El pasado lunes 24 de agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) cambiaron los lineamientos de vigilancia epidemiológica para el COVID-19 por unos que resultan muy parecidos a los nuestros: las personas asintomáticas no necesitan una prueba de diagnóstico.

Inmediatamente la comunidad científica y médica estadounidense explotó en críticas y reclamos. La mayoría de los expertos en salud pública calificaron la modificación de irresponsable y “potencialmente peligrosa”, especialmente ahora que hay un consenso casi universal (que nuestro doctor Gatell no suscribe) acerca de los beneficios de realizar más pruebas, de manera más frecuente y generalizada para poder alcanzar a los sectores más marginados de la población.

Las protestas alcanzaron tal magnitud que, a los tres días de la modificación, Robert Redfield, director de las CDC, intentó aclarar que las recomendaciones seguían siendo las mismas y la Casa Blanca anunció que invertiría 750 millones de dólares en la compra de 150 millones de pruebas rápidas de diagnóstico.

¿Por qué actuaron de manera tan errática las autoridades de Estados Unidos? La respuesta más sencilla es Donald Trump. En plena contienda electoral, Trump busca mejorar sus posibilidades de reelegirse disminuyendo la cantidad de pruebas para dar la impresión de que los contagios van a la baja (aunque el resultado sea poner en riesgo la vida y la salud de millones de personas).

El control de una pandemia involucra una serie muy amplia de habilidades que pueden ser un indicador de buen o mal gobierno.

Hay naciones que cometieron graves errores en el manejo de la emergencia: China se esforzó más en esconder el virus que en contenerlo, Italia se tardó en implementar la cuarentena, España, Francia, Suecia y Reino Unido minimizaron la amenaza.

Todos estos países aprendieron de sus equivocaciones y las corrigieron. En contraste, en México las autoridades parecen están aferradas a no realizar ningún cambio, aún cuando el fracaso está demostrado.

El 22 de agosto alcanzamos las 60 mil defunciones oficiales. Un escenario que el mismo Dr. Gatell había calificado como “muy catastrófico”. La respuesta por parte del gobierno fue decir que vamos muy bien y que contar a los muertos es amarillismo.

Dos días después de que llegamos a la catástrofe, el titular del ejecutivo dijo: “Hay cosas inocultables, desgraciadamente no se pueden ocultar los fallecidos...”

Y efectivamente, nuestros muertos ahí estarán: como una muestra del fracaso de una estrategia que el gobierno nunca quiso reconocer.