Opinión


Los organismos autónomos ¿Gobierno paralelo? 

Los organismos autónomos ¿Gobierno paralelo?  | La Crónica de Hoy

Cuando el presidente López Obrador explica las razones para revisar la actuación pero, sobre todo, el presupuesto que se otorga a los organismos autónomos tiene razón: han pasado varias décadas en la operación de estas entidades y vale la pena revisar su desempeño. Hasta ahora, las revisiones y compulsas que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de la revisión de la Cuenta Pública, se han ocupado del ejercicio de sus recursos. Los auditores que responden al Poder Legislativo se ocupan en menor medida de su desempeño. No es el énfasis de la ASF y resulta comprensible. Por ello, hace falta una discusión y un debate sobre los beneficios de su actuación frente a los consumidores. En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por ejemplo, mucho se ha escrito sobre si fue la gestión de sus comisionados y expertos la que hizo posible que, por algún tiempo, los usuarios de servicios de telefonía y telecomunicaciones observáramos una reducción en nuestras facturas. O fue, acaso, la más reciente reforma al sector de las telecomunicaciones y las medidas asimétricas al actor preponderante en el sector las que lograron el cambio. ¿Qué tan eficiente ha sido el IFT en lograr que estos cambios no tengan marcha atrás? 

En la instalación de antenas de telecomunicaciones para incrementar la cobertura, por ejemplo, el IFT simplemente le ha dado la vuelta al reto de evitar que factores políticos y la corrupción frenen la expansión de una cobertura que en esta pandemia afectó a muchos consumidores. Para empezar, por ejemplo, a los niños que necesitaban conectividad en dispositivos móviles para tener acceso a clases a distancia. Aún esperamos la Norma Oficial Mexicana (NOM) para la instalación de antenas. La pregunta válida, sin embargo, es si un instituto con toda su estructura, sus comisionados, expertos y personal operativo no lo logró, una dirección, un departamento, un grupo de funcionarios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) podrá alcanzar el objetivo. Difícil y quizás sería una especie de rendición, una derrota anticipada que afectaría a los consumidores. Lo mismo sucede con la Comisión Federal de Competencia (COFECO), bajo la responsabilidad de Jana Palacios y sus comisionados. Un caso: el del oxígeno. Durante décadas – como lo demuestran los archivos y expediente de la autoridad anti monopolios – se advirtió que el mercado del oxígeno medicinal sufría de una perniciosa concentración de mercado; de un oligopolio (INFRA y PRAXAIR) que, como consta en sus investigaciones, sacó del mercado a medianos y pequeños competidores que no lograron resistir el embate de dos gigantes que mediante el control de los tanques de oxígeno hicieron valer su control en precios. Conocí el caso de pequeños competidores acusados del robo de los tanques del oligopolio que se coludió para distribuirse el mercado. La COFECO lo dijo, lo documentó y ¿qué pasó en esta pandemia? Hoy en medio del pico de contagios y de casos graves vimos cómo tuvo que intervenir el gobierno federal y la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México para que los consumidores y los enfermos tuvieron acceso al oxígeno. Es así como la competencia o la falta de ella nos demostró que nos cuesta vidas y en el caso de los niños, la educación. Los organismos autónomos no representan un gobierno paralelo sino la oportunidad de los consumidores de tener una mejor calidad de vida. Hace falta la una discusión profunda más allá del recorte al presupuesto o su direccionamiento. Hace falta pensar en los consumidores y dotarlos de las herramientas jurídicas, pero también de la rendición de cuentas frente a los consumidores. El presidente tiene razón López Obrador: ¿Qué han hecho? Sin embargo, necesitamos que lo hagan mejor. Si desaparecen el futuro será aún más sombrío. Tengo ejemplos del Instituto Nacional de Transparencia, pero será en otra columna.

 

 

Cambios en el IMSS 

 

En el IMSS, a cargo de Zoe Robledo, se siguen presentado cambios en la estructura organizacional. Resulta que David Razú, director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones renunciará en los próximos días a esa posición. La buena noticia para Razú es que recibirá un nuevo nombramiento. Resulta que el ex consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo y ex director de Participación Ciudadana de la alcaldía Miguel Hidalgo, será el nuevo directores de la Afore Siglo XXI.  Es cierto que Razú estudió economía pero el manejo de una Afore es complejo y requiere de un alto nivel de especialización. Deseamos que Razú se convierta en un buen director de una de las principales Afores del sistema nacional de retiro con cuentas individualizadas en un momento en el que, por cierto, con la nueva legislación que establece un tope en las pensiones será un reto alcanzar eficiencia en la operación de estas intermediarias. En Afore Siglo XXI, no sólo las comisiones son un reto. Los rendimientos también deben mejorar. 

 

SAT y los créditos incosteables

 

En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a cargo de David Colmenares llevaron a cavo una revisión de la actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto a la cancelación de créditos fiscales realizados por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación. La ASF confirmó que las únicas cancelaciones que se realizaron corresponden a créditos incosteables. Les cuento que la ASF revisó una muestra de 167 determinantes de créditos a cargo de funcionarios del SAT. El monto que se revisó fue de 135,907 millones de pesos.  En este universo de créditos, el SAT determinó lo que se conoce como presuntiva de ingresos – determina ingresos a partir del movimiento en cuentas bancarias – en el 86% de la muestra, es decir en 117,042 millones de pesos, el 86% de la muestra. La ASF encontró también que la Administración General de Auditoría Fiscal demoró en ejercer sus facultades de comprobación un lapso de dos a cinco años para el 61% de los casos. El dato resulta relevante porque, a diferencia de otras administraciones, en el SAT están revisando esta cuenta de créditos “incobrables” que se convirtieron en un verdadero agujero negro en donde se colocan todos los pasivos del contribuyente con la autoridad fiscalizadora. 

 

 

 

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