La pandemia y la crisis económica del 2020 demostraron que en un mundo globalizado la acción del Estado todavía es indispensable para lograr las finalidades básicas colectivas. El mercado es necesario, pero no suficiente para promover el desarrollo sustentable e incluyente en las sociedades.

Los rezagos en la gestión de lo público se hicieron evidentes en la salud, la reactivación económica y la mitigación de la desigualdad social. Muchos sistemas hospitalarios colapsaron ante la imposibilidad de que las redes privadas médicas y de seguros atendieran a los millones de contagiados, así como por la falta de inversión en la infraestructura y renovación de equipamiento en las instituciones gubernamentales. En México, más de un millón de empresas quebró y la pobreza laboral creció.

En estas condiciones, lo público recuperó relevancia y se revaloró ante los ojos de los ciudadanos la necesaria intervención estatal en la protección de las personas frente a las calamidades, a la desigualdad del ingreso, al uso de los bienes públicos y a la equidad en la distribución del presupuesto.

Sin embargo, a diferencia de la década pérdida de los ochenta del siglo pasado, las vicisitudes del XXI, que iniciaron en el 2008 con la quiebra del sistema financiero internacional por la excesiva confianza en la auto regulación de los mercados, hoy pocas voces en el mundo para superarlas recurren a los extremos: la libertad amplísima de los mercados o regresar al estatismo nacionalista o a los gobiernos todopoderosos.

Francisco Longo, uno de los impulsores de la innovación de la gestión pública, compara a los gobiernos con tendencia burocrática imperantes en el siglo pasado con un elefante que en la sabana mira a la distancia la competencia por la sobrevivencia con la comodidad que le concede su tamaño y posición monopólica respecto a los bienes y servicios públicos. Esta situación lo hacía poco propenso al cambio disruptivo y a la búsqueda espontánea de la mejora.

El escenario cambió. La pérdida de legitimidad de los gobiernos tradicionales, excesivamente ideológicos, el achicamiento del mundo que permitió una mayor comparación entre un buen gobierno y uno malo y el advenimiento de la era exponencial han sido las causas de que en las últimas tres décadas la cultura del elefante se abandonara y se sustituyera por una que promueve la innovación, la relación de las entidades públicas con las tecnologías de la información y la comunicación, así como la combinación entre lo público y lo privado.

Los gobiernos impulsaron procesos de reorganización, profesionalización, atracción del talento joven, descentralización y, en general, innovación, pero los efectos de estas acciones no son inmediatos y directos y lo que propició que se volviera la mentalidad de elefante con los populismos de derecha e izquierda. En México, el abandono de las estrategias de modernización administrativa se concretó con una austeridad anoréxica que ha disminuido la eficacia y eficiencia del aparato gubernamental, que se ha reflejado en un daño a la sociedad.

Un ejemplo, es la disminución del grado de seguridad de la aeronáutica mexicana emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que le pega a una industria que estaba en recuperación después de la crisis económica. Ante esta sanción las preguntas son ¿Cómo afectaron la reducción presupuestal, las reestructuraciones draconianas y el cambio del titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes el desempeño de la Dirección General de Aeronáutica Civil? La reducción del gasto público en áreas sensibles seguramente provocó la insuficiencia en la supervisión por la falta de dinero y personal calificado, el retraso en las acciones de revisión de los estándares de seguridad. Las consecuencias negativas ahora están a la vista y el recorte presupuestal en lo supuestamente superfluo cobró la factura a la industria aérea.

Para la mentalidad de elefante, la inversión en innovación no es políticamente redituable porque sus beneficios se reflejan uno o dos periodos políticos después de su implantación. Los gobernantes o los candidatos privilegian la asignación de recursos a programas que impactan en el bolsillo de los votantes aunque no sean efectivos en el combate a la desigualdad, ni distribuyan equitativamente el presupuesto. El costo de la cancelación del gasto para la profesionalización, la automatización de procesos y la atracción de talento joven en el mediano y largo plazo es alto.

La renuncia a la innovación por razones de ahorro presupuestal reduce la capacidad de respuesta de las entidades públicas en un momento en que la ciudadanía en el mundo revalora el papel de la acción estatal con una combinación equilibrada entre lo público y lo privado y un compromiso con la digitalización. La miopía de confundir la exigencia social de limitar el comportamiento egoísta de los mercados con un estatismo trasnochado conduce al regreso de los gobiernos burocráticas e ineficientes.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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