Cultura


Los bibliotecarios en municipios son elegidos mediante favoritismo político

Propuesta. Proponen reformar la Ley General de Bibliotecas para que los bibliotecarios sean personas con escolaridad mínima de bachillerato. La mayoría no conoce el trabajo y se gastan millones de pesos en capacitarlos, para que en tres años dejen el puesto

Los bibliotecarios en municipios son elegidos mediante favoritismo político | La Crónica de Hoy

El foro Reforma a la Ley General de Bibliotecas se llevó a cabo ayer en la Biblioteca de México.

La contratación de bibliotecarios por favoritismo político en los municipios del país ha generado que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas —perteneciente a la Secretaría de Cultura— no ofrezca un buen servicio y que los estados inviertan millones de pesos en capacitar a bibliotecarios cuando éstos no permanecen más de tres años en su puesto de trabajo.

Ésa fue la queja que externaron los 32 coordinadores estatales de dicha red a Marx Arriaga, encargado de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), durante el foro Reforma a la Ley General de Bibliotecas, celebrado ayer en la Biblioteca de México.

Al evento también acudieron diputados, senadores y representantes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), quienes acordaron perfilar las siguientes reformas: sugerir la contratación de personal con estudios de bachillerato, darle atribuciones a la DGB para que reciba el depósito legal bibliográfico y generar un catálogo en línea.

Otros puntos consensuados fueron: incluir en la Ley la definición de Biblioteca Central, es decir, la unión de la Biblioteca Vasconcelos y la Biblioteca de México; crear una clasificación de bibliotecas e inscribir a todas las bibliotecas del país en un Sistema Nacional de Bibliotecas para generar un mapeo y homogeneizar los catálogos.

¿Ya hay un borrador de reforma de Ley?, se le preguntó a Marx Arriaga. “No hay uno solo, hay muchos. Tenemos uno muy avanzado en versiones finales pero necesitábamos dialogar más con los estados y hacer diagnóstico de campo. No sabemos quién presentará la reforma de Ley porque afecta a más personas, implica hablar aún con las universidades”, respondió.

Arriaga agregó que las reformas acordadas en el foro no tendrán salida este 2019, ya que falta hablar con las universidades y continuar el recorrido de biblioteca por biblioteca.

¿Se busca que en las reformas aparezcan las funciones de la Biblioteca Central?, se le cuestionó. “Sí, sus funciones tienen que ir en parte del reglamento de la Ley General de Bibliotecas. El término aparecería en esa Ley, ahí diría que la Biblioteca Central cuenta con la sede A (Biblioteca Vasconcelos) y la sede B (Biblioteca de México)”, detalló.

MÁS ATRIBUCIONES. Uno de los temas que se discutió en el foro fue el tipo de perfil y la permanencia de los bibliotecarios contratados para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Francisco Ciceña, coordinador de la red estatal de Durango, señaló que como sucede en todos los estados, el personal está sujetos a los cambios administrativos de cada trienio o a los caprichos del alcalde en turno.

“He tenido casos donde el proceso de selección de un bibliotecario es si fue reina de las fiestas del pueblo, si fue organizador de eventos para el alcalde, es decir, cosas ajenas a lo que es un prestador de servicios. Se gastan miles de pesos cada año en capacitar y eso se convierte en un ciclo sin fin porque, al final de cuentas, en tres años nos quedamos en la nada y otra vez hay que capacitar al personal”, dijo.

¿Cuánto dinero ha gastado Durango en capacitación?, se le preguntó al funcionario. “El año pasado 250 mil pesos, en lo que va de 2019, 40 mil pesos que nos repercute negativamente”, expresó.

Francisco Ciceña agregó que nunca es una cifra estable, “es un vaivén porque cuando no tenemos un recurso etiquetado, lo que hacemos es que todos los requerimientos de un curso lo repartimos con diferentes patrocinadores como sucedió este año que nos apoya una universidad, empresarios y las secretarías, para no dejar en blanco la capacitación”.

Otros problemas expresados fueron “¿de qué sirve la capacitación sin la permanencia de bibliotecarios?”, “no se puede contratar a universitarios porque el sueldo es simbólico, en algunos lugares, es de 500 pesos” y “es por la falta de un mejor sueldo que pedimos un perfil que cubra el bachillerato”.

Marx Arriaga añadió otras observaciones: que la Ley General de Bibliotecas no menciona el papel que cumple el bibliotecario y los usuarios, ni sus obligaciones y derechos.

“Se puede resolver si hacemos varias cosas. La primera, que la Ley diga que haya leyes estatales y que la Ley tenga un reglamento y que esas leyes estatales también generen un reglamento”, señaló.

La segunda solución es otorgarle una atribución más a la DGB. “Que la DGB certifique a los bibliotecarios como técnicos en bibliotecas públicas. Que sea la encargada de dar una formación no de bibliotecólogo pero sino de las necesidades que se requieren en las bibliotecas”.

Una propuesta más de Arriaga, que la diputada de Morena, Juanita Guerra Mena se comprometió a plantear en el Congreso, es que el depósito legal agregue dos ejemplares más.

“Cada año perdemos el patrimonio bibliográfico porque no hay un espacio donde se resguarde, la UNAM señala que no tiene el presupuesto ni la infraestructura para asumir esa responsabilidad, las cámaras también señalan algo parecido. Pero hay un sistema que sí pudiera apoyar a este acopio de bibliografía nacional y es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas”, externó Arriaga.

La DGB, indicó, cuenta en el espacio para albergar el depósito legal y eso generaría la descentralización del patrimonio bibliográfico.

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