Viernes 20 de septiembre de 2017. Mientras el centro de México seguía con ansiedad y preocupación la evolución de las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes tras el grave sismo del día anterior, Barcelona vivía en shock por razones muy distintas. Poco después de las ocho de la mañana, la policía española irrumpía en la secretaría catalana de Economía para buscar supuesta documentación sobre el referéndum unilateral que estaba convocado para el 1 de octubre siguiente.

Casi inmediatamente, decenas de miles de personas se concentraron para protestar ante las oficinas, mientras policías y peritos judiciales se encontraban dentro. Al frente de la manifestación se encontraban dos hombres, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de dos asociaciones civiles independentistas catalanas. Ahora ellos dos llevan casi dos años en la cárcel. Según la justicia española, lideraron una acción de coacción a las autoridades; las imágenes, en cambio, los muestran encaramados a coches de la Guardia Civil, tratando de disolver en la noche la concentración para permitir una salida tranquila de los ocupantes del edificio.

El referéndum se celebró, pero durante la mañana la policía y la Guardia Civil reprimieron la votación a golpes de porra. Las imágenes de granaderos arrastrando a señoras mayores por el suelo y pateando a gente que se resistía pacíficamente a la acción policial dieron la vuelta al mundo. La CNN, por ejemplo, tituló en su web: “La vergüenza de Europa”.

La ley catalana del referéndum, aprobada un mes antes por la vía rápida sin debate parlamentario, especificaba que el resultado debía aplicarse. Y aunque la unilateralidad generó un resultado distorsionado, con el 90.18 por ciento del 43.03 por ciento del censo apoyando que Cataluña se independizase de España, el gobierno catalán debía declarar la independencia.

Sin embargo, el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, optó por una estrafalaria opción alternativa: Declarar la independencia y congelar la declaración, esperando una oferta para negociar, que nunca llegó. La justicia española no titubeó, y pese a la nulidad legal del referéndum y la declaración, consideró que el delito se había cometido y ordenó arrestar a la plana mayor del gobierno catalán. La mitad, con Puigdemont a la cabeza, huyó al exilio en Europa, en su mayor parte, a Bruselas, y los demás, con el vicepresidente Oriol Junqueras como mayor exponente, fueron arrestados. Y siguen en la cárcel al día de hoy.

A LA DERIVA. El descabezamiento del gobierno catalán sumió al independentismo catalán en una zozobra mayúscula. Las nuevas elecciones de diciembre de 2017, impuestas desde el gobierno de Madrid, que a su vez suprimió la autonomía catalana parcialmente, no depararon ninguna solución: Los independentistas ganaron, pero no lograban ponerse de acuerdo sobre quién debía ser presidente. Al final el elegido fue Quim Torra, un hombre salido del mundo editorial, con conocimientos literarios y sin garra política alguna. Gris, incongruente, apático y desdibujado como presidente, Torra ha contribuido a esa sensación de desnorte en el secesionismo catalán, atascado en la inoperancia parlamentaria y el enfrentamiento dialéctico sin sentido con Madrid.

TENSIÓN EN AUMENTO. Hoy, cuatro meses después de terminar el juicio, que duró otros cuatro meses y que se pudo seguir en abierto por streaming, la sentencia está al caer. Fuentes del Tribunal Supremo español confirmaron que llegará en las próximas dos semanas, justo antes del 12 de octubre, del Día de la Hispanidad, gran fiesta patriótica en España.

Los delitos imputados por la Fiscalía —rebelión, sedición y malversación de fondos para la mayoría de los detenidos— han recibido múltiples cuestionamientos, incluso desde esferas judiciales españolas progresistas, que insisten en que el delito de rebelión, por ejemplo, implica necesariamente una violencia que no existió. Pero aun así, la sentencia se espera condenatoria y contundente. En el peor de los casos, hasta 30 años de cárcel.

En cualquier caso, esta inminencia parece estar sacando al independentismo catalán de su zozobra, y las voces que reclaman unas nuevas elecciones catalanas para poner fin al periplo de Torra se multiplican.

ARRESTOS POLÉMICOS. El último elemento en este coctel de emociones que tiene tomada Cataluña en estos momentos lo vivimos desde el inicio de semana, cuando se anunció el arresto de nueve activistas independentistas, miembros de unos colectivos llamados Comités de Defensa de la República catalana (CDR), acusados de planear acciones terroristas, coincidiendo con la sentencia contra los líderes independentistas.

Esto es algo insólito en el independentismo catalán, con la breve y risible excepción del grupo Terra Lliure, activo a inicios de los noventa y que sólo logró matar a una persona con una bomba, y fue una señora a la que le cayó encima una pared del cuartel policial adyacente a su casa.

De los nueve detenidos, dos quedaron inmediatamente en libertad, y los otros siete permanecen encarcelados sin fianza, a la espera del juicio. Según el relato policial, y mediático, los agentes encontraron a los detenidos, materiales con los que se podrían fabricar explosivos; cosas como ácido sulfúrico, usado como disolvente o para fabricar fertilizante, o cloratita, utilizada para proteger metales de la corrosión del aire.

La acusación de la Fiscalía se vio reforzada por la declaración filtrada —pese al secreto del sumario judicial— de dos de los detenidos, que habrían admitido, según citaron medios españoles y catalanes, que estaban preparando sabotajes. Xavier Pellicer, responsable de Alerta Solidària, un colectivo que acostumbra asistir jurídicamente a los miembros de los CDR, denunció que si bien apoyaron a los otros cinco detenidos, no les dejaron ver a los dos que confesaron, que, según la Guardia Civil, pidieron un abogado de oficio del Estado.

El presidente Torra reaccionó a las detenciones pidiendo su liberación inmediata, algo también ­inusual, lo que derivó en una bronca parlamentaria entre el bando independentista y el unionista en el Parlamento catalán. Entre tanto, ayer mismo se sucedieron manifestaciones con miles de participantes para exigir lo mismo. En Sabadell, escenario de varias de las detenciones, acudieron casi 10 mil personas, dijo la policía.

No sabemos cómo terminará la situación de estos detenidos, ni sabemos todavía cuál será la sentencia judicial, pero no se puede perder de vista que dentro de seis semanas hay elecciones generales en España, y que los eventos que se sucedan en Cataluña marcarán la agenda política de la campaña electoral. Y unos y otros, en ambos bandos del conflicto, harán lo posible por sacar rédito en forma de votos.