En medio de las armas, las leyes palidecen

Cicerón

María Medina, profesora privada de la vida el pasado viernes 10 de enero por uno de sus alumnos, quien lamentablemente se suicidó, es tan sólo uno de los múltiples homicidios cometidos con arma de fuego.

Algunos casos ganan atención mediática debido al lugar en que ocurren, las circunstancias de su realización, o las características personales del agresor y de la víctima y aun así los homicidios que diariamente se cometen son tantos que las 24 horas de cada día no serían suficientes para hacerlos del conocimiento de la opinión pública. Nuestras circunstancias son peor de lo que parecen.

Pero entre todas aquellas singularidades, aparece como común denominador el uso de armas de fuego. De 18.9 millones de delitos en que la víctima estuvo presente, en 32.2% el sujeto activo portaba un arma de fuego (Envipe 2019), particularmente en homicidio, feminicidio, secuestro y robo.

No obstante que hasta julio de 2018 la Sedena tenía un registro de 2 mil 689 licencias vigentes para portar armas de fuego, de 40 mil 663 homicidios a nivel nacional, 18 mil 906 fueron cometidos con arma de fuego (SESNSP), o sea que para que las cifras cuadraran cada una de las personas con licencia habría tenido que cometer, en promedio, nueve delitos.

Otra vez las leyes palidecen frente a la realidad, una avasalladora cifra de compraventa de armas en un mercado negro en el que el gobierno federal sencillamente no quiere o no puede (porque no sabe) meterse. Si la simple amenaza con un arma de fuego es en sí misma impactante para las víctimas, mucha mayor trascendencia cobra la comisión de delitos patrimoniales como el robo, que en un santiamén pueden convertirse en homicidios. ¿Dónde quedaron aquellos días en que un asalto era sólo eso? Hoy tenemos que agradecer no haber sido víctimas del delito y si lo somos, no haber muerto.

Aunque es innegable que en nuestra sociedad se intensifica la normalización de la violencia, con teleseries, películas, videojuegos, experiencias de vida en el hogar, la escuela y una serie de factores interminables que llegan a transmitir un equívoco pero atractivo mensaje de empoderamiento mediante la apología del delito y la idolatría de personajes violentos o delincuenciales, también es cierto que la seguridad no se vulnera sólo por estas causas y que es una responsabilidad de primera importancia a cargo del Estado. Así, si las armas de fuego son un eslabón que compromete sensiblemente la paz social, el Estado tiene que romper con su origen que podemos ubicar en el tráfico ilegal desde la frontera norte. Hace unos días, en la reunión de embajadores y cónsules acreditados en el exterior, se informó que un 70% del armamento en México proviene de EUA, principalmente de tres Estados fronterizos: Texas (41%), California (19%) y Arizona (15%). Y es que allá la regulación de las armas de fuego es tan variable como laxa porque existe una cultura de la tenencia, portación y uso de armas por parte de la ciudadanía común, como un derecho constitucional para proveerse de seguridad. Ejercicio de un derecho que desde luego intensifica la fabricación y comercio de armas que también llegan a nuestro territorio.

En días pasados nuestro Canciller expresó “…queremos que para EU sea una prioridad reducir las armas que llegan a México.” ¡También culparon a un videojuego! Si nuestras autoridades creen que con estos anhelos y tácticas persuasivas e incriminatorias de avanzada lograrán algo, están profundamente equivocadas. A EUA no le interesa nuestra seguridad, no a esa escala. La inacción gubernamental es un error y dejar la atención en manos ajenas, complicidad.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
Twitter: @capastranac