El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que “La dependencia - la Secretaría de Salud - deberá precisar cuáles son los 130 hospitales; fechas en que comenzaron a operar; entidades federativas donde se ubican; presupuesto invertido para rehabilitarlos; partida presupuestal; así como el número de atenciones a pacientes COVID-19 y camas disponibles, al 2 de diciembre de 2020” (La Crónica 22-03-21).

Esta determinación procede por que la estrategia de comunicación social del gobierno sobre salud ha sido un conjunto de verdades a medias o nobles mentiras (propaganda electoral). ¿Por qué las redes de hospitales públicos no operan con la eficiencia deseada? ¿Por qué había y hay asincronía entre el discurso, la inversión, el equipamiento y la disponibilidad de recursos? La respuesta es compleja y rebasa al pobre diagnóstico de que la corrupción como única causa.

La elusión de la respuesta de la Secretaría de Salud (SS) demuestra que los factores que complican la efectiva prestación del servicio en los hospitales, que el entonces candidato López Obrador recorrió y se encontraban inconclusos, parcialmente ocupados o abandonados, son muy variados y no necesariamente por falta de inversión o desviación de los recursos para otros fines lícitos e ilícitos.

No es correcto que no exista la información integral sobre la operación hospitalaria durante los dos primeros años del gobierno de la autollamada 4T y que sólo se entregue una relación de 134 de acciones de infraestructura concluidas con fecha de término, el monto de la inversión y la partida presupuestal.

La primera obligación de la transparencia, sin la cual no existiría derecho al acceso a la información, es que la entidad pública debe documentar todas sus actuaciones. La transparencia proactiva implica que dicha documentación sea ordenada y organizada de tal forma que permita a la sociedad conocer la verdad efectiva.

Si se creyera que la SS no cuenta con la información solicitada, entonces estaríamos en el peor de los escenarios, en el que la dependencia desconoce la operación de los hospitales, no sabe con precisión cuales acciones se han llevado a cabo y que durante dos años dedicó sus esfuerzos a realizar obra sin un plan estratégico.

¿Realmente no existe la información sobre el número de camas disponibles o de pacientes de COVID-19 atendidos en las instalaciones hospitalarias rehabilitadas o rescatadas del supuesto “desastre neoliberal”? Es grave no querer proporcionar la información con la excusa de que no existe, pero es peor que no haya un área que concentre estos datos para apoyar la toma de decisiones del Secretario o en el nuevo INSABI. ¿Será que las cifras sólo reflejan que la labor se ha limitado a dar una manita de gato a los lugares que recorrió AMLO y a los que eventualmente puede volver en un futuro? Esta estrategia de simulación ahonda los problemas de salud pública de las poblaciones con mayor marginación social.

Angustia que la SS alegue inexistencia frente a la solicitud de un particular. Si esta información realmente no existiera, entonces, ¿cómo se obtiene la disponibilidad de camas hospitalarias y de respiradores para determinar el color del semáforo epidemiológico? El censo histórico de acciones en infraestructura del plan maestro no permite conocer una estrategia integral de atención a la salud.

La oferta de servicios hospitalarios en entidades públicas depende de varios factores. Mejora si hay coordinación entre las tres instancias de gobierno y los órganos de seguridad y asistencia social. IMSS-Bienestar es un ejemplo de auténticas acciones concertadas en las que el presupuesto se aplica de la manera eficiente, con una estrategia institucional de dotación de personal suficiente para la atención en instalaciones en condiciones de extrema dificultad por la existencia de delincuencia organizada, la falta de incentivos económicos y profesionales para laborar en zonas distantes de los centros urbanos, entre otras circunstancias, que afectan la operación.

La información disponible de acciones de infraestructura no es suficiente para saber si se superaron los problemas de abandono o falta de operación de los 130 hospitales a los que ha hecho referencia el presidente y las 134 acciones informadas como concluidas no corresponde a un número igual de hospitales, ni se pueden vincular a las instalaciones motivo de las quejas presidenciales.

Un análisis del Censo Histórico del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, publicado en la página de la SS más profundo, seguramente arrojaría que la información sobre el sector que divulga el gobierno es una noble mentira y eso explica la reticencia a organizarla y entregar la información de tal manera que la sociedad conozca la verdad efectiva de lo que sucede en la atención hospitalaria derivada de la estrategia de centralización de las decisiones en el INSABI, del que poco o nada se sabe.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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