Ricardo Espinoza Toledo*

La corrupción y la impunidad a ella asociada es la trasgresión del derecho y del Estado. O algo peor: es la conversión del Estado y del derecho en instrumentos al servicio de la extorsión y de la captura de los recursos públicos. A eso condujo el proceso de privatización iniciado en los años ochenta en México que, presentado como proyecto de modernización, quería ser la solución a los grandes males nacionales. Pero sólo agravó los problemas sociales.

La intervención del Estado para moderar los excesos del mercado, darle contenido social a la propiedad privada e impulsar el desarrollo fueron presentados como el mayor de los problemas. Entonces, el paso obligado consistía en eliminar el intervencionismo estatal y dejar que el mercado “libre” y el esfuerzo individual se encargaran de acabar con la corrupción, la impunidad y la desigualdad. Era un credo y no dio buenos resultados ni en países donde había condiciones adecuadas para su implementación.

En México, pasamos de la prohibición constitucional de otorgar concesiones y contratos a privados en materia de petróleo y de energía eléctrica para exploración y comercialización, al exacto contrario con las reformas de 2013. Se acabó la exclusividad de la Nación en cuanto a la generación de energía eléctrica que pasa a ser también derecho de los particulares y se ­reincorporan los contratos con privados. En relación con el petróleo, esas reformas modifican el artículo 27 de la Carta Magna, que neutralizan el derecho original y originario de la Nación, al insertar a los privados en su exploración y extracción a través de contratos. Petróleos Mexicanos (Pemex) es convertida en una empresa como cualquier otra —“empresa productiva del Estado”—, es decir, desprovista de los hidrocarburos.

A partir de entonces, al Estado sólo le correspondería “regular” la competencia, como le llamaban a la privatización, pero no intervenir en la extracción, transformación, transportación y comercialización del petróleo.

Para ese propósito se crean los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE). Se instituye una Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano autónomo del Estado, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia y eliminar sus barreras; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), a su vez, otro órgano autónomo, regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia. El objetivo, en todos los casos, garantizar la no intervención del Estado. La ecuación inicial se invirtió, pero la desigualdad aumentó y la corrupción se expandió.

El autor de La democracia en América, Alexis de Tocqueville, mostró que el fundamento de la democracia política era la vigencia de los derechos sociales y civiles, su ejercicio efectivo. Se aseguraba, así, el intercambio de bienes y servicios y el acceso a una vida digna. Rawls los englobó en los principios de la justicia, que es, a la vez, conmutativa y distributiva. En ausencia de un piso básico parejo para la mayoría de los adultos, no hay equidad social ni oportunidades para todos. Estos autores ni siquiera imaginaron que, a la injusticia asociada a la enorme ­desigualdad social que ha caracterizado a México, podía agregarse la corrupción gubernamental.

Las acusaciones contra el que fuera director de Pemex del gobierno de Enrique Peña Nieto confirman la manera en que se desvirtuó la función de los órganos del Estado. Junto a la modalidad establecida por la ­Estafa Maestra, una línea de acción complementaria es la que explica la detención, en Estados Unidos, del estratega de la seguridad de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Como se trataba de poner a remate los bienes de la Nación, la característica fue el saqueo de los recursos públicos y el abuso de autoridad. Si los funcionarios y sus socios eran los del negocio, bien implantados como han estado, no van a admitir el imperio de la legalidad. Y seguirán buscando aprovechar cualquier cosa para hacer sentir su poderío.

En todo ese tiempo, las mujeres han padecido una doble injusticia, pues a la de la desigualdad social se suma la falta de protección jurídica frente la violencia masculina. Los órganos de gobierno de las entidades de la Federación siguen siendo los grandes ausentes. Por acción u omisión, gobernadores, presidentes municipales, ministerios públicos locales y poderes judiciales estatales han eludido su responsabilidad constitucional de dar seguridad a la ciudadanía, en general, y a las mujeres, en particular. En muchas ocasiones se escudan en delitos del orden federal para desentenderse de sus compromisos. Como las autoridades estatales y locales han fallado en esta función fundamental, un día sin mujeres tiene que ser una voz alta de protesta contra la violencia hacia ellas y por la igualdad, y una fuerte reprimenda a las autoridades.

Por eso no deja de sorprender la incapacidad de Morena para procesar sus conflictos internos, que los distrae de sus tareas como organización, social y política, gobernante. El Presidente es el jefe de Estado, no el de un partido, en efecto, pero Morena es un partido que no se puede permitir dejar vacío el espacio conquistado ni la promoción de su programa político, porque afecta la estabilidad del país.

La lucha contra la corrupción y la impunidad es un proceso ­ineludible para restaurar el Estado y el derecho, esto es, las bases de la convivencia pacífica y la justicia social. El impulso y la fuerza de la movilización social es uno de los motores del cambio necesario, un cambio que, si bien enfrenta un cuadro muy complicado y de acentuada fragilidad, tiene que ser duradero y profundo.

*Profesor-investigador del Departemento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana