Creo que la virtud más notable e indiscutible del presidente López Obrador es su énfasis en la justicia social. Su intención de atender primero a la población más pobre y más marginada es algo admirable, y sólo comparable a la que adoptó el general Lázaro Cárdenas en su momento. Su admiración por las comunidades indígenas y su interés por favorecerlas no tiene paralelo en la historia moderna.

Lo discutible, en todo caso, son las políticas mediante las cuales se propone llevar a cabo esa justicia social. La intención moral es loable, lo que se pone en entredicho son los medios. Es cuestionable, al menos en parte, la decisión de construir esa justicia mediante repartos directos de dinero a grupos de población determinados.

Es humanamente comprensible que el Estado conceda a la población de edad avanzada que sufre carencias económicas un mínimo apoyo monetario. Pero no parece justificable éticamente que ese premio se otorgue a todas las personas de esa condición, porque entregar dinero público a personas autosuficientes económicamente y, por tanto, no necesitan ese dinero, no es un acto de justicia, es, por el contrario, un acto de inequidad.

En la concesión masiva de becas a estudiantes se observan dos problemas evidentes: uno, reglas de operación que no establecen con claridad suficiente que los beneficiarios sean alumnos pobres, que necesitan el subsidio para seguir estudiando o, en ocasiones, dejar el trabajo para dedicarse 100 % al estudio. La segunda inconsistencia reside en que los programas de becas no han sido evaluados de forma sistemática de tal manera que se desconoce cuál ha sido el impacto que esas becas han tenido sobre la permanencia en la escuela y sobre el aprendizaje.

Las becas, por sí solas, no pueden juzgarse como opuestas al principio de justicia; al contrario, existe evidencia histórica que demuestra que fueron, en el siglo XX, un factor decisivo en el éxito escolar de muchos estudiantes pobres y una palanca para la movilidad social.

Particularmente preocupante es el programa de beca universal para los alumnos de educación media superior. Este programa es universal y no distingue entre estudiantes pobres, de clase media o ricos; por consecuencia no respeta el principio de equidad consagrado en el nuevo artículo Tercero. Por añadidura, el impacto de las becas masivas otorgadas a estudiantes de este nivel fue evaluado en años anteriores por el Banco Mundial a solicitud de la SEP y se pudo probar que las 800 mil becas otorgadas (de 800 pesos mensuales cada una) no tuvieron ningún impacto positivo sobre la permanencia o sobre el aprendizaje. Es decir, el impacto de las becas fue, simplemente, nulo (véase De Hoyos, Nexos, mayo 2019).

La política de becas estudiantiles absorbe una gran cantidad de recursos. Son 11 millones de becas que consumen 70 millones de pesos (poco menos del 10 % del presupuesto educativo). O sea, es una cantidad significativa y determinante del gasto en educación. Desde este punto de vista, los integrantes de la Cámara de Diputados deberán tener especial cuidado en el momento de decidir los términos en que se incorporarán —si tal es el caso—las becas a estudiantes como derecho social dentro del artículo Cuarto de la Constitución. Será una decisión de enorme trascendencia.

Gilberto Guevara Niebla