Opinión

Las tensiones entre el presidente y los gobernadores.

Las tensiones entre el presidente y los gobernadores.

Las tensiones entre el presidente y los gobernadores.

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

Inusual fue ver al gobernador de una entidad federativa sentado en la vía pública esperando ser recibido por el presidente de la República. Le sucedió a Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, el pasado 29 de junio, frente al Palacio Nacional, donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay recuerdo de un episodio semejante, cuando menos en la historia reciente, sobre un desaire de tal magnitud a un representante electo por un estado soberano. Ni siquiera cuando se inició la alternancia, pues con todo y que el propio López Obrador fue Jefe de gobierno del D.F. postulado por un partido diferente al del presidente, aun con tensiones, no pasó algo así.

Hay que recordar que México es una República Federal de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que quiere decir que se trata de un territorio de suma de voluntades ejercidas históricamente desde el siglo XIX, de acuerdo con un pacto aceptado por estados soberanos. Ser parte de la Federación significa también compartir competencias, beneficios y obligaciones. Es un sistema que busca el equilibrio entre las entidades que han acordado que los recursos económicos que se producen permitan la distribución equitativa de los que más tienen con los que tienen menos. En eso radica la fuerza de una república federal cuyo gasto debe ser acordado y regulado con la intermediación de un Congreso donde están representadas las partes que se suman en el proyecto.

El presidente de la República goza de un gran poder para buscar los equilibrios de un desarrollo de suyo muy desigual de acuerdo con la geografía y los recursos de un país como México, con un territorio muy accidentado, un sur con mucha agua y un norte con tierras desérticas, regiones petroleras, macizos montañosos por doquier y valles y planicies que a veces albergan tierras cultivables y a veces no. Baste con estos ejemplos que muestran con contundencia la diversidad geográfica del país que vivimos.

El conjunto del territorio es administrado y gobernado por autoridades electas al igual que el presidente que radica en la capital de la república. En ese sentido los iguala su origen basado en la voluntad del pueblo soberano y tanto los gobernadores como el presidente tienen que compartir decisiones para, con la autonomía que la ley les otorga, dirigir los asuntos del país.

En la actual agenda política del país destaca lo que concierne al pacto fiscal, tema que la pandemia por Covid-19 ha puesto en lugar primordial, porque dio pretexto a los gobernadores para el alegato que mantienen de tiempo atrás respecto a la distribución de los recursos públicos ya que las circunstancias les dieron pauta para pedir incrementos para enfrentar los efectos de la enfermedad. No pudieron avanzar, primero fueron excluidos del programa de vacunación que, con su intervención pudo haber sido más eficaz, y solo se permitió que lo hiciera la gobernadora de la Ciudad de México.

Según ellos, el gobierno federal ha privilegiado el gasto en los proyectos emblema de la actual administración: Refinería de dos bocas, Tren maya y Aeropuerto de Santa Lucía. Los tres resultan significativos para el desarrollo regional sobre todo del sureste de México en el caso de los dos primeros; sin embargo, el tercero pudo impactar el desarrollo del Estado de Hidalgo, pero se dio juego a la centralidad del Estado de México.

Enhorabuena a la preocupación por llevar el desarrollo a una región con tantas carencias como la del sureste, pero no debe olvidarse que Tabasco llegó a ser en la década de 1980 uno de los estados más ricos por sus ingresos petroleros, pero cuando se trataba de administrar la abundancia, fallaron las capacidades y las prevenciones a futuro. De no ser así, y haberse logrado un desarrollo bien apuntalado, no habría llevado a su población a las carencias que enfrenta. Entonces, ¿qué o quién garantiza que la gran inversión que se realiza pueda repercutir en el desarrollo que se busca?

El presidente ha reaccionado como todos los gobiernos centralistas al decidir por el conjunto lo que -de acuerdo con su apreciación- conviene al país. Consideración que no toma en cuenta las atribuciones de los estados debido a su aportación al Producto Interno Bruto que posibilita la existencia de una federación. Son el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León los que más aportan, luego de la Ciudad de México, mientras que otros estados aportan muy poco y viven de la distribución general. Por supuesto hay formas compensatorias, por ejemplo, Chiapas y Tabasco, debido a sus recursos hidráulicos y a las grandes presas, surten un porcentaje importante de electricidad a gran parte del territorio.

