La decisión de convertir a México en zona migratoria de espera para entrar a los Estados Unidos; el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur y al mismo tiempo, pero discretamente, mandar un batallón completo y unidades militares especializadas en guerrilla urbana a la frontera norte, justo donde más se trafican y asesinan migrantes, revela el grado de riesgo que advierte el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la seguridad nacional en los próximos meses.

Frente a las amenazas de Donald Trump en materia arancelaria, el presidente López Obrador condenó que Estados Unidos mezclara el tema comercial con el migratorio, pero omitió mencionar que fue su propio gobierno el que cerró otro aspecto más de la relación que durante años determinó una forma de solucionar conflictos: el de la seguridad fronteriza que durante los últimos 18 años permitió construir una vecindad cooperativa con los países de América del Norte.

Cierto, durante ese periodo, los gobiernos estadunidenses insistieron en que fuera México y sus Fuerzas Armadas, los vigilantes de su frontera sur, los guardianes en materia de terrorismo y los gatekeepers de todo tipo de amenazas para sus habitantes, pero se logró por lo menos modificar los términos y obtener ganancias en materia de intercambio tecnológico, cooperación, material, entrenamientos, equipo, participación continental y representatividad en comandos.

Para este gobierno, sin embargo, los intercambios de conocimientos, ejercicios multinacionales y  acuerdos binacionales en materia de seguridad fueron interpretados  como injerencistas y sin mediar aviso, alcanzar nuevos o redefinir conceptos de cooperación, simplemente se dictó la orden a las Fuerzas Armadas mexicanas de suspender la participación.

Un solo evento, pactado desde hace varios años, se ha permitido realizar a la Secretaría de Marina en estos meses, cuando apenas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la vinculación y el intercambio militar con Estados Unidos influía fuertemente en la relación.

El costo es la nueva “inquietud” de Estados Unidos transmitida a través de Marcelo Ebrard, que pone a la milicia y a la Guardia Nacional en peores condiciones de las que teníamos en el pasado cuando el tema de seguridad influía en toda la agenda binacional.

Las cosas se negociarán ahora con mayor presión y con un México en desventaja también en materia de seguridad.

Por eso hace unas horas apenas, al mismo tiempo que se realizaba la marcha por la dignidad en Tijuana y se desplazaban elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala, a Ciudad Hidalgo y Tapachula, Chiapas; se enviaron brigadas y unidades especializadas en guerrilla urbana y un batallón completo procedente de los regimientos 18 y 20 con sede en Tabasco y Chiapas, a Tamaulipas, frontera de México y Estados Unidos, donde se registran los peores niveles de violencia por tráfico, trata y asesinato de migrantes y por donde entrarán miles de ilegales deportados que se quedarán en territorio mexicano.

El despliegue de soldados y no guardianes, de unidades de élite y no sólo infantería a la frontera norte, revela la preocupación del gobierno de López Obrador ante un asunto de seguridad nacional e incluso exterior, que hubiera podido ser atendido mediante los canales que ya se tenían ampliamente conocidos y aceitados, o en las mesas de seguridad continental donde AMLO ni se sienta —como tampoco lo hace en el G-20— ni permite a sus comandantes acudir.

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