Los poderes judiciales deben estar permanentemente comprometidos con la garantía de los derechos humanos, que es el auténtico límite a los poderes Ejecutivos y Legislativos en los niveles federal, local y municipal. Esta función primordial para el equilibrio entre los poderes debe ser el estigma de su actuación. Por ello, deben mantener y acrecentar su papel como diques ante la afectación de los derechos humanos en la que, eventualmente, pudiera incurrir alguna autoridad, sin que sea una cortapisa a su trabajo la legitimidad democrática, los intereses económicos o políticos, ni la opinión pública.

En una sociedad abierta y crítica, los jueces deben ser ajenos a los vaivenes de la política y el ideal de la impartición de justicia es la existencia de poderes judiciales independientes y orgullosos de la autonomía jurisdiccional puesta al servicio del justiciable. Las manifestaciones colegiadas e individuales, en el trabajo de juzgados y tribunales, así como cada una de las intervenciones de los miembros de los poderes judiciales en los ámbitos académicos y sociales deben reafirman el papel del juez en el Estado Constitucional de Derecho como garantía última de la aplicación e interpretación libre y objetiva del orden jurídico.

En ese sentido, en nuestro país, fue muy trascendente la reforma judicial de 1994, que otorgó formalmente la condición de Tribunal Constitucional a la SCJN, transfirió el gobierno y administración de los órganos jurisdiccionales a un ente perteneciente al poder judicial con autonomía de gestión, el Consejo de la Judicatura y otorgó un papel preponderante al Tribunal Electoral en la conformación del poder social. En algunas entidades federativas se ha avanzado en la misma ruta a menor velocidad, pero hay conciencia que la mejora de la administración de justicia pasa necesariamente por el respeto a la independencia de los jueces.

Los valores de la carrera judicial, que son parte fundamental de la mencionada reforma, deben confirmarse en la cotidianeidad de las resoluciones judiciales y la jurisprudencia de la Suprema Corte, los plenos y tribunales de circuito, ya que los juzgadores se han convertido en el último cuarto de siglo en un contrapeso real, en contraste a lo que sucedía en el régimen de un partido dominante. La reforma fue el pilar de la transformación de la relación entre el juez y la política y entre el juez y la administración pública, lo que ha permitido un mayor respeto a los derechos humanos.

El nuevo equilibrio de poderes es una de las causas primordiales de la superación de un pasado autoritario, poco respetuoso de la persona humana, y su defensa es una de las principales encomiendas de los jueces.

Por estas razones, la nueva Presidencia de la Suprema Corte debe asumir un liderazgo estratégico, en su doble carácter, Tribunal Constitucional y de revisión, y debe ser una pieza fundamental en la consolidación del nuevo paradigma jurídico que gira en torno a los derechos humanos. Por un lado, la atención que generan en la opinión pública sus resoluciones en materias de gran interés para la defensa de las libertades de los habitantes de nuestro país, sin que importe su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra circunstancia. Por otro, la función de revisor último del orden jurídico y, en su caso, expulsor de normas de éste. Este Alto Tribunal no debe convertirse en una caja de resonancia de las corrientes mayoritarias, ni de los intereses políticos, económicos o sociales.

Estos dos aspectos del papel del Alto Tribunal en el Estado Constitucional de Derecho, lo convierten en un referente obligado en el ejercicio de las funciones gubernativa y legislativa. Afortunadamente, hoy no es concebible el debate serio de una iniciativa legislativa o el diseño de una política pública que no tome en cuenta las resoluciones, las tesis aisladas y la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales.

Lo anterior exige que los jueces en general, y la Suprema Corte en especial, sean muy enfáticos en su postura de garante de la Constitución y eficientes en la divulgación de las tesis del Poder Judicial en su conjunto, en la difusión de los debates en el Pleno y en la profundización en su labor de conformación de una cultura jurídica orientada en el respeto de los derechos humanos. Ellos son los auténticos garantes del equilibrio de poderes.

Los Consejeros de la Judicatura Federal, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito deben ser el apoyo de este nuevo papel trascendental. De ahí la importancia de dar mayor transparencia a sus procesos de nombramiento, especialmente, a la designación por concurso o comparecencia ante los órganos de representación democrática. Una mayor legitimidad en estos procesos de selección es la base del fortalecimiento de la función de los integrantes del PJF en la sociedad.

Miembro Electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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