La legislación educativa que aprobó Morena con su aplanadora legislativa incluyó la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) y la Ley Reglamentaria de la Fracción IX del artículo 3.o en materia de la mejora continua de la educación y la Ley General de Educación (LGE).

La crítica de la oposición continuó tildando de “ilegalidad” la forma en la que estas reformas pasaron desde la comisión de Educación al pleno.

En una revisión, la organización civil Mexicanos Primero puso sobre la mesa las observaciones de fondo que ayer se expusieron desde la oposición y que fueron desechadas una tras otra.

Por principio, señala que se delega indebidamente a la SEP la facultad del Congreso de la Unión para regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento de docentes y las demás figuras educativas. La puerta hacia un proceso en el que la autoridad, acorralada o convencida, negocie estos temas con seccionales del sindicato magisterial, parece abierta.

También se señaló que por ley se dará “preferencia a normalistas”, lo que fue expuesto por la oposición como violación a la igualdad de condiciones que se establece en el artículo 3.o Constitucional para las y los aspirantes a ingresar a la docencia.

En contraposición a la rectoría del Estado en materia educativa, en coordinación con las autoridades estatales, se establece “la intervención activa de las representaciones sindicales en los procesos de cambios de adscripción” (artículo 90 de la LGSCMM), lo que, se señaló, vulnera la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión, de gestión y no sectorizada de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, al delegar responsabilidades en un Comité que preside ciertamente el titular de la SEP, pero que tiene más integrantes de instancias externas que de las autoridades a cargo.