El pasado 2 de julio se publicó la reforma de la Ley del Seguro Social que incorpora a las trabajadoras domésticas al régimen obligatorio con lo que se avanza en un anhelo por darles mayor protección a este sector de la población que suman más de dos millones de personas, en su mayoría mujeres.

La búsqueda de mejores condiciones de vida para las trabajadoras domésticas es un tema de justicia social, inaplazable como otras más, pero no es el único grupo poblacional en las mismas condiciones y no es el más numeroso tampoco.

En el régimen de incorporación voluntaria quedan todavía los trabajadores en industrias familiares, independientes y no asalariados, los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, los patrones personas físicas con trabajadores asegurados y un largo etcétera que cubre la población económicamente activa de la economía informal.

Desde la promulgación de la Ley del Seguro Social de 1973, se ha pretendido legislativamente dar cobertura a este enorme núcleo de personas que no gozan de los mínimos para la subsistencia ante las calamidades de la vida como la muerte, la invalidez, un accidente incapacitante o la enfermedad y evitar que caigan en una condición de miseria por la falta de salud, orfandad o la viudez. El ideal es la universalización de la seguridad social.

En la década de los setentas, la estrategia fue la incorporación de grupos marginados con cuota diferenciada subsidiada como los henequeneros, tabacaleros, candelilleros, cañeros, entre otros. Esto produjo regímenes especiales para este tipo de trabajadores que abrieron un boquete a las reservas institucionales por sólo atender a criterios políticos, sin tomar en los financieros.

Esta situación se corrigió, en parte, en 1997 con la incorporación al régimen obligatorio de los jornaleros con un esquema de modalidades, que estaba sujeto a la existencia real de los servicios. Es injusto que se cobre en forma obligatoria la cuota por trabajadores sin que haya posibilidad efectiva de acceder a los servicios por carencia de instalaciones en los lugares cercanos a los centros de trabajo agrícola, por eso hubo un proceso paulatino de incorporación. Los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios quedaron bajo el régimen de incorporación voluntaria.

Hay que destacar que la justicia social se obtiene no sólo con la inclusión en una Ley de un tipo de trabajador al régimen obligatorio del seguro social, sino que es necesario garantizar que haya cobro efectivo a todos los patrones que dan el empleo e instalaciones suficientes para dar la prestación.

En este sentido, los especialistas en seguridad social, desde hace más de una década, hemos pugnado por la universalización de la seguridad social con esquemas financieros viables y no selectivos por tipo de trabajador. Salud y pensión para todos. Esa es la segunda reforma profunda a la seguridad social que necesitamos.

Esto requiere de tres elementos: la separación absoluta de las seguros médicos y pensionarios, que deben ser administrados por organismos públicos distintos; la armonización de los regímenes financieros y de prestaciones para favorecer la portabilidad de derechos y la desvinculación del seguro médico de la nómina o por lo menos del monto de la misma.

Además, no hay que olvidar que hay que adoptar las recetas mínimas para generar más ahorro social dirigible al pago de pensiones y gastos médicos de jubilados: elevar las aportaciones a las reservas y aumentar la edad de jubilación, tal y como lo propone el gobierno de la 4T, a través del Dr. Carlos Noriega, Titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la SHCP e integrante, en su momento, de los asesores económicos en la reforma de 1997 y expresidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE). Noriega informó que hay una propuesta de reforma en estudio (La Jornada, 02-07-19).

En ese sentido, la reforma que incorpora al régimen obligatorio a las trabajadoras domésticas va en el sentido correcto, pero la estrategia es equivocada. No es conveniente continuar agregando grupos sociales por conveniencia electorera u oportunismo político mientras que otros, que conforman la mayoría, permanecen excluidos. Esto es una seguridad social selectiva.

Además, la reforma es una vana “promesa” legislativa si la obligación a las casas habitación se impone sin que haya una oferta de servicios médicos y sociales suficiente. Hoy los esquemas de inscripción y cobranza son inciertos. Todavía el programa piloto del IMSS no tiene resultados concluyentes, lo que retrasará la entrada efectiva en vigor de los derechos alrededor de año y medio, conforme a lo dispuesto en los transitorios. Esto es una seguridad social diferida.

No más una seguridad social selectiva o diferida. Hay que utilizar la mayoría legislativa para algo más que lucimientos personales o partidistas. Hay que avanzar hacia una auténtica universalización de la seguridad social. Hago votos porque la propuesta de la 4T que prepara la SHCP sea integral. Vale.

Carlos Matute

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

cmatutegonzalez@gmail.com

Facebook.com/cmatutegonzalez

Twitter @cmatutegonzalez

www.carlosmatute.mx