Diputados ocultos para aprobar un presupuesto sin crítica; un desfile revolucionario de altísima inversión pero casi en la clandestinidad; la designación de una representante de Derechos Humanos por la vía de la violencia; un magistrado detenido por su involucramiento con el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros, no puede menos que confirmar las palabras del escritor Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón”.

López Obrador, con su mayoría morenista, ya tiene el mando del Legislativo, pero avanza rápidamente en el control del Poder Judicial y en la idea de que en breve. la ley y la justicia de México sean sólo producto de “su” razón.

El Presidente se ha impuesto en la designación de dos nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, lo hará en las semanas venideras con el nombramiento de Ministra de la Corte en el lugar que ocupaba Eduardo Medina Mora y en el 2020 con la propuesta del otro espacio de la Corte que quedará acéfalo. Esto garantizará que cualquier amparo, recurso de inconstitucionalidad o procedimiento de queja tenga bajas, si no es que nulas, esperanzas para los demandantes.

Nada nuevo, aunque será peor. En lo que va de su gobierno, un año oficial, la invasión de la Presidencia hacia los otros poderes ha pasado ya por el de la Fiscalía General, la fiscalía Electoral y anticorrupción, los nombramientos, por cierto con perfiles vergonzosos de los miembros de la Comisión Reguladora de Energía, otro tanto con los de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; luego su decisión de desaparición del órgano de Evaluación Educativa, la designación de los consejeros “independientes” de Pemex, los también “autónomos” de la Comisión Federal de Electricidad, las amenazas contra el INE y por supuesto, la sucia “elección” de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por mencionar sólo algunos.

En cada caso, el Presidente ha ganado, pero no ha sido con la razón, sino más por imposición, amenaza y negociación política de Ricardo Monreal y Mario Delgado, sus alfiles en el Poder Legislativo.

La ausencia de justicia en las designaciones, en el equilibrio de poderes, la falta de transparencia en los procedimientos, en las votaciones, las evidentes necedades en la imposición de perfiles y ternas, han dejado al Presidente sin la razón porque se ha llenado de un equipo ineficiente, desacreditado, cuestionado, insuficiente para los retos que se avecinan y, al final, con serios problemas para conciliar, para sumar, para cicatrizar y lo importante, para dar resultados hacia la ciudadanía que lo impulse en la ratificación de votos y mandato.

El Poder Ejecutivo puede siempre justificar errores y deficiencias con “otros datos”, con discursos básicos y narrativas muy cercanas a la gente, como la ya conocida culpa a otros gobiernos o pedir más tiempo para cumplir lo prometido, pero no será así de fácil en el Judicial.

Los números no mienten. En el Poder Judicial del país, por cada 50 posiciones que existen y son pagadas por el erario, apenas 11 tienen relación directa con trabajos de impartición de justicia, el resto son administrativos, encargados, analistas y hasta asistentes personales; de los 11 que sí ejercen, apenas cinco forman parte de la carrera judicial con formación y capacitación reconocida y de esos únicamente dos han pasado por exámenes de oposición y otras pruebas que los colocan en el más alto rango de profesionalización y confianza.

El Presidente y su mayoría se impondrán en la designación de jueces, magistrados, ministros y consejeros, pero va a ser muy difícil que AMLO y sus leales abatan las prácticas que hoy imperan: hoy por hoy, que más del 50 por ciento de los jueces tienen ahí trabajando a familiares; el rezago que alcanza en algunos sitios hasta el 40 por ciento de casos y el involucramiento de personal judicial a todos los niveles con miembros de las mafias, como lo demostró la detención esta semana del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, socio de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ése y no otro es, sin duda, el problema más grande que enfrenta México: la ausencia de justicia y la mala aplicación de la ley es determinante en la consecución de confianza en el Estado, en la seguridad pública, en el combate a la impunidad, en la participación social, en la persecución de los delitos, en la construcción del tejido social, etc.

Y lamentablemente poco podrá avanzarse en este sentido, cuando de entrada los nombramientos y designaciones están plagadas de vicios, donde la invasión del presidente López Obrador en los poderes Judicial y Legislativo, hace honor a la frase de Benito Juárez “A mis enemigos la Ley y la Justicia; a mis amigos, sólo la Justicia”, sólo la que de él emana.

De ahí que es mejor la otra, la frase de Albert Camus: “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”.

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