Estado colombiano ha traicionado la paz”.

FUTURO INCIERTO. Es difícil saber si las duras declaraciones del exlíder guerrillero influyeron en la decisión del ELN de lanzar su atentado más mortífero en años, pero parece evidente que retroalimentaron la sensación general de descontento. Si el negociador jefe de las FARC se arrepiente de haber dejado las armas y desertó, ¿por qué el ELN debería hacerlo ahora? Especialmente cuando hay miles de hectáreas de cultivos de hoja de coca disponibles para que el más rápido o el más violento se apropie de ellas.

Es más, la situación todavía puede empeorar. Según reportó el grupo investigador InSight Crime en diciembre, este pasado otoño el ELN se reunió con disidentes de las FARC en Venezuela para formar una alianza delictiva. Ante esta situación, Iván Duque deberá dar un golpe de timón a su gestión para evitar que Colombia pierda la esperanza de lograr forjarse un futuro sin violencia.