El pasado 01 de enero entró en vigor la reforma al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que favorece, especialmente, a quienes aportaron a ese Instituto a partir del 1o de julio de 1997 y que cumplirán sesenta años en la próxima década, toda vez que podrán obtener una pensión con 15 años de cotización, 10 menos que la ley reformada. Hay que señalar que las semanas de cotización para acceder a una pensión se incrementarán hasta llegar al equivalente de 20 años en 2031.

Este año, según los cálculos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), serán 20 mil asegurados los que gozarán de este beneficio. En esta tesitura, el Director General del IMSS anunció en la Semana de la Seguridad Social 2021 organizada por el Senado de la República, que al 26 de abril, se había otorgado pensión con 750 semanas de cotización o más a 6,284 personas.

La reforma a las pensiones beneficia a un grupo poblacional y la evidencia de esto son las cifras mencionadas. Los favorecidos son la población económicamente activa asegurada al IMSS que hoy tiene una edad entre 50 y 60 años, pero es un número pequeño si se le compara con la población total de esa edad que en su inmensa mayoría sólo recibirá una pensión para adultos mayores del bienestar a los 65 años.

La reforma, según lo afirman las autoridades, se aplicará a los trabajadores formales que se jubilen bajo la ley 97, es decir, que su pensión esté vinculada con las contribuciones realizadas a su cuenta individual. Sin embargo, conforme a los transitorios de esa ley, el IMSS debe hacer el cálculo que le correspondería bajo la ley de 1973 o 1997 y es derecho del trabajador elegir el régimen que le convenga.

En ese sentido, si una persona que estuvo asegurada se encuentra en situación de baja laboral desde hace tiempo o un asegurado que entra en cesantía cumplen 60 años y cotizaron por los menos 15 años, ambos pueden acudir al IMSS y solicitar la pensión y esperar que se le ponga a su consideración lo que mejor le convenga.

En el supuesto de que conforme a la Ley de 1973, aun teniendo 750 semanas de cotización, y por haber dejado de cotizar no le corresponda pensión a alguien que estuvo asegurado hace años, entonces el IMSS le deberá calcular la pensión con las reglas de la Ley de 1997 y aplicarle los beneficios de la reforma de 2020. Esto es lo correcto jurídicamente aplicando la ley en favor del trabajador. Bajo estas consideraciones, el número de trabajadores beneficiados puede ser mayor al calculado por la CONSAR y a las pensiones otorgadas a la fecha.

Los trabajadores asegurados o que en algún momento de su vida estuvieron asegurados que cumplirán 60 años durante 2021 y que por lo menos aportaron 15 años al IMSS antes o después de la vigencia de la Ley de 1997 son más de veinte mil. Posiblemente la reforma se esté aplicando en forma restrictiva.

Hay que señalar que no hay cifras publicadas por el IMSS respecto al número de probables pensionados en los próximos 10 años conforme a la reforma reciente, ni existe un lineamiento que indique la forma de proceder con los trabajadores que reciban una negativa de pensión conforme a la Ley del 73, que pudieran ser beneficiarios de la Ley de 1997 reformada en 2020.

En las condiciones de restricción de derechos apuntadas, la CONSAR calcula que el costo fiscal en 2021 por los 20 mil trabajadores más el aumento de la pensión mínima garantizada fluctúa entre mil y 1,400 millones de pesos, que representa el 0.005% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 y 2022.

En ese estimado también coincide el Banco de México. Sin embargo, este escenario favorable a las finanzas públicas cambia radicalmente en el mediano y largo plazo. El otorgamiento de pensiones a un mayor número de trabajadores, dada la flexibilización en el requisito de semanas de cotización para obtenerla, dará lugar a un costo fiscal cuyo valor presente se estima en 9.1% del PIB en el periodo 2021 al 2100. La carga presupuestal se transfiere a la generación que hoy tiene entre 20-30 años, ya que en 2045 crecerá el gasto presupuestal destinado a pensiones en forma significativa.

El Banco de México calcula que en los primeros años, bajo un escenario de aumento real del salario, puede haber un beneficio fiscal, lo que permitirá financiar las pensiones de la Ley de 1973, con lo que los otros ganadores son el grupo de pensionados del IMSS e ISSSTE que hoy tiene entre 60 y 80 años de edad. Los beneficios son tangibles para la población asegurada entre nacida antes de 1970. Los costos fiscales futuros están ocultos. La transferencia de recursos entre generaciones es poco visible. El lema es: consuma ahora, pague después.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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