En las últimas semanas, el Gobierno de la Ciudad de México ha destinado a diversas alcaldías, recursos humanos y materiales en seguridad, como incorporación de patrullas y policías, así como equipos y uniformes a los diversos sectores con el fin de reforzar su presencia y disuasión de la inseguridad en la capital.

Sin duda, esto ha sido visto como una excelente acción toda vez que la seguridad sigue siendo hasta hoy, la principal demanda ciudadana, no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país.

El recurso destinado a la seguridad en esta administración, ha sido uno de los más grandes de los últimos sexenios pues de acuerdo con lo presupuestado para este año, el actual gobierno le asignó a dicho rubro un total de 54 mil 276 millones de pesos y con ese recurso se busca reducir los altos índices delictivos que han mermado la vida diaria en la capital.

Por un lado, se trata de una excelente noticia ya que dicho recurso es fundamental para cualquier acción de gobierno y por fortuna, se cuenta con ello y aunque esa cantidad bien pudiera ser utilizada en salud o educación, su destino no tiene impedimentos por tratarse del combate a la inseguridad.

En contraste, este recurso pudiera ser infructuoso pues de poco serviría si desde el Poder Legislativo no se pone fin a la llamada puerta giratoria que el nuevo Sistema de Justicia Penal ha propiciado, pues no conforme con que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, otorgó libertad anticipada a cincuenta mil reos, los presuntos delincuentes ahora llevan su juicio en libertad y eso es aprovechado para seguir delinquiendo y en muchos casos, amedrentar sus víctimas para que no los señalen o  no ratificar su denuncia, lo que pone en riesgo las puestas a disposición o presentaciones que los policías con patrullas y equipo nuevo han realizado en los diferentes ministerios públicos del país.

Muchas veces, se ha culpado a los jueces, y aunque no se descartan excepciones, ellos sólo aplican la ley existente derivada de un proceso legislativo, por lo que ya son varias las voces que han pedido que se modifique la misma, por lo menos, para incluir en el catálogo de delitos graves la venta al menudeo de drogas y la extorsión, delito que deja una gran cifra negra toda vez que la víctima no denuncia por ser amenazada de muerte, principalmente a comerciantes, quienes prefieren pagar el famoso derecho de piso.

Aunque recientemente se haya reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y en el que incluyeron el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento mediante actos de corrupción, robo de hidrocarburos, feminicidio, abuso sexual contra menores, robo de casa habitación, robo al transporte de carga, desaparición forzada de personas y cometida por particulares e ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, aún quedan los delitos antes mencionados toda vez que la extorsión y venta de droga al menudeo son los que más han estado afectando a las personas y comerciantes.

Delitos, por cierto, que más se cometen en la Ciudad de México y que hasta la fecha se han perseguido con una mayor presencia policiaca, incluso con la Guardia Nacional, pero de poco sirven los recursos económicos, humanos y materiales, así como los esfuerzos coordinados entre los tres niveles de gobierno si los legisladores federales no hacen su parte para tipificar estos delitos como graves y disminuir las cifras negras que tenemos en la actualidad.

*Alcalde de Venustiano Carranza