El argumento de las empresas para evitar cumplir con obligaciones laborales con los conductores es el mismo allá, en Estados Unidos, y acá en México: “somos compañías tecnológicas cuya actividad es vincular a los usuarios con los dueños de los vehículos que prestan el servicio y no somos transportistas”. Este razonamiento fue desestimado por el juzgador porque no pasa la prueba mínima de la realidad de la operación económica en la que UBER y Lyft obtienen cuantiosas ganancias con el producto del trabajo de los conductores y es contrario al sentido común.

En nuestro país, el razonamiento del juez ha sido parte de la legislación laboral casi cien años. La relación laboral existe cuando hay subordinación en la prestación de un servicio personal y el pago de una retribución por éste, que se llama salario. La dificultad para que haya justicia laboral son las pruebas que deben aportarse en un procedimiento formal para demostrar la subordinación y las consecuencias económicas posteriores a que se obtuvo un laudo favorable.

La distinción entre mercado formal e informal de trabajo tiene su origen en el orden jurídico, no en la realidad económica, que pone en condiciones de desigualdad a quienes deben prestar un servicio a cambio de un sueldo, honorario, comisión o cualquier otra denominación que reciba el pago frente a las empresas que lo realizan.

La estrategia para abatir esta desigualdad del tripartismo —que tiene su origen en las mutualidades de obreros del siglo XIX y que se fortaleció con los grandes sindicatos organizados en federaciones o confederaciones— está agotada. En México, desde los años setenta, hemos tratado de superar la barrera del 40% del trabajo formal —auténtico obstáculo— sin éxito por el fenómeno de la globalización, la concentración del capital y los beneficios de la economía a escala.

Hoy el principal reto es ¿Cómo extender la protección social en salud y pensiones a los grandes grupos poblacionales que no cotizan a la seguridad social por no ser trabajadores formales de un patrón? En este universo se cuenta a las trabajadoras domésticas, a los pequeños patrones, a los trabajadores de las industrias familiares, a los trabajadores del campo no asalariados, a los comerciantes informales y una larga lista, cuya densidad de cotización es bajísima.

¿Cuál es la fuerza del falaz argumento de UBER y Lyft? La mayoría de los conductores no son afectos a la idea de la sindicalización, el horario fijo y todas las consecuencias formales que implica la subordinación a un patrón. En circunstancias similares se encuentran huestes de jóvenes que ya se dieron cuenta que el modelo de vida de sus padres y abuelos es insostenible en la economía del siglo XXI.

El Estado, gobernantes, legisladores y jueces, no tienen otra respuesta que volver a las soluciones de mediados del siglo pasado. No se atreven a romper con el modelo del trabajador en la industria y comercio tradicionales y lo quieren aplicar en sociedades de servicios y con mayor impacto de la tecnología bajo el horizonte de la Cuarta Revolución Industrial.

El esquema rígido del derecho laboral se rompe y no sirve para proteger a los nuevos trabajadores del volante, repartidores de bienes y comida, el empleo a distancia y otras actividades que en las últimas décadas del siglo XX eran identificadas como vagancia o extravagancias juveniles y que ahora son auténticas profesiones que prestan un servicio que el mercado demanda y las personas consumen.

Lo más preocupante es que en el mundo está renaciendo una ideología que considera al ejercicio de la libertad y la competencia como una mera mercantilización de la vida colectiva. El Estado debe ser capaz de crear esquemas de tributación que no vayan al etéreo gasto público, sino a reservas identificadas que financien la salud y garanticen un ingreso digno a la población de jóvenes que eventualmente serán adultos mayores en dos o tres décadas.

El ISR progresivo a las personas físicas asalariadas y cautivas, así como el aumento de las cuotas de la seguridad social es un camino equivocado. No basta con declarar nuevos trabajadores a los conductores de UBER y Lyft. Los únicos que festejan son los sindicatos tradicionales que ven en esta vieja estrategia una veta nueva de cuotas.

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