Opinión


Los modelos de gestión pública: la educación y el cannabis

 Los modelos de gestión pública: la educación y el cannabis | La Crónica de Hoy

La reforma constitucional en materia educativa, publicada el 15 de mayo de 2019, enriquece ideológicamente los contenidos de la que garantiza el Estado (en todos los niveles) y los particulares que imparten la inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, mediante la inclusión de valores como el respeto a la naturaleza, las libertades y cultura de paz, un enfoque de derechos humanos e igualdad sustancial, la mejora continua en el proceso de enseñanza (uno de los elementos de la calidad), la orientación a la transformación social e integral, una perspectiva de género y el rescate a la realidad plurilingüística de nuestro país.

También amplía la posibilidad de acceso a la educación impartida directamente por el Estado que deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, con las limitaciones financieras (el gasto en educación sólo representa un poco más del 3% del PIB, pero el 13 % del presupuesto) y la capacidad administrativa instalada, es decir, el margen para aumentar los recursos destinados al sector, sin un crecimiento de impuestos o deuda se ve un poco menos que imposible.

Este anhelo constitucional —que es correcto en la lógica de un ideal social— requiere de años de esfuerzo y organización para lograr la cobertura total en educación inicial, media superior y superior. Como si fuera poco el compromiso económico que asume el sector público, además el Estado se obliga a garantizar que “los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación”.

Asimismo, las iniciativas de leyes para la legalización de la cannabis presentadas en el Senado que autorizan el autoconsumo, la creación de cooperativas de consumo y su producción, comercialización, distribución y venta están en proceso de dictamen y, en su caso, aprobación.

Ambos temas tiene un denominador común. La necesidad de conformar y operar un modelo de gestión pública que sea eficaz, eficiente y económico para la consecución de los fines que se proponen en una circunstancia de escasez de recursos.

En materia educativa, se mantiene la rectoría del Estado, el esquema de con­currencia federal con la rectoría de la instancia central y operación estatal y se transforma el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) en un organismo público descentralizado no sectorizado para la Mejora de la educación continua, que será la instancia coordinadora del sistema nacional.

Hay que señalar tres cambios: uno de nombre y orientación ideológica, otro de ampliación de las facultades y uno más estructural del nuevo organismo. El modelo posee un fuerte componente de descentralización política-administrativa.

La autonomía que gozaba el INEE, formalmente, la conserva el nuevo organismo, toda vez que los miembros de la junta directiva (antes de gobierno) serán electos por el Senado y serán inamovibles en el cargo por siete años salvo falta grave que amerite una responsabilidad administrativa. Incluso se puede afirmar que, por una parte, la autonomía es mayor actualmente, ya que en el nombramiento no interviene el Presidente de la República y, por otra, es inferior su independencia por dejar de ser presupuestalmente un ramo autónomo.

El nuevo organismo asume funciones de coordinación en la materia e interviene, sin fuerza vinculante, en la elaboración de planes y programas, así como en las estrategias de la impartición y garantía de la educación.

Finalmente, se añade un consejo técnico, electo por el Senado, y otro ciudadano con la representación de los actores involucrados en el proceso educativo. Estos dos órganos añaden autonomía a la operación del organismo y, en el supuesto de que operen adecuadamente y no sean o conviertan en cotos de poder del sindicato u otros grupos, agregan transparencia y objetividad.

Por otra parte, en materia de la supervisión del “mercado” derivado de la legalización del cannabis, el modelo que contiene la iniciativa presentada hace un año por la ministra en retiro Sánchez Cordero tiene como eje un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaria de Salud Federal, que otorga licencias de autorización (sic) previas para llevar a cabo casi la totalidad de las actividades regulables y los estados sólo participan en la autorización y supervisión de los lugares de venta al público.

El modelo de gestión condiciona. En materia educativa, se aprovecharon los avances y estructura del INEE, incluso con el respeto a los derechos laborales, y aunque este órgano autónomo constitucional sufriera un fuerte ataque ideológico, se conserva la autonomía como principio, acotada presupuestalmente.

En cambio, en el control del cannabis se pretende hacer a un lado la experiencia y estructura de la Cofepris y crear un órgano nuevo que realizaría básicamente las mismas facultades otorgadas al existente. No se parece al modelo uruguayo que descentraliza la gestión en una entidad NO estatal.

Primera lección, la autonomía formal se determina por las leyes, no por el nombre o el discurso y segunda, el modelo de gestión sí importa y estos son anuncios de  que todavía falta mucho por discutir en el tema de la cannabis.

 

 

 

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