Opinión


La revocación del narco

La revocación del narco | La Crónica de Hoy

La hidra de mil cabezas que es el narcotráfico se encargó de revocarle el mandato al presidente López Obrador, mucho antes de lo que tras ardorosas discusiones mezquinas y bizantinas acordó el Legislativo.

En Culiacán, en una tarde de espanto, aquel cáncer inextirpable le arrebató el poder no sólo al Jefe del Ejecutivo federal sino también al gobernador Quirino Ordaz Coppel y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Les dijo, con la contundencia del plomo: “¡Aquí mando yo!”.

El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas no tuvo más remedio que darle la razón al refrán según el cual “gavilán que agarra y suelta no es gavilán”, y dejó ir al retoño de El Chapo, Ovidio Guzmán López, El Ratón.

La pregunta que ahora flota en el ambiente es ¿de qué tamaño iba a ser la respuesta de la mafia, si el Jefe del Estado optó por alzar los brazos, derrotado, antes que propiciar un baño de sangre, con decenas o quizá centenares de muertos?

Porque, si bien sesudos analistas y líderes de opinión sostienen en tono sibilino —para sembrar la cizaña de un supuesto acuerdo entre el gobierno y el Cártel de Sinaloa— que la rendición se produjo cuando la captura ya había sido concretada y el operativo estaba concluido, la verdad es que la cosa apenas comenzaba.

Para percatarse de ello basta ver en las redes un video en que un sicario entra a un restaurante y para “tranquilizar” a los comensales recomienda no salir y dice que van en camino a la capital sinaloense, desde diversos municipios, refuerzos para su banda.

¿De qué tamaño es el ejército del narco en Sinaloa? ¿Dónde estaban las autoridades locales y federales en los años, lustros o décadas, durante los cuales se fue conformando semejante poder ofensivo? ¿Cuántas bandas similares deambulan por el país?

Hizo bien el Presidente en ordenar el cese de las acciones, así sea grande la vergüenza. Lo que no está bien es la persistencia —salvo diferencias de grado— en la estrategia de los gobiernos precedentes, por más que él no reconozca esta realidad.

No le sirve a la democracia ni al país un gobierno sanguinario, violador contumaz de los derechos humanos, como los que encabezaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; pero tampoco un gobierno intimidado, sometido, cercano a la pusilanimidad, revocado en los hechos.

Pruebas al canto. En plena 4T todavía es factible el encubrimiento, desde la Presidencia, de atrocidades y actos de barbarie cometidos por centenares, y aun millares, por agentes del Estado, tales como ejecuciones extrajudiciales y ajusticiamientos con tiro de gracia incluido.

Y hasta es factible revelar, en público, ante audiencias de millones en medios masivos, que se tiene conocimiento de hechos punibles, como si de una proeza se tratara, y con el desparpajo de quien conversa de un partido de beisbol.

En reiteradas ocasiones, esta semana, López Obrador y los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad, afirmaron que en los gobiernos de Calderón y Peña las fuerzas armadas y las corporaciones de seguridad cometieron actos tipificados como crímenes de lesa humanidad.

Lo dijeron en las conferencias mañaneras, unas veces de manera tácita y otras explícita. Y lo afirmaron de modo tan claro que, al escucharlos, uno da por descontado que no han sido omisos y las denuncias ya están ante Alejandro Gertz Manero.

No puede ser de otro modo. El conocimiento de hechos de tal naturaleza impone la obligación de notificarlos a los entes nacionales de procuración e impartición de justicia, y, de ser necesario, llevarlos ante la Corte Penal Internacional.

El Presidente y sus colaboradores revelaron conocimiento de actos de salvajismo por las fuerzas del Estado al presentar un reporte sobre seguridad.

Cuando —vale la digresión— Alfonso Durazo se refirió con sensatez a una “leve inflexión” en la incidencia de homicidios dolosos, y hasta expresó: “nada que celebrar”; pero, ciertos medios, sesgaron su dicho hasta hacerlo aparecer como supino triunfalismo.

Detallaron su conocimiento de actos inhumanos aquellos funcionarios al explicar la baja en la letalidad de la fuerza pública en la presente administración, comparada con la que ejerció en tiempos de los dos últimos mandatarios de triste recuerdo.

Y lo reafirmaron al abordar los más traumáticos episodios de violencia de esta semana de pánico:

La emboscada que dejó 13 policías muertos en la tierra que sufre la ineptitud de Silvano Aureoles. El enfrentamiento, con saldo de 14 presuntos delincuentes muertos, en los desgobernados pagos de Héctor Astudillo. El terror en la capital del estado donde —los hechos hablan— manda El Chapo.

La baja en la letalidad, dijo el general Luis Cresencio Sandoval, es resultado de que “ahora le damos mayor ímpetu al respeto a los derechos humanos; buscamos que nuestras tropas no violenten esos derechos”.

Dio cifras. En la presente administración han sido contabilizados 123 agresores fallecidos, cifra menor a la suma de 211 detenidos y lesionados. Y en el último año de Peña se reportó la muerte de 230 agresores, cifra superior a 193, la suma de detenidos y lesionados.

El mayor índice de letalidad, sin embargo, se tuvo en los dos últimos años de Calderón, cuando el número de abatidos fue “muy superior” al de lesionados y detenidos. En esos años se registró un total de ­­¡dos mil 459 muertes de agresores!

A la luz de estos datos, está claro que “índice de letalidad” le llama la 4T a lo que fue una estrategia deliberada no de tratar de inhibir la delincuencia mediante la disuasión y el arresto y procesamiento judicial sino con la aplicación del porfirista “mátalos en caliente”.

Y que la alta letalidad no fue producto de deficiencias formativas o de capacitación, ni del equipo o los recursos materiales de que han dispuesto militares, marinos y policías federales. Tampoco mero saldo circunstancial, sino resultado de directrices trazadas desde la cúpula del poder.

“Muchos hablan de que las Fuerzas Armadas son muy violentas, que cuando salieron a las calle se recrudeció la violencia. No es cierto. Respondemos a las agresiones de la delincuencia”, dijo el almirante Rafael Ojeda Durán.

La eficacia del trabajo de seguridad no se puede sustentar en “violaciones al uso de la fuerza pública”, recriminó Durazo.

El Jefe del Estado dijo que se busca pacificar el país mediante un nuevo paradigma, distante de la palabra de moda: “letalidad”, de la cual ensayó una definición: “Cuando hay más muertos que heridos y detenidos o hay un afán de exterminio para rematar a los heridos”.

Porque “no es lo mismo un enfrentamiento así (como el ocurrido en Iguala) que cuando quedan heridos y se les da el tiro de gracia”, agregó el tabasqueño.

Y, al explicar su acuerdo con el repliegue en Culiacán, expresó que “no se trata de masacres, eso ya se terminó”, e incluso rechazó comparaciones de su administración. “No es lo mismo, ¡cómo va usted a comparar!, el Gobierno de Calderón u otros donde la política que se siguió fue de exterminio”. Más claro no canta un gallo.

Sólo que, si hubo masacres, exterminio, tiros de gracia, esto es algo que, de ser necesario, debe llegar a La Haya. Veremos.

 

 

aureramos@cronica.com.mx

 

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