Paul Manafort, un millonario que fuera jefe de campaña de Donald Trump cometió fraude bancario, engañó al erario, por muchos años no pagó impuestos, obstruyó la justicia y mintió a las autoridades aun cuando había legalmente jurado decir la verdad. Por esos delitos se enfrentaba a la posibilidad de 24 años en prisión de acuerdo a la ley, pero su sentencia, dictada la semana pasada, fue de 47 meses tras las rejas. Se espera que quede en libertad en tres años, si no antes.

El juez, T.S Ellis III, que tuvo el a caso a su cargo, ha dicho que el castigo sugerido por el código penal le pareció excesivo y que, aun cuando los delitos son graves, no requería, a su juicio, que este acaudalado y elegante señor de 69 años de edad, estuviera prisionero hasta cumplir los noventa.

En cambio, un individuo cuyo caso estaba en manos de abogados defensores que los representan gratis (Brooklyn Defender Services) fue condenado el mismo día a 72 meses en prisión por robarse cien dólares en monedas de 25 centavos de un establecimiento para lavar ropa, por lo que estará encerrado, seguro, más tiempo que el amigo del presidente que defraudó al fisco por más de seis millones de dólares.

Y qué decir del adolescente que fue sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel por incendiar un colchón en el pasillo del edificio de departamentos donde vivía y que resultó en la muerte por inhalación de humo de un agente de la policía que acudió al lugar. Otro caso es el de Crystal Mason, una exprisionera que fue enviada de regreso a la cárcel por cinco años, acusada de haber votado en las elecciones de 2016 sin saber que criminales convictos no tienen derecho a participar en los comicios.

Todo esto pone de relieve un sistema de justicia que es mucho más benévolo para aquellos ciudadanos con dinero, amistades y buenos abogados, pero que no es tan complaciente con los pobres y las minorías. Aquí van a la cárcel principalmente los afroamericanos y los latinos, quienes aun si no comenten delitos graves o violentos, en la mayoría de los casos carecen de los medios económicos para contratar buenos defensores o para pagar las fianzas con las que podrían quedar libres.

Nadie niega que la justicia en este país es menos complaciente y mucho más dura que en cualquier otra nación con niveles socioeconómicos similares. Aquí el que la hace la paga, sobre todo si no tiene dinero, así 2.4 millones de personas están en prisión, mucho mas que en ningún otro país, incluyendo Rusia y China.

El número de personas en la cárcel es aquí cinco veces más grande que en Gran Bretaña, nueve veces más que en Alemania y doce veces mayor que en Japón. Estados Unidos tiene el cinco por ciento de la población universal, pero cuenta con el 25 por ciento de los reos de todo el mundo y un nivel de encarcelación cinco veces más alto que el resto del planeta. Nunca antes en el mundo civilizado se encerró a tanta gente.

Sin embargo el alto número de gente en prisión no se debe a que los 325 millones de estadunidenses sean más malos y diabólicos que el resto de los terrestres, sino principalmente a que las penas son más largas que en cualquier otra parte. Además, el sistema judicial se ha ido por el lado equivocado, llenando las cárceles no con asesinos, violadores o criminales peligrosos, sino en su mayoría con aquellos individuos que usan o se les encontró alguna droga.

Hay estados como California donde la justicia es implacable y quien cae en la cárcel por tercera vez, no importa qué tan pequeño sea el delito, es sentenciado a 25 años de cárcel como mínimo o a vida en prisión. Está el sonado caso de Leandro Andrade, quien se llevó sin pagar tres videos infantiles, incluyendo Cenicienta, Blanca Nieves y Liberen a Willy, por un total de 154 dólares y ahora no tiene posibilidad alguna de salir bajo fianza antes de 2046, a los 86 años de edad.

La justicia aquí incluye también la posibilidad del perdón presidencial, que se espera será lo que suceda con Manafort, que seguramente será perdonado por Trump. Los críticos sostienen que los delitos cometidos en una oficina no se castigan nunca con la severidad de los que se comenten en la calle. No están pidiendo penas más severas, sino un sistema más justo y sin privilegios para unos cuantos.

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