Es más fácil no dar el poder a ciertos hombres

que impedir que abusen de él

Romain Rolland

El próximo 6 de junio se llevará a cabo una jornada electoral muy importante y significativa por ser la más grande en la historia de nuestro país, que se traducirá en una de dos: o el mayor fortalecimiento del actual gobierno o la conquista de espacios para la oposición. Se realizará la votación de 500 diputaciones federales; 15 gubernaturas, como Baja California, Campeche, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, etc.; 1926 alcaldías; entre otros cargos más como sindicaturas y juntas municipales.

Sobra decir que es fundamental que la ciudadanía haga ejercicio de su derecho democrático por excelencia y, al mismo tiempo, cumpla con su obligación constitucional de participar en las elecciones mediante el voto directo, libre, informado, secreto e intransferible. Las dimensiones de este proceso electoral configuran un reto del mismo tamaño que en no pocas ocasiones se enturbia con actos de corrupción o delitos electorales.

Esta clase de delitos se encuentra regulada, además de en el Código Penal Federal, en la Ley General en materia de Delitos Electorales. Pueden configurarse tanto por particulares como por funcionarios electorales, candidatos o servidores públicos, o sea, prácticamente por cualquier persona y en circunstancias que muchas veces podrían tenerse por inofensivas. Por ejemplo, un particular que vote más de una vez, que pretenda votar con una credencial de elector que no le pertenece; que solicite una declaración firmada del sentido del voto del ciudadano o prometa dádivas a cambio del voto para un candidato o partido determinado.

Los servidores públicos, por su parte, pueden cometer diversos delitos relacionados con hechos de corrupción que a su vez actualizan delitos electorales, como amenazar a sus subordinados para que voten por algún candidato en particular, que en horario laboral presten su servicio o el de sus subordinados para ayudar en su campaña a un candidato; o que solicite aportaciones monetarias a sus subordinados para que contribuyan a la campaña del candidato.

Además del catálogo vasto de delitos electorales, por encima de acuerdo a la jerarquía normativa, tenemos una prohibición constitucional para realizar propaganda en cualquier comunicación social por parte de entes del poder ejecutivo, legislativo o judicial, así como de órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública, salvo que sea con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no debe contener nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Juzgue usted si esta disposición de nivel constitucional se cumple.

Desde una perspectiva estrictamente personal -como lo que usualmente se expresa en una columna de opinión- los protagonistas de esta historia son los candidatos. Con su simpatía, con su popularidad, con su poder económico o de convocatoria, pueden inducir la participación ciudadana en uno o en otro sentido, para votar o no por determinado candidato.

Desde luego, es hasta cierto punto natural que una persona que aspira a un cargo de elección popular, utilice los medios a su alcance para lograr ese propósito. Hasta ahí de acuerdo, siempre y cuando esos medios sean lícitos y, diríamos entonces que la principal obligación de un candidato, sea abogado o no de formación, es conocer qué puede y qué no hacer, precisamente para no realizar una conducta reprochable.

Lo contrario significaría, a mi entender, una de dos sopas. O el incumplimiento por incompetencia de los deberes más esenciales de cualquier persona que aspira a un encargo (conocer/saber en qué consiste la chamba) o la decidida intención de ganar a cualquier costo.

Si es usted víctima o testigo de una conducta que estime irregular de un candidato, partido o de cualquier otra persona, pregúntese si vale la pena votar por él-ella-ellos-ellas. Va un norte. Si se atreven a delinquir para conseguir el poder, ¿qué no harán una vez que lo obtengan para conservarlo o crecerlo?