Opinión


Los jueces: garantía democrática

Los jueces: garantía democrática | La Crónica de Hoy

En el Estado Constitucional de Derecho, los jueces son el garante objetivo de la democracia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el órgano directamente competente para proteger los derechos político-electorales, pero el resto de los jueces con sus sentencias y suspensiones provisionales o definitivas en defensa de los derechos fundamentales son los responsables de generar la confianza en las autoridades electas democráticamente.

Las formas de designaciones de cualquier juez, que no son por elección directa, universal y secreta, no le restan legitimidad. La misión de los jueces es limitar el poder de la mayoría para que ésta no sea autoritaria y esencial en el mantenimiento de la democracia representativa, participativa y plural.

El profesionalismo y objetividad del juzgador, designado en atención a sus méritos y conocimientos jurídicos, es un pilar de la convivencia democrática. Esto es lo único que genera confianza y certeza en el mediano y largo plazos, que el orden jurídico se construye para el beneficio de las mayorías y las minorías políticas.

En ese sentido, como parte un liderazgo judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la nueva Presidencia debe expresar su esencia democrática y transmitir al resto del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de los juzgadores su convicción de ser una de las instituciones centrales en el fortalecimiento democrático de nuestro país. Es su obligación mandar mensajes, en sus sentencias, de que la violación abierta de la Constitución alegando honestidad, buenas intenciones, eficiencia o fuerza política mayoritaria debe ser combatida, a pesar de que dicho desvío tenga popularidad o aceptación entre los medios de comunicación.

La consolidación del nuevo paradigma constitucional, que se ha construido con las tesis jurisprudenciales de la Novena y Décima épocas y la reforma constitucional de los derechos humanos y el juicio de amparo del 2011, debe reflejarse cotidianamente en los argumentos de los jueces. La posición de ­preeminencia que la Constitución les otorga, especialmente a la Suprema Corte, debe ser ratificada en cada uno de los debates de sus sesiones en Pleno y en Salas y en las sesiones de los tribunales. El respeto a los derechos humanos en los términos más amplios en favor de la persona debe ser una consigna que se convierta en paradigma de actuación.

Esta forma de abordar la interpretación del derecho debe ser para todos aquellos que participan, directa o indirectamente, en los procesos de administración de justicia, un referente de comportamiento obligado y fuente de dignidad de su actuación. La Suprema Corte, en este escenario, juega el papel principal y esto la obliga, para el futuro inmediato, a mantener el liderazgo judicial con sentencias y criterios que privilegien la protección y promoción de los derechos humanos.

La presencia de los jueces en la democratización política y social de los últimos años ha sido significativa, pero es indispensable ocupar mayor número de espacios para la divulgación de las sentencias y recurrir al lenguaje ciudadano para llegar con más fuerza a las nuevas generaciones de jueces, abogados y justiciables. Hay que emplear formatos más abiertos, flexibles y accesibles a la población.

El liderazgo de la Suprema Corte es incuestionable. La nueva Presidencia debe visualizarlo e impulsar el ejercicio pleno de la autonomía del resto de los órganos jurisdiccionales y administrativos. La convicción de ser una pieza fundamental en la vida democrática como límite objetivo del poder es un aspecto insoslayable. El debate público, la contundencia y claridad de las sentencias y los criterios son su principal instrumento. La participación en publicaciones, foros, seminarios, congresos, entre otros, es un elemento auxiliar a esta labor que es necesario fomentar y hacer un compromiso colectivo para que, con la fuerza de las ideas y del derecho, se legitime la democracia y el poder despótico y oportunista sea desterrado.

Los funcionarios electos y jueces es un binomio inseparable para el éxito de una institución pública. Los primeros aportan la voluntad mayoritaria y la representación de las minorías. Los segundos contribuyen con la certeza de que, en cualquier circunstancia, el derecho será el límite legítimo a los excesos bien o mal intencionados del poder.

El principio mayoritario, en su búsqueda por la efectividad política, es insuficiente y cruel para respetar los derechos de las minorías, y los jueces son los responsables de lograr el equilibrio entre querer algo —por ejemplo, construir un tren— y respetar los derechos de los demás. Este equilibrio engrandece a la impartición de Justicia y, por ende, fomenta el auténtico compartimiento democrático.

 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

cmatutegonzalez@gmail.com

Facebook.com/cmatutegonzalez

Twitter: @cmatutegonzalez

www.carlosmatute.mx

 

Comentarios:

Destacado:

LO MÁS LEÍDO

+ -