Con la presentación, mañana, del Primer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, en el Congreso arrancará un periodo de sesiones durante el cual puede darse por hecho que será amo y señor el populismo, tanto de izquierda como de derecha.

Un periodo en que el partido gobernante y sus opositores se disputarán el discutible mérito de promover las leyes en teoría más benéficas para la sociedad, así se trate de normas voluntariosas, inviables, contraproducentes, inaplicables y hasta riesgosas para la estabilidad económica.

Si la presencia del populismo legislativo era previsible por la sola condición mayoritaria de Morena —la fuerza más obviamente proclive a esta práctica— la formación del frente opositor con las demás formaciones garantiza la entronización de tal tendencia.

La explicación es simple: la oposición ya descubrió la rentabilidad político-electoral del populismo y se dispone a usarla sin el menor escrúpulo, como instrumento de competencia política.

Tal como hace años, en el ejercicio del gobierno en sus distintos órdenes, copió sin el menor recato programas sociales que de dientes para afuera deturpaba, sobre todo el apoyo económico para adultos mayores y jefas de familia.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y MC, Juan Carlos Romero ­Hicks, René Juárez Cisneros y Tonatiuh Guillén, ya anunciaron la formación de dicho frente con pretensión bicameral, cuya finalidad —en palabras del priista— es posicionar “una agenda legislativa que le sirva a la gente y resuelva sus problemas”.

En los hechos eso significará impulsar leyes útiles o no, pero llamativas; razonables o no pero rentables; con o sin apego a la disponibilidad de recursos presupuestarios, y artificial o calculadamente duras con los sectores más acomodados.

Morena tiene una agenda bien definida en función de su necesidad de revertir reformas del anterior régimen y configurar un nuevo entramado jurídico, compatible con la 4T.

El prontuario, de acuerdo con las proyecciones de Ricardo Monreal y Mario Delgado, incluye la necesidad de garantizar la suficiencia de dinero para los programas sociales, de infraestructura, la Guardia Nacional y el rescate de Pemex, y modificaciones para intentar erradicar la corrupción.

Asimismo, la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, las leyes secundarias de la reforma educativa, la poda de la mitad del financiamiento a partidos y la prohibición de condonaciones fiscales.

Además, el combate a la facturación falsa y las empresas fantasma, la austeridad y el tope de sueldos en la alta burocracia; la eliminación del fuero, una ley de amnistía para mujeres, la revocación de mandato, una nueva ley agraria.

Sin omitir la ampliación de los dos periodos ordinarios de sesiones solicitada por el Jefe del Ejecutivo, cuya conveniencia ya fue aceptada por los coordinadores de Morena y sus aliados para crear la impresión de que los diputados y senadores ahora sí devengan su regia dieta.

Se trata, como puede verse, de un completo revolcón a  la legislación nacional, que este fin de semana quedó afinado con la debida orientación del Presidente y de Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, Arturo Herrera, Alfonso Durazo y Santiago Nieto.

Todo ello supuestamente sin menoscabo del objetivo superior de mantener finanzas sanas. El frente opositor en teoría busca temas comunes y curiosamente encontró, en primer término, el interés de compartir el manejo de la Cámara de Diputados y bajar de la presidencia de ésta a Porfirio Muñoz Ledo.

Romero Hicks lo explicó con ampulosidad panista:

En la búsqueda de “construir una agenda para México” se realizó “un diálogo republicano”, y del mismo surgió el propósito de “preservar las instituciones, la legalidad y el Estado de Derecho”, lo que en plata blanca significa tratar, con todos los medios a su alcance, de participar del pastel en San Lázaro.

Y el desvencijado PRD ya anticipó por voz de Miguel Ángel Mancera que impulsará “una agenda progresista cuya prioridad es mejorar las condiciones de vida de las personas y fortalecer el estado constitucional de derecho”.

Los perredistas en la Cámara alta podrían formar un trío y cantar doloridos boleros, mas no sacar adelante una ley. Así y todo, buscan darle luz verde a la mariguana medicinal, garantizar la paridad de género electoral y dentro del Gobierno, erradicar el tráfico de armas, entre otras muchas, muchas ensoñaciones.

Convencidos de que la promoción de iniciativas, cualquiera que sea el destino de éstas, es signo de trabajo legislativo, los del Sol Azteca se ufanan de haber sido el grupo más productivo en términos per cápita durante el primer año de la presente legislatura, con 76 proyectos y 51 puntos de acuerdo. Pocos, pero hiperactivos, van por repetir la hazaña.

Si las diferentes bancadas ya están en sus marcas para iniciar el trámite de un alud de iniciativas, muchas de corte netamente populista, añádase el legítimo interés de legisladores en lo particular de responder a las expectativas de sus electores y presentar proyectos populares como recurso para posicionarse y ganar influencia y figuración, de cara las elecciones intermedias.

Y añádase, desde luego, la eventual intención deliberada de entorpecer el trabajo legislativo cuando así se requiera y saturar la congeladora con leyes no sólo inecesarias, sino aun absurdas, como consecuencia del saneamiento del Congreso y la asepsia en relación del Ejecutivo con el Legislativo.

En su afán de reelección en San Lázaro, Muñoz Ledo lo dijo de modo descarnado:

“Este año terminamos con los moches y el indebido reparto de curules y de comisiones. Estamos corrigiendo y saneando una cámara que estaba absolutamente podrida. Algunos quieren volver a la podredumbre porque les gusta el dinero, la prebenda y los juegos. Se repartieron la cámara como si fueran bolillos”.

Aurelio Ramos Méndez

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