Ángel Mundo López

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Presidente la obligación de presentar un informe anual ante el Congreso sobre la situación general de la nación (art. 69). El 1º de septiembre, además de entregar un informe por escrito, el primer mandatario ofrecía un mensaje en cadena nacional, en el que, en un largo soliloquio “informaba” avances y retos por enfrentar. Esta práctica fue replicada por gobernadores, diputados, senadores y alcaldes que deseaban visibilidad pública para poder ocupar otros puestos más adelante. Esos monólogos, se decía, representaban ejercicios de rendición de cuentas, no obstante, apegándonos a la definición de Schedler (Cuaderno de Transparencia No. 3, INAI, 2004), sólo se llegaba al primer pilar de la triada información-justificación-sanción, quedando pendientes las últimas dos. El Informe presidencial fue perdiendo tersura, hasta que, en el 2006, el Presidente ni siquiera pudo ingresar al Palacio Legislativo, lo que no impidió continuar con la práctica de ofrecer un discurso en un entorno mucho más controlado y mediatizado. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, pese a querer marcar diferencias respecto de sus antecesores, parece traer consigo la perpetuación y multiplicación de estos actos, pues, este año, no sólo se realizó un informe por los primeros cien días de gobierno, sino que, el primero de julio se presentó un informe por el aniversario del triunfo electoral, además de que se anunció que, como marca la costumbre, el 1 de septiembre se cumplió con el compromiso de informar a la nación.

El Presidente, al igual que cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, ha establecido un modelo de comunicación continuo por medio de la realización de conferencias matutinas ante los medios de comunicación. En ellas, se parte de una agenda preestablecida, aunque no se limita la posibilidad de realizarle cuestionamientos. Las respuestas pueden ampliar la información, o bien, pueden servir de pretexto para descalificar al reportero o al medio para el que trabaja, o, en un caso extremo, se puede responder con una frase que por la fuerza de la reiteración se está convirtiendo en un clásico: “Yo tengo otros datos”. Y nada puede ser más cierto que la existencia de otros datos, los cuales, a veces discrepan de las cifras oficiales, pues, por ejemplo, la página oficial de la Presidencia coexiste con la página lopezobrador.org.mx, que, en algunos casos, ofrece información más completa que el portal oficial. Sirva otro ejemplo: cuando el Presidente informó que iba a firmar un documento comprometiéndose a no buscar la reelección en el 2024, la Oficina de la Presidencia contestó la inexistencia del ocurso, pero días más tarde se supo que aquel se encontraba en poder del propio Presidente.

Con la finalidad de reducir la preeminencia de la investidura presidencial, desde la década de los 90 del siglo pasado se vino construyendo un entramado institucional que buscó ampliar el sistema de pesos y contrapesos para pasar de la clásica división entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a uno en el que se incluyeron diversos organismos autónomos para cumplir con determinadas funciones o garantizar ciertos derechos. En el caso del Derecho de acceso a la información pública, en el año 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que planteó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales —IFAI, hoy INAI—, el cual estableció mecanismos para la presentación de solicitudes de información (sistema INFOMEX y otros medios), así como para la resolución de impugnaciones (recursos de revisión) para aquellas respuestas que, sin sustento legal, niegan la información. Asimismo, en el año 2014, con el fin de instaurar el Sistema Nacional Anticorrupción, se llevó a cabo una reforma que, entre otras cosas, trajo consigo la promulgación de una Ley General de Transparencia, que pretendía dotar al Instituto de mayores capacidades y responsabilidades con el fin de mejorar el acceso a la información, no obstante, hasta este momento, el sistema anticorrupción sigue sin operar plenamente, y ya se avizoran nuevas modificaciones para adaptarlo a las “premisas” del nuevo gobierno en su lucha contra la corrupción.

Cabe mencionar que la reforma del 2014, lejos de consolidar los logros alcanzados hasta ese momento, trajo consecuencias que algunos estudiosos del tema han cuestionado; por ejemplo, Irene Levy en su columna del 27 de mayo, señalaba cómo la anterior administración había eliminado los portales de internet de cada dependencia para integrar a toda la administración pública federal en un solo portal, el www.gob.mx, lo que dificulta severamente la búsqueda de la información, incluso la catalogada como “obligaciones de transparencia”. Infortunadamente, esta administración, lejos de modificar dicha situación la ha perpetuado, además de que el día 22 de julio, el diario Reforma informó que, durante los primeros meses de esta gestión el número de recursos de revisión se había triplicado.

Adicionalmente, es necesario mencionar que el Presidente ha esgrimido críticas contra diversos organismos autónomos, alegando dispendios en muchos de ellos, particularmente en el rubro de los salarios, algo que se confronta con uno de los estandartes enarbolados en el anterior proceso electoral: la implantación de una administración austera. El INAI no ha escapado a dichas críticas y, aunque no se ha visto afectado como otras instituciones por los recortes presupuestales (v.g. Coneval o INEGI), las críticas y el resto de las acciones que hemos reseñado cuestionan severamente la política de transparencia gubernamental.

En resumen, podemos decir que la dinámica informativa instaurada por el Presidente se circunscribe a un modelo obsoleto y poco transparente, pues la multiplicación de actos y declaraciones no suple a un modelo institucionalizado como el que se había venido construyendo y que si bien es perfectible, no es prescindible, mucho menos para alcanzar uno de los principales objetivos de su gobierno: la lucha contra la corrupción. El Presidente debe reconocer que los organismos autónomos son parte importante del sistema político mexicano que amplió los contrapesos al Poder Ejecutivo.

Ojalá se entienda.

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Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana