Opinión


La renovación de los Consejeros del INE

La renovación de los Consejeros del INE  | La Crónica de Hoy

Pablo Xavier Becerra Chávez*

En los primeros días de febrero debe iniciar el proceso de nombramiento de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirán a quienes fueron designados en 2014 y que habrán durado en el cargo seis años. Se antoja difícil que se concrete alguna reforma en esta materia antes de ese nombramiento, de tal forma que se puede suponer que se llevará a cabo sobre la base de las reglas aprobadas en 2014 como parte de la reforma electoral de aquel año.

Durante el año pasado se presentaron varias iniciativas de diputados del  partido mayoritario (Morena) sobre el tema del INE y los Organismos Públicos Electorales Locales (los OPLE), pero hasta la fecha ni siquiera se ha formalizado algún dictamen al respecto en el Congreso.

Así, por ejemplo, se presentaron iniciativas para desaparecer a los OPLE y que el INE se encargue totalmente de la organización de las elecciones locales (diputados Sergio Gutiérrez y Pablo Gómez); para desaparecer al Consejo General del INE y que la Junta General se encargue de la dirección del mismo (propuesta del diputado Pablo Gómez, pero que no ha formalizado en alguna iniciativa); para disminuir el tiempo del encargo del Presidente del INE a tres años (en lugar de nueve, como es ahora) y que además sea nombrado siempre por la Cámara de Diputados (diputado Sergio Gutiérrez), y, finalmente, para reducir la edad para aspirar a ser consejero, de 30 a 28 años (también Sergio Gutiérrez).

En unos días, entonces, la Cámara de Diputados publicará la convocatoria para sustituir a Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Enrique Andrade y Benito Nacif. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, ha asegurado que ahora no se aplicarán cuotas de partidos porque ellos “son diferentes”. Los recientes nombramientos de Ministros de la Corte, de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de miembros de algunos órganos reguladores no permiten formarse muchas ilusiones sobre esa “diferencia”, sino más bien confirman que el actual partido gobernante  está dispuesto a controlar todo lo que su mayoría parlamentaria le permita.

Desde la formación del IFE, hace ya casi 30 años, la clave de su autonomía, o falta de ella, ha estado en la integración de su Consejo General. Los Consejeros Magistrados del periodo 1990-1994 eran propuestos por el Presidente de la República, de manera que la formalidad de que su nombramiento fuera por mayoría calificada por la Cámara de Diputados era intrascendente, porque a fin de cuentas eran de la entera confianza presidencial. El cuadro de subordinación al gobierno se completaba con la presencia del Secretario de Gobernación como Presidente del Consejo General (CG).

En 1994 comenzó el cambio porque los Consejeros Ciudadanos ya eran propuestos por los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, lo que dio lugar a la primera aparición de las cuotas partidarias para su nombramiento. Pero el Presidente del CG seguía siendo el Secretario de Gobernación, aunque el hecho de que fuera un constitucionalista honesto y con gran prestigio como Jorge Carpizo ayudó a extraer de esa experiencia la lección de que ya era necesario decirle adiós al representante del Poder Ejecutivo en esa instancia.

En 1996 se dio el salto decisivo. La Cámara de Diputados nombró a ocho Consejeros Electorales y a un Consejero Presidente, a los primeros por cuotas partidarias y al último por consenso entre los principales partidos de la transición (PRI, PAN, PRD y PT). A José Woldenberg le correspondió el honor de presidir ese CG del Instituto Federal Electoral (IFE), que organizó las elecciones de 1997 a 2003. La formación del primer gobierno dividido (1997) y la primera alternancia en la Presidencia de la República (2000) fueron posibles gracias a la autonomía lograda por ese IFE.

Lamentablemente ese consenso no se mantuvo en 2003 y las propuestas del PRD no fueron consideradas, por lo que el nombramiento de los Consejeros que tendrían a su cargo la conducción del IFE en la elección de 2006 contó solamente con los votos de los grupos parlamentarios del PRI, el PAN y el PVEM, lo que agudizó la crisis provocada por la elección tan cerrada de ese año.

La reforma de 2007-2008 y el nuevo nombramiento de Consejeros trataron de reponer el consenso entre los partidos, además de introducir su nombramiento escalonado. Al PRD, impugnador de la elección de 2006, le correspondió proponer al Consejero Presidente y dos consejeros más. Al PRI y al PAN les correspondió proponer tres consejeros cada uno. Con esto se restituyó el modelo inclusivo de cuotas partidarias entre los tres partidos protagonistas de la transición.

La creación del INE en 2014 aumentó a 11 el número de Consejeros, incluyendo al Consejero Presidente, y mantuvo el sistema de cuotas. El problema ahora es que había un nuevo actor que no fue incluido en el reparto de posiciones: Morena. Las designaciones de 2014 y 2017 fueron nuevamente negociadas entre PRI, PAN y PRD, dejando fuera al nuevo partido. En 2014 resultaba lógica su exclusión porque apenas estaba en el proceso de obtener su registro, y en 2017 obtuvo un muy pequeño grupo parlamentario que no le permitió pesar en la designación. Pero en 2018 ese nuevo partido se convirtió en la primera fuerza política y ha logrado formar una coalición parlamentaria que casi controla los dos tercios de la Cámara de Diputados, proporción necesaria para aprobar los nombramientos.

Además de lo anterior, el líder del nuevo partido ganó la Presidencia de la República y guarda un gran resentimiento contra el IFE-INE, al que culpa (con razón o sin ella; ése es otro asunto) de sus derrotas de 2006 y 2012. Con esa combinación de elementos resulta difícil esperar el nombramiento de personas con conocimientos y experiencia en materia electoral que además sean independientes de los partidos políticos y particularmente del partido gobernante. Espero equivocarme.

* Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad ­Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

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