El Presidente de la República no pierde ocasión para decir que goza de una legitimidad incuestionable y de una popularidad al alza. Antier, por ejemplo, afirmó que ahora serían mucho más los ciudadanos que votarían por él en comparación con los que así lo hicieron el año pasado. No obstante, aquí encaja el dicho de Ramón de Campoamor (1817-1901): “Y es que en este mundo traidor/nada es verdad ni mentira/ todo depende del cristal con que se mira.”

Según el tabasqueño, él triunfó de manera incuestionable al obtener el 53.17 por ciento de los votos emitidos. Empero, observando con atención, 46.83 por ciento de las personas que fueron a las urnas no sufragó por él.

A esto hay que agregar que las elecciones presidenciales del año pasado no superaron el nivel histórico de afluencia a las casillas registrado en 1994, cuando votó el 77.16 por ciento de los empadronados y hubo una abstención del 22.84 por ciento; en 2018, votó el 63.42 de los ciudadanos inscritos en la lista nominal; en el 2000, cuando se dio la alternancia, hubo una participación del 63.97 por ciento y una abstención del 36.03 por ciento.

O sea, el histórico cambio del PRI al PAN protagonizado por Vicente Fox superó a la tercera alternancia protagonizada por AMLO, 55 décimas. Luego entonces, los famosos 30 millones de votos de los que hace gala AMLO son minoría en comparación con los 88 millones de ciudadanos que o bien no votaron por él o se abstuvieron de sufragar. Aquí y en cualquier parte eso se llama “déficit de legitimidad.”

Vale recordar algo a lo que ya aludimos, o sea, que según la afirmación de El Peje, su nivel de aceptación va al alza. Pues, la evidencia dice otra cosa: el 17 de julio, Reforma presentó una encuesta en primera plana que muestra un decrecimiento en el nivel de aceptación de López Obrador: del 19 de marzo al 19 de julio perdió ocho puntos; en ese mismo lapso  aumentó 11 puntos el rango de desaprobación de su gestión como Jefe del Ejecutivo. Llama la atención, en particular, su fracaso en el intento de reducir la violencia (22 puntos) y el combate al crimen organizado (16 puntos).

La verdad, el “déficit de legitimidad” lo venimos arrastrando desde hace tiempo. En 2012 Enrique Peña Nieto obtuvo la victoria con el 38.20 por ciento; en 2006, a Felipe Calderón se le otorgó el triunfo con un 35.89 por ciento (una diferencia de 58 décimas respecto de AMLO); es decir, una legitimidad muy endeble.

Por ese motivo, antes de que se realizaran las elecciones presidenciales de 2018, surgieron diversas propuestas para que México adoptara la segunda vuelta. Dicho de otro modo: que en una primera ronda electoral, los partidos fueran cada uno por sus votos, y que pasaran a un siguiente balotaje solamente aquellas dos formaciones que hubiesen recibido más respaldo.

De esta manera, como sucede en Francia, las fuerzas políticas se reagrupan y de paso—cosa de suma importancia—le dan mayor legitimidad a quien resulte electo.

Conviene sacar a colación este problema y esta propuesta de solución porque está programada para el próximo período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, una reforma de Estado y, en consecuencia, una reforma electoral.

En este tema relativo a la justificación del poder político es imperativo distinguir la “legitimidad” de la “legalidad”. Ambos conceptos tienden a ser confundidos por muchos analistas. Veamos: la legitimidad hace referencia a la titularidad del poder. O sea, cuando se pide que un gobernante sea legítimo, se solicita que cubra los pasos estipulados por el ordenamiento jurídico para alcanzar el poder.

En la tratadística medieval lo opuesto del gobernante legítimo es el “usurpador”, el tirano por defecto de título (tyranno ex defectu tituli). En cambio, la legalidad hace referencia al ejercicio del poder. Esto es, cuando se pide que el gobernante respete la ley se exige que no abuse del poder mediante la violación de las normas establecidas.

Entre los juristas del Medievo al tirano que no respetaba el marco jurídico se le llamaba tirano por defecto de ejercicio (tyranno ex parte exerciti).

Puede suceder que una persona llegue al poder legítimamente, pero, una vez instalado en el mando, lo ejerza fuera de la ley. En ese caso la legitimidad se pierde porque se vuelve un tirano por defecto de ejercicio. Autores que van desde Stephanus Junius Brutus (Vindiciae Contra Tyrannos, Torino, La Rosa, 1994) hasta John Locke (Two Treatises of goverment, Cambridge University Press, 1960) justificaron el derecho de resistencia contra esos malos gobernantes.

Ejemplos ha habido muchos, uno de los más recientes es Hugo Chávez, quien llegó al poder legítimamente al ganar las elecciones venezolanas en 1999; pero, después, violó el estado de derecho y comenzó a gobernar según su capricho.

Los gobernantes populistas tienden a actuar de esa manera. También AMLO. Echan por la borda la poca o mucha legitimidad de origen al despreciar la ley. Recordemos su dicho: “La justicia está por encima de la ley.” La justice c’est moi.

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