Opinión

La Suprema Corte y la porrista mal hablada

La Suprema Corte y la porrista mal hablada

La Suprema Corte y la porrista mal hablada

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

Era fin de semana, un sábado en la primavera de 2017, cuando la joven Brandi Levy entonces de 14 años, estaba en una de esas tiendas populares de conveniencia, cuando decidió subir a su cuenta de Snapchat una fotografía de ella y la amiga que la acompañaba, haciendo ambas la señal del dedo de en medio y un breve mensaje que incluía cuatro veces la misma grosería: “X escuela, X equipo, X porra y X todo”.

El mensaje mostraba la furia y frustración que la joven sentía por no haber sido incluida en el principal equipo de porristas de su secundaria. Se le había relegado al grupo de porritas substituto.

El hecho no hubiera pasado a mas, ya que esa red social está diseñada para que lo que compartes desaparezca una vez que lo ven los destinatarios o 24 horas después de compartido. Solo que en este caso, una de sus 250 recipientes le tomó foto, se lo mostró a su madre, quien a su vez se lo comunicó a la directora de la escuela y la institución decidió como castigo, prohibirle a la joven participar del todo por un año, en alguno de los grupos de porristas que actúan en el medio tiempo en los encuentros deportivos.

La estudiante y sus padres demandaron al distrito escolar en Pennsylvania y la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en Filadelfia les dio la razón y dictaminó que el derecho constitucional a la libre expresión, impide que una escuela pública castigue a un alumno por algo que diga o como se exprese fuera de la institución académica a la que asiste.

Las autoridades escolares insistieron en que el mensaje fue contra la escuela y sus reglas de disciplina, por lo que inconformes solicitaron que el caso fuera llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los maestros quieren que ahora más que nunca, debido a que por la COVID-19 los alumnos pasan tanto tiempo tomando lecciones de lejos en clases virtuales, se decida legalmente de una vez por todas, hasta qué punto, las más de 100 mil escuelas públicas del país, pueden disciplinar a sus alumnos por lo que expresen en las redes sociales.

El caso ha cobrado gran atención nacional porque esta semana los magistrados del más alto tribunal con sede en Washington, analizaron el asunto y no se sabe cuál será su decisión. Una decisión que podría implicar que las escuelas controlen lo que los estudiantes hablan lejos de las aulas. Esto, cuando lo lógico sería pensar que los maestros no tienen por qué involucrarse con lo que los alumnos digan una vez que las clases han finalizado y han cruzado la calle de afuera.

Hasta ahora solo hay un precedente de un caso parecido, pero era otra era. Sucedió en 1969 en medio de la Guerra de Vietnam, cuando tres estudiantes llegaron a su escuela llevando bandas negras en el brazo como protesta por el involucramiento de Estados Unidos en ese conflicto. Los muchachos fueron expulsados temporalmente y ellos a su vez demandaron a la institución. Finalmente la Suprema Corte decidió que eran libres de llevar los lazos negros pero no podían expresar opiniones o pronunciar discursos al respecto en terrenos escolares.

El caso del mensaje en Snapchat ilustra el gran impacto que las redes sociales tienen y de las que nada desaparece nunca por completo. La joven Levy, ahora ya estudiante universitaria, dijo lo que dijo, en un fin de semana, en un día de asueto, adentro de una tienda, no en el salón de clases y ni en el gimnasio de prácticas. Tampoco amenazó a nadie y si siquiera identificó a la escuela.

Los expertos legales argumentan que sería peligroso que si la Suprema Corte decide que las escuelas pueden tomar represalias o castigar por lo que se diga fuera de su edificio, esto podría eventualmente extenderse a empleados y empleador, sobre todo ahora que debido a la pandemia, la oficina se extiende de cierta manera hasta a las habitaciones privadas de la gente.

Esos analistas sostienen que el control y disciplina escolar termina al toque de la campana. Es cierto que abunda el acoso cibernético, las ofensas y hasta las amenazas en las redes sociales y quienes son víctimas deben poder protegerse bajo la ley, pero extender la autoridad del estado a través de las escuelas, aun cuando no se está en ellas, sería un error que podría luego imitarse en otras partes.

cbcronica@aol.com