La idea de una sociedad civil como un todo articulado confrontado con el gobierno es un eufemismo utilizado en exceso en los últimos años. Algunas organizaciones todavía lo ocupan para expresar sus intereses y visiones particulares del mundo como si fueran absolutamente compartidas por todos. Esto obviamente es falso, pero fue suficiente para limitar —acorralar— a los gobiernos electos en forma mayoritaria y anteponer las propuestas de grupos minoritarios.

El concepto de sociedad civil tiene varias acepciones en el discurso político. Originalmente, era el espacio en el que se reproducía la desigualdad social que se confrontaba con el poder estatal que pretendía igualar a los hombres en sus derechos; esto justificó el surgimiento del estatismo de los inicios del siglo XX. Posteriormente, fue un espacio de libertad confrontado con verticalismo autoritario y burocrático del comunismo, el nacionalsocialismo y las democracias sociales en cuyo nombre se reivindicaba la lucha por los derechos de los individuos.

Estas dos nociones son opuestas, pero parten de un mismo supuesto: las sociedades son una amalgama de intereses y fuerzas contrapuestos, surgen y evolucionan permanentemente divididas en por lo menos dos bandos identificables: los que mandan y los que obedecen, los que tienen medios de producción y los que sólo cuentan con su trabajo.

Estas categorías sociales existen, han existido y seguramente existirán, salvo que consigamos como humanidad alcanzar un auténtico paraíso terrenal imaginado por los utopistas de la Edad Media, de la Ilustración, del comunismo, del nacionalismo racista o del pueblo bueno y justo. Sin embargo, la sociedad sin clases todavía es un mito político y un deseo siempre atractivo del igualitarismo ideológico.

Las sociedades divididas deben ser gobernadas si pretenden realizar objetivos comunes. Los gobiernos de distinta índole —buenos o malos—, son necesarios para lograr un orden mínimo para una convivencia armónica y pacífica.

En ese sentido, el gobierno, cuando requiere de solidaridad para llevar a cabo sus proyectos, convoca a la unidad de la sociedad y cede o domina ante los intereses opuestos. Los gobiernos basados en el consenso social son la principal conquista de la democracia representativa, que garantiza un espacio de debate y propone que las mayorías manden con respeto en los derechos de los individuos y las minorías.

Entonces, en las democracias no capturadas por las oligarquías del dinero o la tradición, el gobierno es el representante de las mayorías, salvo que sus dirigentes quieran mimetizarse con las minorías privilegiadas o les concedan demasiado por una falta de compromiso con el cargo que desempeñan.

Las sociedades divididas para ser exitosas en el tiempo deben aprender a cooperar y la tarea del gobierno es generar confianza de que todos obtendrán algo en el presente o en el futuro.

Actualmente, vivimos una crisis de confianza en los gobiernos y en los aparatos económico, político, cultural y religioso que los sostienen. Esto permite el surgimiento de líderes que se aprovechan de la división social para conquistar y mantenerse en el poder. Su principal alegato es que no se puede trabajar con quienes son distintos, porque estorban y, por lo tanto, es mejor excluirlos del proyecto de sociedad en renovación.

El resultado de una crisis similar en Europa en el siglo XX fue una devastadora guerra de treinta años, escenificada en dos etapas, cuyo rasgo esencial fue el genocidio en los campos de concentración y en los bombardeos indiscriminados de los asentamientos civiles y blancos no militares.

Hoy, las sociedades divididas subsisten y eso lo demuestra la gran desigualdad social en el mundo. También, las posiciones ideológicas se radicalizan y los grupos gobernantes se dividen en bandos opuestos irreconciliables.

En este contexto, la sociedad civil concebida como espacio de la desigualdad social se convierte en el principal enemigo del pueblo que adquiere una voz concentrada en un personaje político que impulsa los odios para convertirse en el fiel de la balanza en la resolución de los conflictos que él mismo alienta. Simultáneamente, la sociedad civil como sinónimo de libertad pierde sentido. Entonces es previsible que los excluidos aumenten, los incluidos disminuyan porque la riqueza repartible —el presupuesto— es limitado y porque se convierte en una necesidad la violación de los derechos de las minorías para allegarse más recursos.

La sociedad dividida que paliaba sus conflictos con un discurso basado en la unidad en torno a un progreso común es sustituida por una sociedad dividida que acude a la exaltación de sus diferencias y la magnificación de los agravios para eliminar al oponente. Lo peligroso es que el fondo de esta espiral de confrontación suele ser la destrucción y la miseria. Los ejemplos históricos sobran.

En este inicio del 2020, el deseo es que en la tercera década del siglo XXI haya una mayor cordura en las relaciones de las sociedades dividas y que la democracia no sucumba en los pocos lugares en que existe con autenticidad.

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