Ahora que, gracias a una investigación periodística de varios medios, ha estallado el escándalo Pegasus, de la venta, hace un lustro, de equipo de espionaje a distintos gobiernos, incluido el mexicano, que lo usaron profusamente, vale la pena hacer unas cuantas reflexiones, para asustarnos, calmarnos y, tal vez, resignarnos.

Lo primero es que negocios son negocios. Quienes vendieron la tecnología, supuestamente se cercioraron de que los compradores tuvieran buenos antecedentes en materia de derechos humanos. Viendo la lista de clientes, está claro que no era así. Un montón de gobiernos autoritarios, otros con manchas en sus antecedentes y ninguno conocido por su transparencia. Negocios son negocios.

Cuando hay negocios hay competencia. Eso significa que no es una, sino varias las compañías que venden equipo de espionaje a las agencias federales y estatales que, en vez de establecer una red de vigilancia con equipos destinados a ese uso, se dedican a usar otro tipo de equipos para poner pájaros en el alambre y hacerse de una cantidad descomunal de información. Al mismo tiempo, habrá y ha habido funcionarios que, a cambio de una buena comisión, ponen por delante a las empresas con menos pruritos, como fue el caso de Pegasus en México.

Y también las empresas pueden servir a varios clientes, que no necesariamente tienen los mismos intereses, o pueden estar contrapuestos. O -lo más común- un cliente puede traicionar, y hacer que parte del equipo sirva para filtrar información a otras partes, como podría haber sido el caso -digamos, por dar un ejemplo al azar- de funcionarios del gobierno mexicano y personeros del crimen organizado. El asesinato de un periodista que está en la lista de los espiados, y que investigaba asuntos relacionados con el narco, hace más preocupante y sospechoso el asunto.

Así, se espió o se intentó espiar a políticos de todos los partidos, a periodistas considerados amigos o enemigos, a empresarios, a organizaciones sindicales y sociales, a activistas de derechos humanos… a todo mundo que importara políticamente, tal vez con la excepción de los supuestos destinatarios de ese espionaje, que eran los criminales enemigos del Estado.

Debería sernos obvio que la capacidad de vigilancia maligna de un Estado no depende de la tecnología, sino de su carácter más o menos democrático, de su capacidad para no sucumbir a la tentación de hacerse secretamente de toda la información posible, de la existencia o no de instituciones autónomas que puedan acotarlo.

Y lo que vemos con las revelaciones es que, a pesar y en contra de sus declaraciones, el anterior gobierno mexicano sucumbió a esa tentación no democrática. Lo que no sabemos es si el gobierno actual está utilizando o no la tecnología que le debieron haber heredado, si es que el proceso de entrega-recepción no la escamoteó. El presidente López Obrador dice que no. Pero son solamente su palabra y su credibilidad. No bastan y no importa que él piense que bastan.

Hay una diferencia de calidad entre una tecnología que es usada para espiar determinados objetivos y la que pretende espiar a todo mundo, que es típica de los estados totalitarios. El espionaje selectivo es mucho más eficaz, porque no trabaja con una información ilimitada, y por lo mismo, inservible.

El espionaje selectivo sirve para el chantaje, para prever acciones e intenciones, para amenazas y para amenazas cumplidas. Espiar a la élite política, económica, social y de opinión hace más poderosos a quienes lo ejecutan. Pone, además, una línea divisoria entre quien tiene la información y no la tiene.

El espionaje general sirve más bien para decir que ahí está, para generar miedo. Lo normal es que, entre los millones de terabytes de información, no exista quien pueda encontrar la aguja en el pajar (lo hemos visto en el combate al terrorismo islámico en las naciones desarrolladas de occidente). Ahí lo importante es que el ciudadano se sienta vigilado, y que se autocensure.

Y el problema con la comercialización del espionaje, es que éste termina al servicio del mejor postor, que suele ser quien tiene más dinero. Y eso coloca a las organizaciones criminales entre los clientes posibles, ya sea de manera directa o indirecta. Se da entonces la paradoja de que algo que supuestamente debería servir para favorecer el poder del Estado, termina por ayudar a quienes pretender establecer con violencia un contrapoder y dominar con sus propias reglas.

Hace cuatro años, cuando se habló por primera vez del espionaje de Pegasus, Movimiento Ciudadano presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma para castigar con más rigor el espionaje gubernamental ilegal, el que se llevar a cabo sin el mandato de una autoridad judicial competente. Como era de esperarse, esa iniciativa pasó a la congeladora, donde ahora se encuentra.

La reaparición del asunto debería llamar a los legisladores a revisar de nueva cuenta el tema, para que al menos esté normado dentro del Código Penal Federal. No basta con la promesa presidencial de que ahora no se espía de manera ilegal. Y aunque sabemos, por la práctica, que las leyes no siempre se cumplen por parte del gobierno, al menos la ley penderá como Espada de Damocles sobre quienes hagan mal uso de esos instrumentos.

Termino con un comentario relativo al gremio. A los periodistas nos ha indignado mucho que algunos de nuestros colegas hayan aparecido en la lista de espiados. Igual deberíamos de indignarnos, siempre, cuando aparece como gran nota informativa el resultado de una conversación telefónica privada grabada de manera ilegal y filtrada interesadamente a los medios.

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