La quincena ha sido pletórica de noticias. Culiacán es el hoyo negro de la política. No deja que nada se informe, que nada resalte. Luego, sucedió lo inevitable, la mañanera se convirtió en una batalla campal en la que todos se arrebataban la palabra y se reclamaban mutuamente agravios pasados y presentes, salpicada con frases históricas ofensivas.

En el primer minuto del día de los muertos, tomó posesión un gobernador que viola el Estado de derecho flagrantemente con la presencia de un representante del presidente de la República, César Yáñez, y la Secretaria de Gobernación, (AFN, 31-10-19) en un claro espaldarazo a un experimento de un proyecto reeleccionista de clóset. La prensa distraída con las historias contradictorias.

En el Senado, se aplaza la discusión de la reforma a la Ley General de Salud que desaparece el fondo para gastos catastróficos con el que se financia, por ejemplo, la atención de niños que padecen cáncer y la creación del INSABI. Los periodistas indignados porque el presidente los acusó de ser desleales con quien les quitó el bozal, que en su imaginación fue él.

El Senador mexicano-canadiense Napoleón Gómez Urrutia propone criminalizar la subcontratación laboral, que se perdone a los denunciantes que colaboraron con las empresas evasoras del pago de cuotas obrero-patronales y que se constituya un Registro Nacional de las empresas dedicadas a las actividades de subcontratación. Los medios de comunicación entretenidos en reconstruir la negociación para la liberación del “chapito”.

En el Senado se reúnen el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, el fiscal general, el presidente del tribunal electoral y el presidente de la Junta de Coordinación de la Política para presentar una iniciativa de reforma profunda del Poder Judicial de la Federación. Los comentaristas políticos ocupados en justificar o condenar las inconsistencias (mentiras) de la comunicación social de la presidencia de la República.

Lo que pasó en Culiacán ha dejado muchos damnificados, entre ellos a las fuerzas armadas, la policía y la población, y ha puesto al descubierto muchas áreas de oportunidad y de mejora del gobierno. La más necesitada de una reestructuración urgente por los errores, vacíos y descoordinación en que se ha incurrido es la política de comunicación social, que ha rasgado la investidura presidencial.

En este punto hay que distinguir entre la persona que ocupa la presidencia y la institución presidencial que representa al pueblo y que es la máxima expresión del poder social debido a que es el único cargo electo en forma directa y universal por todos los ciudadanos que votan.

La investidura presidencial es lo que provoca que a la persona que ocupa el cargo se le trate con especial deferencia y se le reciba con solemnidad en los actos públicos oficiales. La lealtad de las fuerzas armadas, la obediencia de la administración pública y, la disposición de los sectores privado y social para colaborar con el gobierno, así como, de los poderes legislativo y judicial y órganos constitucionales autónomos para coordinarse provienen del reconocimiento a la institucionalidad y unidad nacional que representa el presidente.

Lo grave de lo sucedido en la mañanera del jueves es que el respeto a la investidura del presidente se perdió por momentos, que no es consecuencia de lo que sucedió en Culiacán. Aún aceptando de buena fe que el operativo fue un error táctico dentro de una buena estrategia y que la entrega del “chapito” fue una decisión correcta, lo cuestionable es el silencio informativo que lo precedió.

En ese sentido, la falta de respeto al presidente como institución, no al individuo, tiene raíces más profundas no es circunstancial, ni promovida por alguien. Es producto de una acumulación de factores.

El primero es el conteo de mentiras e imprecisiones que la prensa hace en las mañaneras. Algún medio de comunicación afirma que son más de mil quinientas, un promedio de tres por conferencia de prensa.

El segundo es el abuso de las salidas tangenciales a las preguntas y el uso de la frase “yo tengo otros datos” que ya se convirtió en una referencia burlona en las conversaciones cotidianas.

El tercero es la constante descalificación a quienes no coinciden con las acciones del gobierno o se atreven a criticarlas y la división que genera este discurso es equivocado cuando acusa a cualquiera de fifí, neoliberal, conservador o adversario.

El cuarto es el empleo falaz de la historia confundiendo los hechos y sus consecuencias para justificar ataques directos a los empresarios, prensa, investigadores, administradores públicos, gobernadores, presidentes municipales y un largo etcétera.

Entonces, no extraña que en una mañanera los jirones de la investidura presidencial volaran en medio de una descontrolada conferencia de prensa. Ahora, esperemos que la reacción no sea retirar acreditaciones a los medios de comunicación y haya conciencia que lo importante es la institución y no un caudillo.

Investigador y docente de la Universidad Anáhuac de México

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