Episodios recientes están demostrando los desajustes del poder presidencial frente al poder que la Constitución otorga a los gobernadores, entre los que pueden destacar los constantes conflictos con Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, justo los estados que debían tener una mayor incidencia política por lo que aportan a la federación. En septiembre de 2020, en este último estado aconteció un movimiento en torno de la presa La Boquilla, que se surte con el agua de los ríos Bravo y Colorado, que comparten con Estados Unidos. Los agricultores se negaban a cumplir los acuerdos internacionales alegando la sequía que comenzaba a manifestarse en el país y particularmente en su región ganadera. En lugar de enviar a la entonces directora de CONAGUA a negociar, ya que se trataba de un conflicto en torno a la materia que regula esa dependencia, envió a la Guardia Nacional, la que en su actuación causó la muerte de una mujer que defendía los derechos de los agricultores. Lejos de apoyar una negociación en beneficio de Chihuahua, desde el centro político del país se expresó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el sentido de que había perdido la confianza en el gobernador Javier Corral Jurado porque apoyó a su población ¡como correspondía a su encargo!

Ni atisbos de los gobiernos de tradición federalista que -aun con una muy fuerte tendencia centralista-, dispuestos a una negociación que ahora está ausente. Los gobernadores, desde la visión del Ejecutivo nacional, carecen de capacidad operativa en lo político y en lo social, y más si son de la oposición. Por eso cabría preguntarse si al no considerarlos parte del engranaje que permite la gobernabilidad, ha contribuido a su vulnerabilidad en la operación en contra de los grupos criminales que ahora han encontrado formas de delinquir sin ninguna barrera de contención en los estados donde la tensión entre el presidente y los gobernadores es mayor. Nada que ver con aquella consigna del pasado político de México, cuando los gobernadores tenían más fuerza con el apoyo presidencial y éste se sabía fortalecido por los soportes con los que contaba en los estados, parte del engranaje político necesario para el buen gobierno.

Ahora pareciera que solo gobiernan al país el presidente y los gobernadores del mismo partido, tal como se evidenció luego de las elecciones del 6 de junio pasado cuando para celebrar el resultado solo fueron convocados quienes triunfaron por el partido oficial mientras el resto, propuestos por otros partidos, no fue considerado como si careciera del mismo rango.

Varias son las tendencias que han marcado el proceso que ha llevado a las tensiones de la hora actual entre el presidente y los gobernadores.

1. El presidencialismo que había disminuido su fuerza debido a los cambios constitucionales y reformas políticas, que dieron más presencia a los poderes legislativo y judicial, se ha reinstalado con nuevos bríos. Es paradójico que lo más criticable de los gobiernos previos se enfocó hacia los presidentes debido a que su acumulación de poder les permitía la discrecionalidad en sus operaciones. Algo en lo que también participaron esos gobernadores a quienes se les llamó virreyes, por su manejo tan voluntarista.

2. Ese presidencialismo, no obstante, se fortificó con los gobernadores porque desde la Revolución se buscaron los consensos para alcanzar la gobernabilidad y mantener la calma en el país. Eso no eximió la existencia de grupos políticos que protagonizaron fuertes conflictos y que desembocaron en la fórmula de desaparición de poderes con la intervención del Congreso. Ahora para evitarse llegar a ese extremo, se disminuye el poder de los gobernadores y se niega su actividad como si no existieran. Ese es el trato que se ha dado a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas en una comedia de errores y equivocaciones del Legislativo y del Judicial que deslegitiman el equilibrio de poderes.

3. Los gobernadores buscan sus espacios y defienden su actuación política en los estados. Puede decirse que siempre encontraron limitaciones para su ejercicio, ya se demostró con la creación en 2002 de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), en defensa del federalismo, es decir para fortalecer a sus entidades y encontrar “mayor equilibrio y distribución de potestades”. Se buscó una agenda común y la unión se dio entre gobernadores sin importar el partido que los había llevado al cargo. Diferente fue con la creación de la Alianza Federalista, la respuesta de gobernadores procedentes de los partidos diferentes al oficial como medida de fortaleza frente al nuevo Ejecutivo en 2019.

4. En la Ciudad de México se ha configurado como reflejo la misma forma de gobernar que la del conjunto nacional. Era impensable que algún delegado, como se designaba antes a los jefes de las demarcaciones, actuara sin el total acuerdo del otrora Jefe de Gobierno que había heredado la forma de funcionar de los antiguos regentes. Cuando los cargos fueron por fin votados, se buscó la convivencia entre quienes procedieron de diferentes partidos y la capital tuvo tres gobiernos diferentes al del presidente. Después de las elecciones del pasado 6 de junio, en un inusitado desplante se mencionó que la Gobernadora de la Ciudad de México solamente acordaría con los alcaldes procedentes de su partido político. Sería una pésima jugada para la gobernabilidad de la capital del país y para la soberanía que garantiza la legislación, no dar el mismo trato al conjunto de los alcaldes, cuando al ser electos representan al conjunto de la demarcación y no solamente a quienes fueron sus votantes.

Con voluntad política y una relación que sume los más diversos intereses, que acepte que México es un gran país con graves problemas pero también con grandes recursos naturales y humanos, podrá superar las relaciones políticas que está entorpeciendo la difícil tarea de gobernar y, sobre todo, de preservar su tranquilidad.