Víctor Alarcón Olguín*

El momento de escribir esta reflexión (10/03/20), se tiene ya disponible el listado final de los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales solicitados por la convocatoria para ocupar uno de los cuatro espacios que deberán renovarse dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La hoja de ruta trazada hará que hasta el momento de su designación por el Pleno de la Cámara de Diputados, a partir de las quintetas que revisará la Junta de Coordinación Política (a menos que no haya consenso, por lo que deberán ser insaculados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), este proceso sea uno caracterizado nuevamente por el alto nivel de especulaciones y expectativas que concita tanto para quienes participan en el mismo, los partidos políticos y la opinión pública. En un primer momento se concentraron en definir a los siete miembros del Comité Técnico Evaluador (CTE), cuyas credenciales fueron sujetas a un fuerte escrutinio (como suele ocurrir en cada convocatoria).

La integración de dicho órgano por parte de la propia Cámara, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para mucha gente no fue la idónea; ya que los elementos de trayectoria y especialización de varios evaluadores/as (pese a su probidad y prestigio público) no muestran de manera suficiente un vínculo de conocimiento y experiencia directa respecto de la operación concreta y diaria del organismo a evaluar.

Al margen de la impugnación legal que se interpuso por parte de tres partidos —Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Acción Nacional (PAN)— en contra de uno de los integrantes del CTE, los trabajos del órgano evaluador fueron instalados y ya fue emitida la metodología evaluativa a ser empleada y que contempla entonces revisar a detalle tanto el CV, el ensayo de reflexión y el examen de conocimientos generales que será aplicado con el apoyo del Coneval, para así integrar un juicio global y depurar el listado de aspirantes, a efecto de definir a las 30 mujeres y 30 hombres que tendrán acceso a la fase de entrevistas directas con el CTE.

Por ello resulta importante considerar que la revisión de los expedientes debido al número de aspirantes existente, desborda de suyo la capacidad natural de atención que puedan darle los miembros del CTE, lo que implica entonces (como ya ha ocurrido anteriormente en los procesos de 2014 y 2017) que se deba recurrir al auxilio de personal de la propia Cámara para realizar dicha lectura, pero donde se corre el riesgo entonces de que dichos filtros sean realizados por personas con conocimientos incluso más bajos o ya orientados por los grupos parlamentarios para “identificar”, ayudar y/o perjudicar a potenciales aspirantes.

El segundo tamiz adicional, como lo serán las entrevistas presenciales, tampoco estará exento de problemas, ya que se vuelve a omitir al escrutinio público su transmisión en tiempo real, bajo el argumento de que no se desea dar “algún tipo de ventaja”. Eso es falaz, porque en todo caso lo idóneo a realizar por parte del CTE sería aplicar las mismas preguntas y comparar así quiénes ofrecieron las mejores respuestas bajo un mismo parámetro de evaluación.

Por otra parte, nadie puede negar que los/las aspirantes con más “posibilidades” de invertir tiempo y recursos están cabildeando desde tiempo atrás por los pasillos del Congreso de la Unión (y sobre todo fuera de ella, a través de encuentros informales y privados), con todo aquel legislador, asesor cameral o dirigente partidista o funcionario de gobierno que pudiera tener injerencia en el proceso. Ni qué decir que el propio CTE será a lo largo de su actividad una instancia muy presionada desde todos los lados del espectro político y público, pero especialmente cuando se tengan que integrar las cuatro quintetas que se le presentarán a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

La naturaleza de la encomienda del CTE es orientar un esfuerzo claramente volcado a privilegiar el componente de habilidad técnica y gerencial que debe estar asociado con la comprensión de que hay un factor de confianza política. En los años recientes, se ha advertido un cambio interesante que es producto de la fuerte profesionalización que una instancia como el INE ha propiciado: cada vez son menos los registros de aspirantes con simples perfiles políticos y/o académicos, lo que es signo de que hay un lento, pero consistente proceso de vinculación efectiva con dicha institución. Por ello es de celebrarse que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Cámara hayan modificado la cláusula de la Convocatoria del proceso, que impedía hasta ahora que integrantes del Servicio Profesional Electoral actuales o que estuvieron en el pasado proceso federal pudieran participar en la contienda.

Sin duda, será muy importante tener una actitud exigente y de escrutinio para que el Comité y los grupos parlamentarios muestren un compromiso contundente por la calidad y contenidos del proceso. Es inevitable que exista politización y partidización porque así está diseñado el modelo. Lo único que se puede hacer por el momento es atemperar sus efectos tanto como sea posible. Eso lo iremos constatando conforme avancen los trabajos del proceso hasta su culminación el próximo siete de abril.

*Profesor-Investigador del Departamento de Sociología de la de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana y expresidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE)

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