En septiembre del 2018, en la plancha de las tres culturas de Tlatelolco, el viejo aliado de Andrés Manuel López Obrador, ese poeta luchador social, al que la inseguridad le arrebató la vida de su hijo en Morelos, abrazó a su amigo, ya Presidente electo, y le entregó el documento que durante meses había estado trabajando para regresar la paz y la justicia a los mexicanos. Le prometieron, lo citaron algunas veces y luego, lo olvidaron.

A Javier Sicilia no era la primera vez que los grupos afines a Morena, los aliados a López Obrador terminaban traicionándolo. Lo habían usado en el 2011 cuando, sin que él se enterara, le dieron una vuelta de tornillo a las causas de su movilización para convertirla en política en contra de Calderón y a favor de AMLO.

Esas corrientes que entonces y hoy son ultradefensoras de López Obrador y que arropan con armadura al gobierno de la 4 T, son las que dirigen las campañas en contra de la marcha por la paz y la justicia, programada para el próximo jueves 23, de Cuernavaca a la Ciudad de México, y de sus convocantes, Javier Sicilia Zardain y Julián Lebarón,miembro de una familia chihuahuense que ha perdido a una decena de integrantes acribillados por la delincuencia.

Una campaña discursiva, de odio, de menosprecio a las causas, de ataques directos anti- Sicilia y anti-Lebarón que, dicen algunos de los participantes, se ha orquestado entre los muros de la propia Secretaría de Gobernación, específicamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde yace el documento que hace año y medio entregó Sicilia para sanar los males de inseguridad; donde lo citaron cuatro veces sólo para darle largas; donde no cumplieron promesa alguna y cuyo titular, Alejandro Encinas, ha empezado a engendrar terrible oposición en la sociedad civil por su inacción.

Es él, aseguran algunas de las voces organizadoras, quien se ha opuesto a darle trámite a las propuestas, a las peticiones, a concretar los acercamientos y darle cabida a los grupos que antaño fueron de apoyo, parte de las mismas filas, del movimiento de Amlo y a los que de nuevo traicionan. Y es él, confirman los periodistas que asisten a las conferencias matutinas del presidente López Obrador, quien llena el oído al mandatario con aprecio o veto de las organizaciones de la sociedad civil.

Los miembros de la marcha no quieren tratar con él y tras la reunión de la semana anterior, tampoco con la secretaria Olga Sánchez Cordero y honestamente tengo la sensación que a partir de saber que el Presidente no estará en México el día en que llega la marcha a Palacio Nacional, tampoco insistirán en ver al mandatario.

Lo que viene será muy interesante en el terreno de la revancha política. Mientras compañeros de movilización, de lucha, de causa y bandera, como Ifigenia Martínez, obtiene para su hija la Comisión Nacional de Derechos Humanos y gente cercana a Encinas maneja las instancias autónomas y dependientes de víctimas, los que caminaron juntos y fueron usados para atacar a los gobiernos anteriores, siguen en la calle sin ser vistos y con la misma petición.

Por eso, la principal solicitud en la marcha que arrancará de la glorieta de La Paloma en Cuernavaca es “hacer visible el movimiento y sus causas ante López Obrador, porque es el único nivel que puede dar trámite y viabilidad legal y ejecutiva al reclamo de toda la sociedad”.

Y como se saben el camino, irán con todo.

Los organizadores advierten que los pasos siguientes consistirán en llevar las denuncias formales ante instancias de la Organización de las Naciones Unidas, al Comisionado de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos (CCPR) y saltarse a la Organización de Estados Americanos (OEA), ésa que ellos saben se ha dejado usar por Morena y sus grupos de presión y que ahora es prosistema aliada de la Subsecretaría de Encinas.

La Caminata por la Paz y la Justicia, como se denomina, llegará a la Ciudad de México el domingo 26 de enero y alcanzará la puerta de Palacio Nacional para solicitar la entrega de demandas específicas al Presidente, pero López Obrador ha anunciado que no suspenderá la gira que agendó al estado de Tamaulipas, sin duda uno de los territorios más afectados por la inseguridad y la impunidad.

Las peticiones son determinantes: una política de Estado que atienda la inseguridad, que acabe con la impunidad y que provea la justicia a los ciudadanos; pero más de 20 organizaciones están listas para elevar al terreno internacional temas de Estado que no han sido resueltos, que el gobierno de López Obrador ha evadido con el argumento de tratarse de asuntos del pasado y que tendrían un grave impacto en su gobierno, tales como ejecuciones y desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad que implican un quebranto a las aspiraciones de México en la silla del Consejo de Seguridad.

No cabe duda que, para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo.

Twitter: @Ethelriq
ethelriquelme@usb.edu.mx