Opinión


La reforma a la educación superior en proceso

 La reforma a la educación superior en proceso | La Crónica de Hoy

La educación superior debe ser impartida y garantizada por el Estado. Ésta es la premisa fundamental en la reforma de 2019 al artículo 3º Constitucional en este nivel de educación. Además, será obligatoria para el Estado, en específico, las autoridades federal y locales, que deberán establecer políticas para fomentar la inclusión, la permanencia y continuidad, así como gratuidad cuando la imparta directamente.

Estos tres elementos transforman sustancialmente la proyección jurídico-constitucional de la educación superior en nuestro país con base en un modelo ideal, pero, lamentablemente, de difícil realización por las implicaciones financieras, la redistribución del ingreso intergeneracional y el peligro de que los subsidios destinados a este propósito beneficien a grupos de mayores ingresos, con bajo impacto en la superación de la desigualdad social. Esto convierte a la educación en línea, no presencial, bajos costos y alta accesibilidad, en la gran apuesta del milenio.

En la Reforma Educativa, en el artículo sexto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, se ordena la expedición a más tardar en 2020 de las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La legislación secundaria es el marco normativo necesario que establecerá las formas, condiciones, fuente de financiamiento y los procedimientos para facilitar la realización efectiva de los ideales constitucionales y trazará la ruta hacia la cobertura total (cero rechazos) con la gratuidad de los servicios prestados directamente por el Estado.

En este tenor, con base en un estudio del 2015, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) presentó un proyecto de iniciativa de Ley General de Educación Superior a la SEP para su estudio y valoración con base en una agenda elaborada conjuntamente con las autoridades en 2015 y su visión y acción (2018) alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

El Secretario Ejecutivo de la ANUIES, el Maestro Jaime Valls Esponda, marca en su columna quincenal (El Universal) los avances de esta organización pública no gubernamental que afilia a las instituciones de educación superior (IES) públicas y particulares que atienden al 60% de la matrícula nacional y al 90% de la investigación y la situación de la educación superior, haciéndose énfasis en la esencialidad del respeto a la autonomía para efectos de gobierno interno y determinación de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos.

Las cifras del avance de la cobertura son alentadoras. En menos de veinte años se ha crecido en casi el 100 por ciento en matrícula y 85 por ciento en el número de profesores. La atención se reparte entre públicas (64.8 %) y particulares (35.2%) y entre entidades nacionales y estatales, por ejemplo, las 7 universidades públicas nacionales representan el 10% del total y las estatales el 26%.

Estas cifras marcan dos tendencias: mayor participación de los particulares y una profunda descentralización de la educación superior, con un fortalecimiento de las instancias regionales en todos los aspectos. Incluso algunos centros nacionales de investigación se ubican fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

También muestran los retos y carencias. Los primeros están vinculados con la creación de un sistema nacional cohesionado que permita políticas públicas transversales y las segundas son evidentes: la falta de cobertura de un 60% de la población que solicita ingresar a este nivel educativo y la dispersión de programas y diferencias regionales y sectoriales en la calidad de la oferta de servicios.

Ambos aspectos inciden en confirmar que es necesario un cambio profundo al marco normativo que establezca una mayor coordinación entre las IES federales y las estatales y entre estas últimas entre sí. Esto se expuso desde el 2016, lo que está en sintonía con la nueva reforma educativa.

En ese sentido, es significativo que la ley secundaria deba ser, por disposición del constituyente, de naturaleza general y con ello tendrá dos propósitos: distribuir las facultades entre la Federación y los estados y homologar los derechos y obligaciones, así como los lineamientos y las políticas para fomentar la inclusión, la permanencia y continuidad de este tipo de educación.

¿En qué se debe poner énfasis en la nueva legislación para ampliar la cobertura gratuita? ¿En la marginación social, en el rezago educativo, en las fuentes de financiamiento o en la capacidad instalada actual? ¿La educación debe ser, primordialmente, instrumento de: movilidad social, mejora del bienestar social, desarrollo de la ciencia y tecnología o desarrollo integral personal y colectivo? ¿Es válido sacrificar la calidad por la cantidad? ¿Cómo se vincula el aumento de la matrícula con la oferta y demanda de trabajo especializado?

Estas preguntas deben plantearse y discutirse antes de aprobar la mencionada Ley General. El 31 de agosto concluye el plazo de la consulta popular electrónica. Participemos en esa forma o en los foros regionales. No podemos ser indiferentes al futuro de nuestros hijos, que indudablemente, tendrán mejor calidad de vida si concluyen estudios superiores. Serán más plenos y tendrán mayores oportunidades de desarrollo personal. La reforma está todavía en proceso.

 

 

 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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