La línea dura contra la inmigración ilegal, puesta en práctica por la administración de Donald Trump, sin duda inspira temor y hasta pánico en quienes intentan entrar a Estados Unidos sin documentos, pero a la vez ha inspirado y beneficiado de gran manera a empresarios privados que sacan provecho de ellos, firmando  contratos millonarios con el gobierno para proveerle desde centros de detención y monitores eléctricos, hasta vuelos privados para los deportados. Es toda una industria.

Muchos se imaginan que la detención en la frontera de las personas indocumentadas es una función estrictamente gubernamental, pero en su mayoría es llevada a cabo por empresas privadas que brindan servicios con jugosas ganancias y que van desde préstamos financieros, con altas tasas de interés para quienes pueden salir bajo fianza, hasta servicios de salud y primeros auxilios, alimentos y transferencia de fondos desde el extranjero.

Compañías de gran prestigio no se quedan atrás. Empleados de Microsoft, el gigante en tecnología, se han quejado públicamente de la asociación que la empresa tiene con el servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, mientras que una subdivisión de la agencia de noticias Thomson Reuters ganó un contrato con el gobierno de 6.8 millones de dólares para ayudar en “localizar y arrestar delincuentes que representen una amenaza para el público”.

Llama la atención en particular el negocio de los centros de detención privados manejados por dos compañías, CoreCivic y GEO Group, para quienes el aumento de las caravas de centroamericanos es lo mejor que podía haberles sucedido.

Sus acciones en la bolsa de valores subieron 137 y 98 por ciento respectivamente un mes después de que Trump tomó posesión. Y es que ellos se encargan de los albergues carcelarios donde quienes buscan asilo esperan su cita. Inmigrantes que han logrado salir de ahí, hablan de malos tratos, alimentos incomibles, indiferencia hacia los enfermos y brutalidad en general.

Se estima que en los últimos meses al menos unos 12 mil 800 niños y adolescentes de los que llegan a la frontera solos, han estado detenidos en cerca de cien de esos centros privados pagados por el gobierno y localizados a todo lo largo del país, pero principalmente en la zona colindante con México. Nuevos centros similares están planeados para abrir desde Texas hasta Minnesota ahora que el negocio es redondo, estimándose que anualmente al menos unos 500 mil inmigrantes, cien mil tan sólo este último mes, son detenidos a largo plazo y la mayoría terminan alojados en esos sitios.

Y es que aun cuando infinidad de personas que cruzan la frontera ilegalmente son detenidas y deportadas inmediatamente, la ley requiere protección y albergue para las familias y los menores que vienen sin adultos y para todos aquellos que dicen tener razones para pedir asilo.

La actual política de “cero tolerancia” ha obligado al Departamento de Justicia a levantar cargos penales contra todos aquellos que ingresan sin visas. Por consecuencia requiere de más centros de detención, de ahí el éxito económico de las cárceles privadas, estimándose que a ellas va a dar el 75 por ciento de todos los inmigrantes detenidos por ICE.

Durante la administración Obama se les detenía y se les dejaba libres con un monitor en el tobillo, mientras llegaba su día ante el juez. Una política conocida internacionalmente como Catch and release. Eso le costaba al gobierno cuatro dólares diarios por inmigrante, mientras que tenerlos detenidos ahora le cuesta aproximadamente cien dólares al día en cárceles municipales. Cuando son enviados a cárceles privadas se estima que el gobierno paga 150 dólares por cada uno, incluyendo niños.

Nadie sabe exactamente qué reciben los inmigrantes detenidos por esa tarifa pagada por el erario, porque a las empresas privadas no se les exige la misma trasparencia que al gobierno. También es casi imposible saber lo que pasa adentro. Lo que sí se sabe es que esos centros particulares emplean menos guardias y no gastan dinero en entrenarlos. Limitan la atención médica y las facilidades higiénicas y difícilmente les dan a los menores, acceso a algún tipo de escuela.

A legisladores que han intentado visitar sorpresivamente esos centros de detención privados, no se les ha permitido la entrada. Las visitas requieren hacer cita dos semanas antes. Mientras que las ganancias que los inmigrantes están dejando a esta floreciente industria, son las más grandes de los últimos diez años, según el reporte dado a los accionistas.

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