Con el lema de “SOS Cuba”, difundido a través de las redes sociales y promovido por conocidos protagonistas del mundo artístico, el domingo pasado se desataron inéditas manifestaciones de protesta en diversas provincias y ciudades de la isla, desde la Habana, hasta Santiago, Camagüey y Matanzas. La simultaneidad de las movilizaciones habla de que la inconformidad social no estalló de la noche a la mañana, sino, como muchos han dicho, se fue incubando a lo largo de la pandemia de Covid-19, que vino a poner en evidencia el deterioro de la economía cubana y, sobre todo, el del sistema de salud que otrora fuera joya de la corona del régimen revolucionario.

Las marchas reclaman vacunas, se quejan por el desabasto de medicamentos y por el alza de precios de los alimentos que son bienes que escasean, mientras los datos de contagios alcanzan cifras récord, llegando a registrarse en un día 6,923 nuevos casos y 47 fallecidos, en un país de poco más de 11 millones de habitantes. Pero, también se movilizan a favor de más libertades; se exige que no se corte el internet y el acceso a las redes sociales para difundir las manifestaciones de disidencia que han quebrado la tradicional unanimidad de Cuba, es decir, esa adhesión controlada al liderazgo heredero de la Revolución, que no deja espacios para que se exprese alguna disidencia. Pero, el presidente Díaz Canel no es Fidel y la época heroica del régimen cerrado de la Revolución ha quedado atrás y hoy las carencias y desigualdades están a flor de piel, acentuadas por los efectos de la pandemia sobre la economía de la isla.

Las manifestaciones surgieron como movilizaciones pacíficas en un contexto en que, en los últimos años se habían venido generando polos de apertura, sobre todo en torno al sector del turismo que se convirtió en la gran fuente de divisas para el gobierno cubano. De hecho, el gobierno de Díaz Canel pretendió recorrer una ruta de liberalización del régimen, aunque limitada, ampliando la red 4G de internet y en 2019, cuando solicitó la asesoría de UNESCO para redactar una ley de transparencia cubana que cumpliera con los más altos estándares internacionales de acceso a la información. En aquel momento, la propuesta gubernamental era avanzar en abrir documentación oficial con la única limitación de proteger la integridad del Estado cubano, pero fue justo ahí donde brotaron las controversias sobre qué debía publicitarse de los documentos de la historia reciente del país que el régimen mantenía como secretos de Estado, justificados por el bloqueo. De hecho, el posible choque entre la apertura de la información pública y la determinación de mantener controles estrechos sobre la libertad de prensa y de expresión, llevaron a abandonar el proyecto.

Frente a los sorpresivos movimientos de protesta, la respuesta del gobierno fue inercial, dando muestras de total insensibilidad y recurriendo a las típicas reacciones de un régimen de vocación unanimista. Por un lado, se echó mano de la fuerza pública y por otro, el presidente Díaz Canel convocó por cadena nacional a los “revolucionarios”, seguidores del régimen, para salir a las calles en contra de las protestas que llamó desestabilizadoras. Imperó la descalificación de las marchas, señaladas como alentadas por el gobierno norteamericano.

Las protestas sorprendieron a todos, pero justamente por ello, se trata de un momento plástico que bien podría aprovecharse para “escuchar el descontento”, como sugirió Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, y no para activar los resortes represivos del régimen, bloqueando las redes sociales y frenando los reportajes periodísticos sobre los sucesos. El endurecimiento ha sido la respuesta; malos augurios.