Opinión


Lo que ocurre en Guanajuato

Lo que ocurre en Guanajuato | La Crónica de Hoy

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se encuentra en una severa encrucijada de cuya resolución (o no) dependerá no sólo el destino de su administración, sino, en buena medida, la posibilidad de que el Partido Acción Nacional sea derrotado en las elecciones de 2024, por primera vez desde 1991 en que llegó al poder Ejecutivo de Guanajuato.

La cuestión es grave: entre enero y agosto del 2019 se han perpetrado en la entidad casi 2 mil 300 homicidios dolosos; cifra que tiene al estado como el de mayor número absoluto, y también como líder indiscutible en homicidios dolosos por disparo de arma de fuego.

Lantia Consultores, que dirige Eduardo Guerrero, documentó que, sólo en el mes de agosto, en Guanajuato se cometieron alrededor de 300 ejecuciones vinculadas al crimen organizado, una cifra que se aproxima sin duda al récord mensual histórico para cualquier entidad de la República.

La entidad terminó de colocarse en el ojo del huracán, luego de que el día martes, 24 de septiembre, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, solicitara la desaparición de poderes en esa entidad, pero también en Tamaulipas, como respuesta a la propuesta que hiciera en el mismo sentido el Grupo Parlamentario del PAN, para el estado de Veracruz.

La primera respuesta que dio Rodríguez Vallejo resultó una baladronada: “No tienen idea de lo que los guanajuatenses somos capaces, no conocen la historia”, dijo en tono retador. Después, los medios de comunicación recogieron declaraciones suyas en el sentido de que en realidad tiene una excelente relación personal con el presidente López Obrador.

Pese lo anterior, se generó en Guanajuato una rápida estrategia del PAN para posicionar en redes sociales, utilizando granjas de “bots” y granjas de cuentas en Twitter, la etiqueta #YoConMiGobernador, destacando algunos supuestos logros del panismo en la entidad que, dicho sea de paso, si ésos son los más relevantes, la entidad definitivamente está en problemas serios.

Lo que es un hecho es que Guanajuato vive la peor crisis de inseguridad pública en su historia. Y los responsables de esa situación tienen nombre y apellido. Porque si bien es cierto que la persecución de la delincuencia organizada es responsabilidad principal de la autoridad federal, también es cierto que la coordinación y la corresponsabilidad son ineludibles.

Lo anterior cobra mayor sentido si se considera que el actual fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, lleva ocho años en el cargo, cargando ya con más de 8 mil cadáveres, así como el secretario de Seguridad Pública, quien lleva siete años en el puesto. Ambos fueron ratificados por órdenes del gobernador al Congreso del estado, donde las y los legisladores del PAN aceptaron dócilmente la instrucción.

No queda claro cómo, con dos personajes que se supone cuentan con toda la experiencia del mundo en seguridad y procuración de justicia, pudo construirse en sus narices un cártel local, dedicado al robo de combustibles, —el —“Cártel de Santa Rosa de Lima”, que al parecer tiene cooptadas a varias autoridades municipales y que cuenta además con recursos y capacidad de fuego para hacer frente al otro cártel que ya se posicionó en la entidad, y que es nada menos que el denominado “Cártel Jalisco Nueva Generación”.

No hay registro de ningún fiscal general ni de otro secretario de Seguridad Pública que, habiendo tenido tan lamentables resultados, no sólo no sean despedidos, sino que además fueron ratificados en el cargo, el primero por ocho años más y el segundo de manera indeterminada.

En cualquier lugar del mundo ambos personajes ya estarían siendo investigados por las autoridades federales, si no por posible complicidad con los delincuentes, al menos sí por omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades: más de 8 mil asesinatos en la última década lo justificarían.

El gobernador Rodríguez Vallejo tiene que ejercer la autocrítica; reconocer que su primer año de gobierno ha sido un desastre; que su Gabinete está caracterizado por una mediocridad sin medida; y que no puede continuar un día más con ese aparato de seguridad pública.

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