Llamó mi atención una iniciativa que aunque aprobada en la Cámara

de Diputados desde el año pasado, acaba de ser turnada a la de Senadores para su correspondiente revisión debido a la suspensión de tramitología provocada por la Covid-19. Se trata de la adición de un cuarto párrafo al artículo 189 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de una mínima reforma al 191 para una corrección meramente gramatical. Y es que aunque hay supuestos que se deberían dar por entendidos, al parecer no está siendo así y de esta forma se estaría

or-de-nan-do puntualmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la o-bli-ga-ción de atender de forma in-me-dia-ta “la emergencia ambiental que haya sido debidamente evidenciada mediante una denuncia popular, con independencia de los términos y atribuciones de los diferentes

órganos de gobierno”. Lo anterior, a fin de reforzar las acciones en

flagrancia (ojo con la palabrita) dentro de la comisión de un delito del tipo

y/o que “represente peligro inminente de daño o deterioro grave”. En esto,

lo complicado vendrá cuando ese daño i-rre-pa-ra-ble y en cuasi flagrancia recaiga sobre quien ocupe la titularidad de la ProFePA o en sus colaboradores.

Y ya que ando sobre el tema, pienso que no estaría nada mal que la Procuraduría referida informara los avances de su supuesta investigación sobre la inferida cacería de bisonte americano sucedida en una UMA cinegética ubicada al norte del país y denunciada popularmente. Dado ese silencio, he de suponer que la dependencia le apuesta al olvido social, pero más que a ello, pueda que no haya manifestado nada por el impedimento en que la tiene la “austeridad republicana”: sin personal suficiente, sin recursos económicos y para colmo mudándose a sede compartida y mucho más modesta. Así también, se está a la espera de que la Fiscalía General de la República, todavía al mando de Alejandro Gertz Manero, vaya dando luces (hasta donde la legislación lo permita) sobre el estado que guarda precisamente LA DENUNCIA ciudadana interpuesta ante su autoridad por la castración y posible desaparición del Oso Negro 34 y que debidamente fundada y motivada ante la Unidad competente aguarda por una resolución que además, al tratarse de un lamentable hecho sin antecedentes, debería por sí sola tener especial atención, sólo que… como involucra a una de esas funcionarias a las que el “Gobierno de México” sólo les exige 90 % de honestidad (¿?) y 10% de conocimientos, a saber cuándo y cómo termine la simple averiguación que permita su curso. Pese a ello, queda advertido, no quitaremos el dedo del renglón quienes con respaldo constitucional representamos en sus derechos a un individuo de especie en riesgo de extinción que fue abusado. Por otra parte…

Sobre el señalamiento al término “flagrancia” les comento que me sigue preocupando mucho esa poco determinada temporalidad que sigilosamente lo acompaña, particularmente en la determinación por la que a través de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México se faculta a los elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a poder ingresar a todo “lugar cerrado” sin orden de juez, pero, eso indica… entiéndase… que debe ser AL MOMENTO o cuando mucho instantes (¿qué será un “instante” jurídico?) después de que se haya cometido el delito de maltrato y/o crueldad sobre cualquier tipo de fauna, aparte, bajo los supuestos establecidos en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal de la CDMX, por lo que siendo así, la posibilidad de proceder como se esperaba queda rezagada, tanto, que a decir del policía segundo Alberto Díaz, encargado del cuerpo especializado y que recién concedió una entrevista para el periódico El Universal, “les debe constar la flagrancia o de lo contrario incurrirían en delito”. Hay personas, aseguró, que reportan presuntos maltratos cuando ni siquiera han ocurrido; sin omitir de mi parte la enorme dificultad que para llegar precisos al hecho representa esta convulsionada, compleja e inmensa Ciudad. Las más de las veces prácticamente les será imposible. Quizás hubiera sido o sería suficiente añadirle al ordenamiento lo mismo que lo subrayado líneas adelante. De otra manera tendríamos que tener cuando menos dos elementos bien equipados por Alcaldía, atendiendo el específico servicio. De ese tamaño el maltrato a los animales en la capital mexicana, donde su Constitución los reconoce como seres sintientes, que si no…

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