A últimas fechas se ha desatado un intenso debate a propósito de la política de migración del gobierno mexicano en un contexto marcado por dos problemas graves. El primero es la radicalización del discurso racista, antiinmigrante, identitario del gobierno de Estados Unidos. El segundo, el empeoramiento de las condiciones de vida en América Central, especialmente en Honduras y El Salvador y, en menor medida y por razones distintas, en Guatemala y Nicaragua.

Ambos procesos han colocado a México en una posición crecientemente incómoda. Mucho más porque, en administraciones previas, México optó por una política de migración que, lejos de resolver los problemas de la cercanía con EU y América Central, los empeoraba al hacer muy difícil el tránsito por México.

Ello generó condiciones que favorecieron el tráfico de personas, la trata, así como el secuestro y el reclutamiento forzoso de personas para incorporarse a las filas del narcotráfico, además de que hizo que algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migración tuvieran fuertes incentivos para participar ellos mismos de las redes criminales que se benefician por los ataques a las personas migrantes.

La situación alcanzó un punto crítico el miércoles 27 de marzo cuando distintas cadenas de TV transmitieron imágenes de la manera en que cientos de migrantes, la mayoría de ellos de América Central, eran obligados a permanecer en un bajopuente que la Border Patrol usa en El Paso, Texas, como estacionamiento. Se les puso ahí mientras el gobierno de EU procesa sus solicitudes de asilo.

La situación, de por sí difícil, es más grave porque el gobierno de EU se encuentra en una fase de reagrupamiento luego de la entrega del reporte del fiscal especial Robert Mueller y de cara a la elección intermedia de 2020, en la que tratan de presentar a la migración indocumentada como el más grave problema de ese país, pues así conviene a la estrategia de la campaña para la reelección de Donald Trump.

El mismo gobierno de México ha reconocido la gravedad de la situación. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, anunció de manera un tanto accidentada un cambio en la política de migración que el actual gobierno federal ensayó durante los primeros tres meses de la gestión, que amplió de manera notable el número de visas humanitarias y facilitó el ingreso a México de centroamericanos en tránsito hacia EU. El cambio resulta difícil de sostener por el número de quienes consideran que podrían ser admitidos como refugiados en EU, lo que ha generado lo que doña Olga calificó como una “crisis migratoria”.

Por ello, la propia Sánchez Cordero habló de necesidad de hacer de los 200 kilómetros del Istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha de la geografía mexicana, una suerte de frontera interior en la que se identifique a quienes están en México. Ello lo hizo horas antes de que Trump lanzara otra más de sus diatribas, acerca de lo poco que, según él, hace nuestro país para detener a los migrantes, lo que—desde luego—conecta con su obsesión acerca de la supuesta necesidad de un muro en la frontera común.

Nadie tiene claro qué intentará hacer el gobierno de México en el Istmo. ¿Se crearán ahí refugios para los migrantes? ¿Qué capacidad se espera que tengan esos refugios? ¿Quién financiará el funcionamiento de eso? Es importante considerar que, a pesar de que en México seguimos siendo mayoría quienes consideramos que no se debe regresar a la política previa de deportaciones indiscriminadas, existe el riesgo de que la opinión pública se canse del cambio y ganen fuerza quienes desean una política antiinmigrante más severa.

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