El margallate que se ha armado por la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha enredado a tal punto que solamente los conocedores logran entender (y a veces no del todo bien) lo que está sucediendo.

Tratando de poner un poco de orden en una materia con tantas aristas, quisiera intentar aquí explicar y analizar el asunto: resulta que al presidente de la república un buen día se le ocurrió que, así como estaban las cosas, no funcionaban a su gusto y, en consecuencia, había que cambiarlas: fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y poner orden en el sistema eléctrico nacional, dominado por empresas particulares nacionales y extranjeras. Así, presentó su iniciativa de Reforma Eléctrica a la Cámara de Diputados con la recomendación de que “no se le cambiara ni una coma”.

Académicos, especialistas en la materia, partidos de oposición y la Comisión Federal de Competencia (COFECE) criticaron esta iniciativa porque en realidad: aumentaría el precio de la luz, limitaría la libre competencia, desalentaría la generación de energías limpias como la eólica (aprovechamiento del viento) y la solar.

En este lance, desde luego, está en juego la división y equilibrio de poderes, que es uno de los fundamentos de la democracia. El punto es que, desde que se instaló el nuevo Congreso de la Unión (con mayoría de Morena y sus partidos aliados), y tomó posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, se exhumó el viejo presidencialismo; es decir, lo que se decide en Palacio Nacional nada más se tramita, sin chistar, en el Poder Legislativo.

Morena y sus partidos aliados cumplieron con las instrucciones de AMLO de aprobar la iniciativa al dedillo. Además, llevaba dedicatoria: se trataba de una “iniciativa preferente”. Esto ocurrió en la Cámara de Diputados el 24 de febrero; en la Cámara de Senadores el 2 de marzo.

Parecía que todo iba viento en popa; no obstante, afortunadamente, aún contamos con el Poder Judicial: Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió un amparo a dos compañías privadas que operan en el sector eléctrico; amparos que suspenden, provisionalmente, la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica promovida por López Obrador.

Al juez Gómez Fierro se sumó, Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez especializado en Competencia Económica. Este último juez, concedió otra suspensión, con efecto general contra la reforma eléctrica.

En total, van más de 30 suspensiones contra la reforma eléctrica promovida por Andrés Manuel López Obrador.

Conociendo el carácter impulsivo e irascible del hombre nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, seguro ha de haber montado en cólera al saber la decisión de los jueces. De inmediato, AMLO envió una carta a Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para solicitar que revisara la manera de proceder de los jueces vinculados al expediente del sector energético: “porque sería el colmo que el poder judicial del país estuviera al servicio de particulares.” Dicho de otro modo: como en este país el único que manda soy yo, al único que deben servir los jueces es a mí.

El reconocido jurista, Elisur Arteaga, en un artículo titulado: “Un ataque al Poder Judicial Federal”, afirma respecto de la posición tomada por AMLO respecto de los jueces que emitieron suspensiones provisionales: “El señor presidente no se midió; tampoco tuvo idea del alcance de su despropósito. Sus declaraciones fueron más allá de ser una de sus tantas ‘ocurrencias’. Son una soberana torpeza política y un atentado contra el Estado de derecho.” (Proceso, 16/03/2021)

López Obrador sabe que la batalla legal la tiene perdida, por eso adelantó que, en caso de que su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica sea declarada inconstitucional, propondrá otra reforma, ¡pero esta vez a la Carta Magna!

Lo dijo en los siguientes términos: “Yo estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma, pero si así lo determinan los jueces, magistrados, ministros, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la Hacienda Pública”, afirmó en su conferencia matutina. (Financiero, 16/02/2021).

Es evidente el intento autoritario de Andrés Manuel López Obrador respaldado por Morena y los partidos aliados. Ellos están haciendo un cálculo de conveniencia y oportunidad: la querella sobre la reforma eléctrica ya no se resolverá en esta legislatura. Por eso, de acuerdo a las proyecciones estadísticas, la coalición “Juntos Haremos Historia” alcanzaría, de nuevo, no sólo la mayoría simple, sino incluso la mayoría calificada para llevar a cabo las reformas constitucionales que quiere realizar AMLO. Ya se vería en el Senado cómo se puede convencer a legisladores de oposición para sumarse a la causa. Pero, además, se necesita la aprobación de la mayoría de los congresos locales (30 legislaturas locales estarán en juego el 6 de junio) y allí es donde se va a decidir el intento de AMLO de establecer una nueva Constitución.

Seguramente, esa nueva Carta Magna no sólo abordará temas propios de la industria eléctrica.

Cuidado.

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