Si queremos gozar la paz,
debemos velar bien las armas;
si deponemos las armas,
no tendremos jamás paz.
Cicerón

La semana pasada Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sufrió un atentado por parte del CJNG, según acusó el propio Secretario. En el ataque se utilizaron armas largas, granadas de fragmentación y fusiles Barret, todos de exclusivo del ejército.

En 2019, sólo en lo relativo a homicidio, lesiones y feminicidio, fueron cometidos con arma de fuego 32,012 delitos y 12,888 de enero a mayo de 2020. A esta última cifra hay que sumar a las tres personas que perdieron la vida en el atentado contra el SSC y los aproximadamente 87 delitos que de esta naturaleza se cometen a diario y que lamentablemente hemos normalizado como parte de un entorno que nunca será el natural.

Todo ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos puede obtener una licencia para poseer y/o portar un arma de fuego (pistolas y revólveres de calibre menor a .38), siempre y cuando no sea de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Algunos de esos requisitos son tener un modo honesto de vivir; no haber sido condenado por delito cometido con armas; no consumir drogas, enervantes o psicotrópicos y acreditar la necesidad de portar armas. Así las cosas, un muy buen número de personas podríamos adquirir lícitamente un arma y, sin embargo, no lo hacemos.

Por el contrario, el año pasado se registraron sólo 195 licencias de portación de armas de fuego, aunque de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, anualmente ingresan de forma ilegal más de 200 mil armas de fuego al país, de las que el 70% son provenientes de EUA.

Con esa apabullante cifra, es clarísimo que el uso de armas de fuego en México es patrocinado impunemente por la generación de un mercado ilegal que emerge de los EUA, al que quizás algunas personas en nuestro país acuden en busca de mecanismos de seguridad y defensa, pero del que mayormente se sirven otras que las utilizan para delinquir y que, además de los delitos de armas prohibidas, portación y quizás disparo, ciertamente son más que útiles para desencadenar la comisión de otros delitos de mayor impacto, como el de privación de la vida.

Ahora que México, después de 10 años de estar en la banca, fue seleccionado como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene la oportunidad de contribuir con un incesante posicionamiento contra el flujo ilegal de armas a nuestro país. El Consejo es el órgano encargado de mantener la paz y seguridad internacionales y una de sus funciones es determinar si existe una amenaza a la paz y recomendar qué medidas se deben adoptar. Podemos comenzar señalando la responsabilidad del gobierno norteamericano y exigir que actúen en consecuencia.

El momento no puede ser más propicio y la necesidad más grande. Así como Trump exige a AMLO medidas contra la migración ilegal hacia los EUA, uno de los temas bilaterales en los que nuestro presidente debe asumir una postura firme es en la relativa al tráfico de armas procedentes de aquél país. Trump acusa con la subjetividad y carencia de argumentos que le caracterizan, que nuestros connacionales son responsables de miles de delitos en su país, de acaparar empleos y de no sé cuántos infortunios más. La abrazadora respuesta (con z), de sumisión o guiños a su homólogo supremacista ni se corresponde con la que él nos da en otras materias, ni es para nada útil para contener o disminuir la comisión delictiva que hoy nos asfixia.

@capastranac

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM